Los extrabajadores de Delphi en Cádiz reclaman la fábrica

"Delphi es nuestra". Fue una de las proclamas escuchadas ayer en la primera movilización del calendario propuesto por los sindicatos para el colectivo de ex trabajadores de la fábrica de automoción en Puerto Real (Cádiz), clausurada en 2007. Tres años y 100 millones de inversión no han sido suficientes para recolocarlos a todos. 600 de los 1.900 operarios adscritos al dispositivo especial puesto en marcha por la Junta de Andalucía siguen sin un empleo. Ayer gran parte de estos operarios en paro se manifestaron frente al juzgado de lo mercantil de Cádiz para exigirle a su titular que no subaste la factoría en la que ellos trabajaban.

La puesta a la venta de la fábrica mediante subasta es la mayor garantía para obtener el más alto valor por estos terrenos y poder así culminar el proceso concursal abierto. Delphi no ha abonado los diez millones de euros comprometidos y se necesita resolver la deuda contraída con los acreedores. Pero los trabajadores recuerdan que el Gobierno andaluz se comprometió a hacerse con esa fábrica para asegurar la llegada de una empresa que les garantizase un puesto de trabajo.

En estos tres años, una mayoría de ex empleados de Delphi se ha jubilado, prejubilado o recolocado en otra compañía pero faltan esos 600, que siguen cobrando por participar en cursos de formación. Pero la Junta ha puesto ya fecha para el final de este tratamiento especial. Será febrero del año que viene. Sin la garantía de esos terrenos, los sindicatos creen que estos operarios quedarán desamparados y el Gobierno andaluz incumplirá los pactos firmados en 2007.

Los trabajadores están especialmente indignados con los consejeros de Innovación y de Empleo, Antonio Ávila y Manuel Recio. La Junta ha recordado que, dada la situación económica, los operarios tenían que aceptar cualquier oferta de trabajo y no sólo las que se ajustasen al convenio del metal, como se firmó en un primer momento. Los sindicatos se oponen también a este cambio de criterio.

Durante una hora los ex trabajadores se concentraron frente al juzgado y una pequeña representación de ellos logró reunirse con la juez, Nuria Orellana, quien se limitó a explicarles que intentará ayudarles "dentro de la legalidad". El colectivo ha sido llamado a una asamblea que se celebrará mañana, en la que se decidirán nuevas protestas.