El fiscal alerta contra el extravío de documentos en el 'caso Malaya'

El párrafo, de apenas seis líneas e impecable estilo jurídico, pasa bastante desapercibido en un escrito de 584 páginas que resume la mayor trama de corrupción municipal conocida en la historia de España -el caso Malaya- y pide penas que suman varios siglos de cárcel. Sin embargo, el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha lanzado en el tercer otrosí -petición de orden secundario- de su escrito de calificación una verdadera carga de profundidad. El representante del Ministerio Público, temeroso de que el extravío de documentos haga zozobrar el juicio, como ha sucedido en el caso Ballena Blanca, y pueda echar por tierra años de trabajo, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Málaga que "acuerde lo necesario" para que todos los documentos de la causa "puedan ser utilizados en el juicio oral".

Durante la instrucción del caso Ballena Blanca, un error administrativo propició que documentos del sumario de blanqueo de capitales se traspapelaran entre los tomos del caso Malaya. Estos documentos, algunos de los cuales pertenecen a expedientes intervenidos en el despacho del principal imputado de Ballena Blanca, el abogado Fernando del Valle, han sido anulados del juicio para regocijo de las defensas.De las 584 páginas del escrito acusatorio del caso Malaya, un total de 150 están dedicadas a detallar las piezas documentales que el fiscal tiene especial interés en que se lean. Esta lectura incluye prácticamente todos los documentos que han generado las actuaciones del sumario contra la corrupción en Marbella, y que incluyen desde las distintas declaraciones ante el juez y la policía de los 95 procesados en el caso hasta el volcado de los discos duros intervenidos en las oficinas del ex gerente de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama.

Los papeles que no se han podido incorporar al juicio de Ballena Blanca pertenecían a 10 bridas de documentación intervenida durante los registros policiales. El sistema de bridas, avalado por la Audiencia Nacional y muy usado en asuntos de delincuencia económica, que obligan a manejar mucho papel, permite empaquetar documentos por bloques y precintarlos en presencia del secretario judicial. La rotura de la brida para examinar la documentación solo la puede ordenar el juez instructor mediante una providencia, con lo que se garantiza que no hay manipulación posible de las pruebas.

En el caso Malaya, el fiscal ha solicitado que se lean hasta las comparecencias ante el juez de los agentes que realizaron las bridas documentales.

López Caballero solicita a la sala una pena de 30 años de cárcel y una multa de 810,78 millones de euros para Roca por blanqueo, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo (recibir sobornos). Además de estas sanciones, el fiscal ha pedido el comiso de las cuentas corrientes de ex asesor urbanístico y de sus numerosos bienes muebles e inmuebles. Estos incluyen 34 vehículos a motor -entre ellos dos autobuses-, una avioneta, un helicóptero, 72 fincas, 144 pisos, un hotel y dos palacios, entre otros bienes.

El juicio oral del caso Malaya, cuyo inició se prevé para el 27 de septiembre, promete ser largo. El fiscal ha pedido la presencia en la vista como peritos de dos arquitectos de la Agencia Tributaria, que valorarán los bienes de propiedad municipal que han sido objeto de convenios urbanísticos. Un catedrático universitario de Historia del Arte y la directora del Museo de Málaga tasarán los cuadros y objetos de arte que se intervinieron en las casas de Roca y por las que el ex asesor urbanístico pagó más de 25 millones de euros. Además, si la sala lo acepta, comparecerán como testigos el comisario jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera, así como otros 62 agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Según el fiscal, Roca, constituyó una "verdadera organización, integrada por un nutrido grupo de personas, que bajo su dirección gestionaban y administraban su patrimonio como si de una empresa se tratara", y apunta que el blanqueo de fondos asciende a cerca de 245 millones de euros.