El fiscal alcanza un pacto con 16 acusados de la Operación Karlos

"¿Usted llegó a cobrar dinero?", pregunta el fiscal. "No", responde la acusada. "Alguna pensión llegó a cobrar usted", le insiste el fiscal. Hay segundos de dudas, la cabeza se mueve de un lado a otro para negar pero sus palabras dicen otra cosa. "Sí, me parece que sí, es que no recuerdo". Las primeras declaraciones de acusados en la Operación Karlos, una trama dedicada a la compraventa de certificados médicos falsos para obtener pensiones de invalidez, estuvieron plagadas de contradicciones. Son testimonios pactados con el fiscal, que ha conseguido que 16 de los 24 acusados reconozcan los hechos a cambio de rebajar las penas. Con todo, los testimonios escuchados ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz siembran enormes dudas sobre la veracidad de estos relatos pactados.

El tribunal rechaza la anulación de las escuchas telefónicas

El fiscal, Juan Bosco Anet, ha consensuado penas y testimonios con la mayoría de imputados en las últimas semanas. En su lista están el cabecilla de la trama, Carlos Carretero, médicos, beneficiarios y colaboradores en la presunta estafa a la Seguridad Social. En total 16 personas. Las peticiones que hará el fiscal no superarán los dos años de cárcel para evitar que entren en prisión, salvo el caso de Carretero, que se negocia todavía en el entorno de los cuatro años y medio, aunque su defensa intenta reducir esa cifra. El resto no ha pactado. No asumen su culpabilidad. Es el caso de María José Campanario, acusada de haber pagado para dar una pensión a su madre, Remedios Torres, también en el banquillo.

Con estas declaraciones, el fiscal se asegura testimonios de culpabilidad y un relato de hechos que incrimina a todos, incluidos los que no han llegado a acuerdos con él. Pero a la hora de la verdad, cuando les tocó declarar ante la sala, no todos los acusados entendieron perfectamente qué era lo que tenían que decir. El caso de María del Rocío Morales, maestra acusada de pagar por una pensión que después le fue invalidada, fue uno de los más flagrantes. Llegó a negar haber recibido la pensión para después admitirla o asegurar que ya no se acordaba.

El médico Harold Escalante negó haber hecho partes de baja a preguntas del fiscal. "Los médicos de cabecera no hacemos ese tipo de informes". La insistencia del Ministerio Público le llevó después a admitir con un simple "sí" que había emitido esos partes a personas que nunca había atendido. Antonio Díez, vecino de Ubrique, resolvió con un dudoso "bueno" cuando le pidieron que reconociera haber intentado obtener una baja fraudulenta para él y su mujer. Isabel Gil, la mujer que supuestamente suplantó a la madre de Campanario, se negó a contestar a preguntas del fiscal, a pesar de haber llegado a un pacto con la acusación particular que ejerce la Seguridad Social. El tribunal decidió volverla a llamar el 11 de mayo.

Para ese 11 de mayo se han reservado las declaraciones más jugosas. A partir de este día deben pasar ante la Audiencia Carretero; su novia, Elisa Calvente; o el empresario José Luis López El Turronero. Sus declaraciones son claves para involucrar a Campanario y su madre, o al inspector médico Francisco Casto, que también defiende su inocencia y no ha querido llegar a acuerdos con el fiscal.

Campanario, visiblemente afectada tras la primera toma de declaraciones, volvió a ser increpada por el público. El juicio comenzó ayer después de que el tribunal aceptara las escuchas telefónicas, cuya nulidad habían pedido algunas defensas.