La Seguridad Social embarga tres cuentas municipales de Estepona

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) no gana para resolver la crisis económica que atraviesan sus arcas. A las manifestaciones de empleados municipales, reclamaciones de deudas y problemas para pagar suministros tan básicos como el combustible o el gas, se ha sumado un embargo de 6,5 millones en las cuentas municipales por impago de cotizaciones a la Seguridad Social.

El Consistorio acumula una deuda de 46 millones por este concepto -la morosidad total es de 96 millones- y está en plena negociación de un calendario de pagos. El bloqueo puede afectar al pago de las nóminas de los 1.255 empleados municipales acumulados en los últimos gobiernos, ya que la mayoría están contratados a través de dos sociedades municipales afectadas, a las que el Ayuntamiento transfiere fondos para los salarios.

Ayer, el alcalde, David Valadez (PSOE), y el edil de Hacienda, Antonio Sánchez, expusieron en la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía las líneas generales del plan con el que pretenden sanear de las arcas municipales. Los planes, para los que se ha contratado a una consultora, pasan por hacer un estudio minucioso de los gastos y reordenar la plantilla. Desde que saltó el caso de corrupción Astapa, se han recortado 106 puestos de trabajo.

"Sabemos que esto es una carrera de obstáculos y que la situación heredada es muy dura", asegura el edil de Economía, Antonio Sánchez. Tanto él como el alcalde Valadez inciden en que

en las reuniones con diferentes administraciones, como la Junta de Andalucía o la Tesorería de la Seguridad Social, han trasladado su voluntad de sacar al municipio del bache y que los avances de estos últimos tres meses -en los que se ha recortado un millón de euros anual el gasto en plantilla- han sido bien recibidos.

Su intención es llegar a acuerdos para poder recibir la Participación por los Ingresos del Estado, (0,9 millones) algo que les permitiría pagar las cotizaciones de la Seguridad Social. Las nóminas se llevan 4,2 millones, pero sólo pagan 3,5 millones porque, hasta ahora, el municipio no abona los 0,7 millones que se llevan las retribuciones sociales de sus trabajadores. Para desbloquear los ingresos del Estado, necesitan antes pagar la deuda que tienen con Hacienda (6 millones) y otros tres millones de "deuda inaplazable" que les reclama la Seguridad Social. En sus visitas -que continúan durante la semana- el municipio está pidiendo ayuda para obtener 50 millones y así refinanciar la deuda.

Las grandes cifras dejan paso a los problemas con los que un equipo de gobierno en minoría -tienen 11 votos de 25 y dos ediles que no han renunciado a las actas en prisión- se enfrenta cada día.

La mayoría están vinculados a concesiones administrativas con irregularidades de por medio y compras que no aparecían registradas en presupuesto alguno contra las que el interventor pone constantes reparos.

La empresa Rimasa 2003, concesionaria de la grúa municipal y del depósito de vehículos, amenazó con una huelga si no le pagaban una deuda de unos 70.000 euros, y el Ayuntamiento decidió asumir la gestión del depósito porque el servicio se estaba prestando en precario. Ayer por la mañana, empleados municipales trataron de ocupar las instalaciones, pero toparon con la oposición de la empresa. El alcalde tenía previsto ayer firmar un decreto para que la Policía Local haga el desalojo.

Rimasa 2003 seguirá con el servicio de la grúa hasta abril, fecha en la que cumple su concesión y se elaborará un nuevo concurso. Antes del caso Astapa, el equipo de Gobierno del ex regidor Antonio Barrientos, en prisión preventiva, quiso adjudicar estos dos servicios a la empresa Ausol 2000. El administrador de Ausol 2000, un abogado llamado Manuel Barroso, fue también detenido en el caso de corrupción. Las irregularidades se repiten en otras concesiones, como el servicio de autobuses, que presta la empresa Portillo con una adjudicación por contrato. Portillo también reclama una deuda de un millón de euros y ha dejado al municipio con una sola línea de autobús. Tampoco hay concurso para el suministro de combustible, por lo que les cortan el suministro cada vez que se deja de pagar una factura, algo que ocurre siempre porque el interventor no reconoce los pagos al no estar previstos, y se enfrentan a situaciones similares con la empresa de la recogida de basura, a la que se adeuda otro millón de euros. "Llega un momento de terminar con las alegrías económicas, aquí se han acabado los jamones", zanjaba ayer Sánchez.