Los ediles del PSOE se resisten a hacer públicos sus bienes

Al PSOE de Andalucía le está costando convencer a sus 4.394 alcaldes y concejales que den los datos de sus actividades, bienes e intereses. Los socialistas incluyeron en sus estatutos, aprobados en el 11º Congreso Regional celebrado en julio de 2008, una norma que obliga a los ediles y a los cargos de confianza afiliados al PSOE a hacer públicos en Internet el saldo de sus cuentas corrientes, sus bienes patrimoniales, seguros de vida y las actividades que realizan, como rige desde la pasada legislatura para los altos cargos de la Junta y los diputados del Parlamento andaluz.

Pero la difusión de esta información acumula casi tres meses de retraso debido, entre otros motivos, a la resistencia de los ediles y a las dudas jurídicas planteadas por algunos de ellos que alegan que estas declaraciones no se pueden hacer públicas porque les ampara la ley de Proyección de Datos de Carácter Personal.

Como ocurre a veces en el PSOE, esta obligación nació por una cuestión coyuntural: el caso de corrupción municipal destapado en Estepona (Málaga), que desembocó en la detención del entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, y de seis concejales del PSOE. Para reforzar la teoría de que sus cargos municipales actúan con transparencia patrimonial y enviar el mensaje de tolerancia cero a los comportamientos corruptos, en el pasado congreso regional se cambiaron los estatutos del partido para obligar a poner en escaparate los bienes de los concejales.

Esta norma entró en vigor en noviembre de 2008, y según la misma, la secretaría de Organización regional se comprometía en un plazo de seis meses a "la difusión a través de Internet de la totalidad de las declaraciones presentadas", es decir, a finales de mayo.

Según los datos aportados por este partido, el 60% de los ediles y cargos de libre designación afectados han tramitado ya la información y desde la secretaría regional que dirige Rafael Velasco se ha enviado cartas a los responsables provinciales de Organización apremiándoles a recabar los datos que faltan. La intención es colgar de la web del PSOE de Andalucía las declaraciones a partir de septiembre.

Velasco admite que hay unos "pocos" que han mostrado "reticencias" ya que según opinan podía incurrir en una violación de la ley de Protección de Datos. Teóricamente, la ley del Suelo de 2007 obliga a los ayuntamientos de toda España a disponer de registros de acceso público a los bienes e intereses de los concejales, pero muchos se esconden en la falta de un desarrollo legal posterior. El secretario general socialista opina que debería haber una ley estatal que regulara esa obligación. En el caso de los concejales andaluces que se están resistiendo el PSOE les reclamará la declaración y si plantean un conflicto jurídico pararán su publicación hasta que se resuelva. Velasco confía en no tener que aplicar el régimen sancionador que los estatutos del partido contemplan en caso de "incumplimiento injustificado total o parcial" de la norma interna.

Algunas instituciones gobernadas por los socialistas como los Ayuntamientos de Sevilla, Jerez y Jaén ya ofrecen esta información.