¿Dónde fue a parar el dinero de los ERE?
Del fondo de 647 millones, además de prejubilados, se beneficiaron empresas, bufetes, aseguradoras y sindicatos
La tarta de los ERE fraudulentos tuvo muchos comensales. La gran porción fue para los miles de trabajadores prejubilados, pero cada vez que se tramitaba un ERE pagado con el fondo público para empresas en crisis dotado con 647 millones, pequeñas porciones en forma de jugosos dividendos recalaban en bocas ajenas. Los golosos fueron las aseguradoras, consultoras, bufetes, sindicatos, intermediarios y empresas, cuyo empacho a costa de las arcas públicas fue colosal. Solo el hecho de que cobraron sus comisiones a lo largo de 10 años mitigó la indigestión y sobre todo hizo que no saltaran las alarmas del escándalo.
La juez del caso, Mercedes Alaya, ya ordenó a la Guardia Civil que detallara las comisiones y su posible ilegalidad entre las montañas ingentes de documentación que maneja. "Que investigue el conocimiento de las ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta", subrayó la magistrada sobre el supuesto enriquecimiento a costa de las arcas públicas.
Las comisiones del fondo de los ERE las cobraron a lo largo de 10 años
Las subvenciones beneficiaron a empresas que no estaban en crisis
Porque a los 647 millones presupuestados hay que sumarle el dinero gastado gracias al crédito de las aseguradoras, cantidad que ahora la Junta debe afrontar y que algunas fuentes elevan a 300 millones. Todo un quebradero de cabeza para la Consejería de Empleo. ¿Qué parte del dinero del fondo se destinó a estas elevadas comisiones y a subvencionar a empresas sin actividad económica u otras que presentaban beneficios?
De un total de 584 expedientes con ayudas públicas, 121 correspondieron a subvenciones directas a empresas, Ayuntamientos, fundaciones y asociaciones, que recibieron 65 millones según la agencia IDEA (pagadora de las ayudas).
Sin embargo, los fondos para los ERE subvencionados beneficiaron a empresas que estaban lejos de sufrir crisis alguna y necesitar un capote. ¿Cómo lograron fondos públicos para reestructurar su plantilla? Pues porque el criterio que primaba no era solo el estrictamente económico, y además de la arbitrariedad en la decisión para subvencionar un proyecto u otro, primaban decisiones políticas de apoyar a grandes y pujantes compañías con una clara intervención en el mercado, una política que ya en su día sancionó la Unión Europea.
En el otro extremo, hubo compañías beneficiadas que eran insolventes -lo que infringía la Ley de Contratos de Administraciones Públicas- o mantenían poca o nula actividad económica y cuyos fondos nunca generaron el impulso económico objeto de la ayuda. Lo cierto es que muchas de esas empresas que recibieron subvenciones directas hoy están cerradas.
Al margen de las ayudas directas, la gestión de los ERE, que supuso el grueso del dinero (cerca de 580 millones) generó unas plusvalías a ciertas compañías que vieron en las prejubilaciones el negocio redondo.
Entre las empresas destaca la consultora Vitalia, que gestionó las prejubilaciones de 60 de los 72 intrusos identificados por la Junta en su investigación interna. Vitalia perteneció -actualmente está en proceso de disolución- a un entramado de compañías de seguros que abarca Personal Life, Norton Life, Fortia (disuelta por la Generalitat), Apra Leven y Eurobank. Por esta última la Audiencia Nacional tramita desde 2003 un sumario por estafa de la directiva a los accionistas con 18 imputados, entre los que destacan Eduardo Pascual y María Vaqué.
¿Por qué con este complicado historial la Junta acepta que Vitalia ejerza de consultora e introduzca su propia aseguradora? Porque ofrece a Empleo pagar las pólizas a plazos, una ventaja que no ofrecían otras aseguradoras.
Sin embargo, esto supuso una decisión perversa y una huida hacia adelante, ya que el coste de las pólizas se recalculaba con los años y los intereses crecían como la espuma. De ahí que la deuda de la Junta con las aseguradoras sea hoy descomunal.
"Hay una póliza de 2003 que aún no está liquidada. Y al final valdrá más que ninguna", ejemplifica un abogado que gestionó ERE para Empleo. A Vitalia le sucedió en los ERE voluminosos (Faja Pirítica o Delphi) Uniter, una consultora con mejor fama pero también con altos porcentajes. Las voces que vieron irregular la falta de publicidad al otorgar esas comisiones a través de fondos públicos fueron varias. Incluso desde dentro de la propia consejería. Pero el sistema no se alteró con los años. "De 2003 a 2009 insistimos a la Junta para que se hicieran las ofertas a sobre lacrado. Y la respuesta fue en la próxima, en la próxima y en la próxima. Total, nunca se cambió", rememora Roberto Carmona, exsecretario general de la federación metalúrgica de Comisiones Obreras.
Los otros comensales de la tarta
Al margen de las consultoras que percibieron ingentes comisiones por gestionar las pólizas de los trabajadores, en el pastel de los ERE participaron bufetes de abogados (encabezados por Garrigues y Estudio Jurídico Villasís). Los letrados facturaron abultadas minutas por las gestiones realizadas para las empresas y las asociaciones de trabajadores, pero que a menudo pagaba la Junta. Si Garrigues dio en la diana con el ERE de Santana, Estudio Jurídico Villasís acertó de pleno con el ERE de la Faja Pirítica. De momento, nadie pone el cascabel al gato y fija la cantidad que estos agentes externos recibieron de la Junta durante una década. Pero no cabe duda de que supera con creces los 10 millones percibidos por los llamados intrusos.
Junto a los abogados, cuyas facturas también abonaron a veces las consultoras, estas pagaron porcentajes de hasta el 5% a los intermediarios por lograr acuerdos entre la empresa y los sindicatos. Estos últimos también percibieron una pertinente comisión del 1%, al menos en grandes expedientes como Delphi. Era un sistema vicioso porque todos los implicados ganaban dividendos a costa de la Administración. Incluso las empresas solventes, que despedían trabajadores y no asumían los costes de dichos despidos, y a cambio contrataban mano de obra joven y barata.
En manos de la juez está ahora determinar el destino de hasta el último céntimo que no se destinó a las pólizas de los prejubilados. A través de la documentación que debe analizar la Guardia Civil y los interrogatorios a los protagonistas del festín monetario.
Entre los interrogatorios pendientes destaca el de Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, que manejó cifras astronómicas durante 10 años. "Su ventaja era que aplazaba pagos y daba vidilla. Siempre quería vendernos que era muy cercano al PSOE", relata un sindicalista que pide el anonimato.
Tras unos años en los que logró ser el consultor de casi todos los ERE con ayudas públicas tramitados en Andalucía, poco a poco Vitalia fue perdiendo mercado con la Junta mientras la consultora Uniter ganaba cuota. En este perfil hay un dato sorprendente: después de años reclamando sin éxito que contrataran a su hermano, en 2010 y a las pocas semanas de su nombramiento, el consejero Manuel Recio contrató finalmente a José Albarracín como asesor laboral de la fundación pública Faffe en Almería, aunque fue despedido un año más tarde.
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