La fiscalía denuncia otra vez al alcalde de Atarfe

El alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), suma una causa judicial más en su contra. De nuevo, por temas urbanísticos: el aumento supuestamente irregular de edificabilidad de unos terrenos cercanos al campo de golf del municipio.

El PP denunció los hechos que han llegado al juzgado tras la investigación del fiscal, quien le atribuye la posible comisión de los delitos de prevaricación y atentado a la calidad de vida de los ciudadanos por infracción de los estándares urbanísticos.

En su denuncia, que se dirige también contra el arquitecto municipal, el fiscal asegura que el cambio supuestamente irregular de la edificabilidad busca "aumentar el lucro de los promotores". Así, tilda de "descontrolado" y "privatizado" el urbanismo en dicha localidad, en la que se enajena "anticipadamente", según explica el fiscal, el aprovechamiento municipal por una precio "arbitrario" y luego se urbaniza "a la carta de las expectativas de lucro de los promotores".

Los hechos se remontan a abril de 2004, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con la empresa Grupo Gestión y Dotación del Suelo S.L. por el que se establecía una densidad edificatoria de 18 viviendas por hectárea en un terreno, de una parcela mínima de 400 metros.

1,2 millones

Dos años más tarde, según denunció el PP, se modificó la tipología de la vivienda aislada a pareada. A cambio el Ayuntamiento recibió 1,2 millones y la cesión de 1.000 metros cuadrados.

La modificación suponía, según el PP, la construcción de 430 viviendas por hectárea pese a que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) establece como máximo 75.

La reparcelación que aprobó después el Consistorio dio el visto bueno a un estudio de detalle que provocó otro aumento de edificabilidad.

Esta denuncia del fiscal se conoce tres días después de que el juez de Instrucción 4 de Granada citase como imputado a Víctor Sánchez por la venta a la empresa promotora Vladigolf de una finca de titularidad municipal a un precio inferior al tasado, en concreto casi cinco millones de euros menos, según se desprendió de una tasación posterior. El fiscal le acusa, en este caso, de los delitos de prevaricación urbanística y administrativa, contra la ordenación del territorio, falsedad, malversación de caudales públicos y cohecho.