El equilibrio inestable de Malaya

Malaya es una locomotora que puede parar en cualquier momento. El macrojuicio que sienta en el banquillo a 95 procesados por la gran trama de corrupción de Marbella (Málaga) arrancó el lunes para sorpresa de los más escépticos. A pesar de ello, la fiscalía malagueña conserva el temor de que cualquier incidente, como la renuncia de un letrado, hay 77 designados, lo haga parar. "Cualquier desacuerdo con el cliente sobre la línea de defensa puede desencadenarlo", aseguran.

Los abogados no están obligados a dar grandes explicaciones de su salida de un proceso. La retirada de cualquiera de ellos llevaría aparejada la suspensión temporal del juicio hasta la designación de otro, que suele reclamar tiempo para estudiar el caso. Un caso con 200.000 folios de sumario. Ya en julio, la renuncia del abogado de Juan Antonio Roca, el principal imputado, hizo temer lo peor. Sin embargo, su nueva letrada, Rocío Amigo, retomó la defensa en tiempo récord. Amigo cuenta con la colaboración de Yolanda Terciado, abogada del anterior equipo y que ya conoce en detalle el macrosumario.

Los procesados enfermos verán en vídeo las sesiones que se pierdan

Las defensas atacan a Torres, aunque el segundo juez fuera más duro

La primera sesión del juicio esquivó situaciones como la enfermedad de dos procesados, que podrían haberlo aplazado sin fecha. Se consiguió gracias a la colaboración de las partes y al sistema de grabación de las sesiones. A los que no han asistido se les facilita una copia en vídeo de lo ocurrido y así se evita que se produzca una situación de indefensión.

El papel de José Godino, presidente del tribunal, es clave. El magistrado tiene fama de conciliador y dialogante, algo muy necesario en un proceso en el que hay que poner a tanta gente de acuerdo. En la segunda sesión, trató de frenar los ataques contra el juez Miguel Ángel Torres, principal instructor de la causa, al que uno de los procesados llamó "inquisidor" y acusó de hacer detenciones ilegales.

Godino pidió a los abogados que centraran sus intervenciones en "cuestiones estrictamente jurídicas". Los abogados, todo un plantel de catedráticos y juristas, suavizaron las formas pero no el fondo. "Es curioso que las defensas centren sus ataques en Torres, cuando fue el segundo instructor, el juez Óscar Pérez, quien jurídicamente censuró y fue más duro con sus peticiones", observan fuentes judiciales.

Las primeras jornadas, en las que los abogados plantean las cuestiones previas a la celebración del juicio, han transcurrido de forma ágil. Un tercio de los procesados ha expuesto sus reparos a la instrucción sin aportar grandes novedades. Han repetido los mismos argumentos de sus recursos: que el juez Torres no era el predeterminado por la Ley o la nulidad de las escuchas telefónicas, las detenciones y los registros. Atacar a la base, la estrategia clásica para derribar cualquier procedimiento.

El abogado Horacio Oliva, uno de los penalistas más reputados de España, aportó una novedad al poner sobre la mesa la falta de 5.000 folios del sumario. Oliva, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense, participa en otro de los grandes juicios que celebra la Audiencia de Málaga: el caso de blanqueo de capitales Ballena Blanca. Lleva la defensa del principal procesado, el abogado chileno Fernando del Valle. En esta causa también se han extraviado 17 legajos de documentos.

Todavía es pronto para adivinar las líneas de defensa. El plantel de abogados defensores se ciñen al guión y no han mostrado aún sus cartas. El mayor esfuerzo radica en hacer posible que el juicio, que coincide en el tiempo con otros dos grandes procesos -los casos Minutas y Ballena Blanca- no sufra grandes interrupciones.

Los enjuiciados también tienen numerosas citas judiciales. El próximo jueves, la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revisará el despido de Juan Antonio Roca del Ayuntamiento de Marbella. El equipo de gobierno marbellí le echó por no acudir a su puesto de trabajo. Roca, que pide que le readmitan o le indemnicen, alega que no han tenido en cuenta que todo el tiempo estuvo en prisión preventiva por el caso Malaya.