La fiscalía se opone a que la juez acceda a las 480 actas de la Junta

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en el que ordenó a la Junta andaluza la entrega de las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para su custodia. Estas actas, que contienen las decisiones de la última década del Gobierno andaluz, descansan desde hace una semana en un armario de seguridad de los juzgados a la espera de que la juez Mercedes Alaya dé un paso sobre el conflicto jurisdiccional planteado por la Junta.

El Ejecutivo de José Antonio Griñán entiende que la juez no puede acceder a estas actas por ser reservadas y ha solicitado que el conflicto lo resuelva el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo. Anticorrupción coincide con la Junta en que la juez debe pedir solo las actas relacionadas con los ERE y no todas, según el principio de proporcionalidad. También esgrime la Ley del Gobierno, que alude al carácter reservado de la documentación que trata el Consejo de Gobierno.

El fiscal no cree proporcionado que exija todos los documentos

La juez respondió al conflicto de jurisdicción planteado por la Junta con un auto en el que exigió al Gobierno autónomo las actas en 72 horas bajo apercibimiento de que incurriría en delito en caso de no cumplir esta orden. La juez argumentó que quería tener bajo custodia judicial estas actas, mientras resolvía el Supremo, por la posibilidad de que el Gobierno autónomo alterase la documentación. Si ahora la magistrada acepta la petición para delimitar las actas útiles para su investigación, no habría por qué elevar el conflicto de jurisdicción al Supremo.

En paralelo al conflicto de jurisdicción, la batalla jurídica se recrudece y sube de tono ante la Audiencia de Sevilla, que dirimirá sobre los autos de Alaya. A pesar de que haya dado su brazo a torcer bajo la amenaza de cometer un delito, el Gobierno andaluz ha recurrido en segunda instancia la entrega de las actas para su custodia judicial.

La magistrada había solicitado las actas porque no las considera "ni reservadas ni secretas" y solo estima "secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos". En su escrito de alegaciones, el Gobierno subraya que la medida infringe la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma, por la "ausencia absoluta" de motivación del auto y porque entiende que los consejeros presentes en los Consejos de Gobierno romperían el carácter secreto de las deliberaciones. Sobre este argumento, la Junta esgrime: "La citada diligencia al constituir de modo indirecto una suerte de testifical de los miembros del Consejo de Gobierno orillando el carácter secreto de las deliberaciones del mismo (...) estaría viciada de nulidad como así lo ha entendido el Tribunal Supremo".

La Junta censura que Alaya no haya motivado su exigencia de entrega de las actas, que considera "indiscriminada" al abarcar las 480 actas sin aclarar qué acuerdos serían útiles para la investigación. "No se ofrece motivación ni se comprende qué aportaría a efectos del esclarecimiento de esos hechos la aportación documental de las citadas actas en bloque", alega el abogado del Gobierno andaluz. Asimismo, asegura el Ejecutivo que esta petición "tan indiscriminada puesta en manos de las partes personadas hace perder al carácter secreto o reservado del contenido de las actas de cualquier sentido". Para la Junta las actas constituyen "un todo indivisible" en el que se recogen los acuerdos adoptados y las cuestiones de índole política de carácter reservado.

La exigencia de Alaya es "absolutamente inédita en el orden constitucionalmente establecido en nuestro país", según subraya el Ejecutivo. Tras pronunciarse las partes, ahora la juez acotará su petición de las actas o enviará el conflicto al Supremo.