Zoido denuncia a Monteseirín por el 'caso Mercasevilla'

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denunció ayer en el Juzgado de Guardia al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y al portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, por el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, contra los que también se dirige la denuncia. El PP pide al juez que los cite a declarar como imputados y apunta que hay indicios de coacciones, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y encubrimiento.

La Fiscalía de Sevilla investiga el caso desde febrero, después de que la Consejería de Empleo le remitiera unas grabaciones en las que, presuntamente, Mellet y Ponce exigían comisiones a unos empresarios a cambio de adjudicarles una escuela de hostelería. La denuncia del PP pondrá fin a esta investigación, ya que el ministerio Público no puede investigar unos hechos en los que esté trabajando un juzgado de Instrucción.

Junto con los ex directivos de Mercasevilla y Monteseirín y Torrijos (denunciados en calidad de presidente y vicepresidente de la empresa) la denuncia señala también al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas; al concejal de Seguridad y actual responsable político de Mercasevilla, Alfonso Mir; al ex consejero de la empresa Enrique Castaños; y al vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas municipales, Manuel Marchena.

Zoido considera que la participación de todos en el supuesto intento de cobro de comisiones es "más que una posibilidad", pero su escrito se detiene especialmente en el alcalde. De él dice que "de no ser autor directo o cómplice" de los hechos, es evidente que "no sólo ha desatendido su obligación" de denunciar, sino que "ha desplegado toda la actividad posible para el encubrimiento de los hechos, ayudando a los presuntos autores de un delito a eludir la investigación" y "obrando con abuso de las funciones públicas que ostenta", lo que podría constituir, según el portavoz del PP, un delito de encubrimiento.