El edil de Urbanismo refuerza su poder en el Ayuntamiento de Estepona

El dinero y la plantilla del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), sacudido hace dos semanas por una operación contra la corrupción, se gestionará por separado, por lo menos, hasta que el municipio tenga un nuevo equipo de gobierno. El alcalde accidental, Rafael Montesinos (PA) ha partido en dos la densa concejalía de Hacienda y Personal, retirada al edil Francisco Zamorano por su imputación en el caso Astapa, y la ha adjudicado a los concejales Rafael Duarte y David Valadez, número tres y cuatro de la candidatura que el PSOE presentó a las elecciones municipales en 2007.

El PSOE apoya a Rafael Duarte como futuro alcalde de la ciudad

La decisión refuerza el poder de Duarte en el equipo de gobierno, ya que además de los complicados asuntos urbanísticos deberá lidiar con las finanzas del municipio. El partido socialista le apoya como futuro alcalde de la ciudad, aunque todavía esperan que la juez Isabel Conejo, instructora del caso, concrete su situación procesal.

El concejal fue citado a declarar en la comisaría como imputado, pero no se establecieron medidas cautelares contra él. En los próximos días debe comparecer ante la instructora, titular del juzgado número 1 de Estepona, qué decidirá en qué situación queda. El pleno en el que se constituirá el nuevo equipo de gobierno debe convocarse antes del 17 de julio.

Valadez, a quien diversas fuentes apuntan como el denunciante de las irregularidades en el Ayuntamiento de Estepona, ha recuperado el área de Personal, que ya gestionó en el mandato en el que PSOE gobernó junto a la formación posgilista Partido Estepona (PES). En 2006 renunció a su cargo de consejero delegado de varias sociedades municipales porque no estaba de acuerdo con la política de contratación que seguía en gobierno de Antonio Barrientos. El ex alcalde está en prisión preventiva, junto con su jefe de alcaldía, dos de sus socios de gobierno del PES, y un técnico municipal.

"Se trata de hacer una administración casi en funciones, de tomar las decisiones más urgentes y dejar las de mayor peso para el próximo gobierno", coinciden tanto Duarte como Valadez.

En los últimos días, en los que el municipio celebra las fiestas mayores, varios proveedores han amenazado con dejar de servir al Ayuntamiento si lo les pagaban varias deudas. El consistorio tenía cortado el suministro de gasolina por falta de pago y la empresa encargada de la iluminación de la feria reclamaba un millón de euros por su trabajo en años anteriores. Tras varias negociaciones llegaron a un acuerdo. La feria pudo inaugurarse el martes y ayer a mediodía volvieron a recibir combustible para el parque móvil.

La salida del equipo de gobierno de los cuatro concejales del PSOE detenidos por el caso de corrupción ha calmado, en apariencia, el ambiente en el equipo municipal.

Las concejalías que han quedado vacantes con la destitución de Asunción López, Marisa Rodríguez y Mariví López, en libertad con fianzas de entre 30.000 y 50.000 euros, serán gestionadas por otros tres concejales socialistas. María Miralles se encargará de la delegación de Cultura; Carlos Rodríguez, de Playas; y Antonio Sánchez asumirá Educación. Los cuatro concejales destituidos han sido también expulsados provisionalmente del PSOE, pero no han renunciado a sus actas, por lo que ahora están en la oposición.

El cese del edil de Hacienda y Personal, Francisco Zamorano, no le ha apartado de su cargo como consejero delegado de las empresas municipales. Esta medida debe adoptarse en una junta de accionistas, que normalmente coincide con los plenos.

El nuevo edil pidió que se le notifique cualquier decisión o cambio relativo a las sociedades municipales. La semana pasada Zamorano despidió a un cargo de confianza que declaró días antes como testigo ante la Policía.

Valadez visitó las dependencias de personal, pero no ocupó el despacho de su antecesor. Reunió a los trabajadores para tranquilizarles -no habrá despidos hasta que no haya un nuevo equipo de gobierno- y recibió una petición de reunión de los sindicatos. El concejal hereda una plantilla municipal sin apenas funcionarios y unos 1.400 empleados municipales contratados sin proceso de selección, además de una abultada deuda con la Seguridad Social.