Sanlúcar, entre la alarma y la complacencia

Una pareja adolescente discrepa sobre al tema estrella. Se pisan el uno al otro. Ella se muerde las uñas, él mantiene la mirada perdida:

-La droga es mala porque cambia a la gente.

-Pues yo no lo veo un problema. Cinco de los 15 en mi pandilla pasan hachís. Hay hasta abuelas.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se enfrenta al espejo más espinoso con dos miradas. Unos ojos minimizan el problema. Otros alertan sobre su auge, indiscutible según las estadísticas.

La estratégica ciudad es el punto más caliente de la entrada de droga en Andalucía. La controversia es patente. Esta semana, mientras el grupo municipal del PP solicitaba una Junta de Portavoces para "lavar la imagen" de la ciudad y potenciar sus alicientes, el congresista popular Aurelio Sánchez vinculaba en una proposición no de ley el progreso económico local al narcotráfico. A continuación, el resto de partidos rechazaba sus argumentos "por generar descrédito para nuestra ciudad".

El auge del narcotráfico es patente. Suben las incautaciones

Los mayoría de los vecinos están hartos de ver cómo el negocio crece

La fama y el ruido mediático amplifican un problema soterrado que afecta a un sector de la población reducido pero muy llamativo. Nadie se atreve a lanzar cifras de familias involucradas. Sin embargo, el auge del narcotráfico no admite dudas. En lo que va de año, la Policía y la Guardia Civil detuvo a 102 personas y requisó 67.700 kilos de hachís sólo en Sanlúcar y Chipiona. Además, Vigilancia Aduanera requisó 51.000 kilos y detuvo a otro centenar de personas entre Cádiz y Huelva, la mayoría de ellos en la desembocadura del Guadalquivir. "La demanda es horrorosa. Con la heroína sería diferente... !pero si hachís fuman hasta los niños en la guardería!", exagera un consumidor habitual.

No hay victimismo. Es un cóctel de resignación, guasa y orgullo. Los vecinos involucrados en este lucrativo negocio asumen sus riesgos con naturalidad y saben que transportar fardos compensa ante el riesgo de convertirse en recluso. Apodos como El Cagalera, su hijo El Diarrea, El Lecherito o Chupete Fly son narcos conocidos que invierten sus beneficios en negocios lucrativos. El barrio de Bonanza y la colonia Monte Algaida, repleta de chalés con caballos de pedigrí y lujosos automóviles, son sus feudos.

Barbate se convirtió hace ocho años en una ciudad sin ley por culpa de la violencia de los busquimanos (jóvenes que transportan droga en sus ciclomotores). La diferencia con Sanlúcar es obvia. El denominado narcobienestar tiene menor peso relativo y sobre todo la paz social permanece. Capos, porteadores y aguadores (vigilantes de las descargas de fardos) son menos ostentosos, se conforman con sus penas y asumen que sus esporádicas estancias en la cárcel son parte del negocio. No hay tantas hazañas bélicas como antaño. Además, la localidad aún carece de una plataforma contra la droga y la tolerancia es alta porque el consumo aumenta. "El problema puede ser la falta de una persona para liderar el proyecto", señala Felipe Trigo, presidente del Consejo Económico y Social de Sanlúcar.

Los vecinos honrados están hartos de comprobar cómo el negocio extiende sus tentáculos y al hachís ha sumado la cocaína. "Por la fama de unos pocos pagamos el resto", comenta resignado el armador Juan Antonio Salas. La pesca arrastra años de crisis y ahora se encuentra en parada biológica. El paro alcanza ya a 8.856 personas, en una localidad con 63.968 habitantes. Muchas familias temen por la influencia del creciente consumo sobre sus hijos. La tentación de convertirse en paquetero significa soñar con 3.000 euros cada fin de semana. Los protagonistas siempre contestan desafiantes: "¿Acaso no lo harías tú si tu padre estuviera parado?". En una población escolar de 14.500 alumnos, el curso escolar registró 183 casos de absentismo escolar.

"Debería haber una revolución de la sociedad, pero la sociedad civil está desvertebrada", reflexiona el abogado Fermín Vázquez.

La clase política se indigna ante la imagen de los medios de comunicación. No cierra los ojos pero minimiza el problema. "No tenemos responsabilidad sobre la seguridad, pero sí en la formación y las medidas para el empleo. Trabajamos para que la economía sumergida descienda", apunta la alcaldesa (PSOE), Irene García. Las peticiones para que el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) llegue hasta Sanlúcar y las dotaciones policiales aumenten han caído de momento en saco roto. Las detenciones crecen pero el dinero goloso difumina la sensación de riesgo. Mientras, las dos miradas conviven sin conflictos y la solución permanece en el limbo.