El Parlamento Europeo reclama la descontaminación de la ría de Huelva
La Eurocámara critica la falta de transparencia y cooperación de las autoridades
La delegación de eurodiputados que visitó Huelva en febrero para valorar in situ los problemas de contaminación denunciados, entre otras organizaciones, por Greenpeace, expusieron ayer en el Parlamento Europeo sus conclusiones preliminares. Lo más significativo fue la afirmación de que los riesgos derivados de la contaminación de las empresas del Polo Químico "es evidente que existen", aunque no se pueda precisar el grado sin otros estudios independientes. El informe de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, de 17 páginas, se refiere, sobre todo, a la acumulación de fosfoyesos -residuos tóxicos- o de las cenizas de Acerinox.
La europarlamentaria francesa Pascale Gruny, del Partido Popular Europeo, fue la encargada de trasladar las impresiones de la delegación, tras decenas de entrevistas y la inspección durante tres días de las zonas afectadas.
Los eurodiputados debatirán las conclusiones finales el 15 de julio
Aunque Gruny señaló que la situación ha mejorado en los últimos años, el documento exige la descontaminación de la zona, que se hagan nuevos estudios epidemiológicos, mayor transparencia en las informaciones aportadas, más comunicación entre las autoridades competentes, un estudio extra de los trabajadores del Polo, un registro de las enfermedades (cáncer, por ejemplo) que puedan estar relacionadas con la contaminación, informes independientes en las factorías -sobre todo por parte de Fertiberia, donde se vetó el acceso a parte la zona- y que se tengan en cuenta a los peticionarios (ecologistas y demás organizaciones) a la hora de elaborar informes.
Gruny expuso las reuniones mantenidas con empresas, sindicatos, ecologistas y autoridades municipales, regionales y nacionales y criticó cierta "falta de transparencia" y de "cooperación".
La responsabilidad de regeneración recae, según el informe, en las empresas por el principio de "quien contamina paga". El documento añade que, "a pesar de los numerosos estudios científicos realizados en materia de epidemiología, radiología, toxicología y otras cuestiones", estos "deberían ser complementados y coordinados a fin de demostrar la correlación específica entre el vertido de residuos peligrosos y su impacto en la salud". También se aconseja hacer público un estudio de la contaminación del suelo y del agua, "que debería cubrir la zona en la que están enterrados los residuos de Acerinox".
Entre las peticiones más ambiciosas, se considera necesario establecer un sistema permanente y transparente de vigilancia que abarque la contaminación del suelo, aire y agua y "que sea accesible a todos los ciudadanos, por ejemplo, a través de Internet". Después se abren interrogantes sobre la posible relación entre los elementos contaminantes y ciertas dolencias: "Sería especialmente útil contar con un registro de las enfermedades declaradas que puedan estar relacionadas con estas fuentes potenciales de contaminación", requieren los eurodiputados.
La delegación critica, por otra parte, la "aparente falta de comunicación entre las autoridades nacionales competentes y las autoridades municipales y regionales" y advierte que, por el bien de la ciudadanía y para no generar alarma social, se informe de una forma "clara y objetiva" y que se coopere "con urgencia" para establecer un diálogo permanente que restablezca el clima de confianza que "lamentablemente falta".
Fertiberia, propiedad del grupo Villar Mir, genera residuos tóxicos -los fosfoyesos- que ocupan 1.200 hectáreas. "La principal empresa interesada, Fertiberia, cooperó bien con la delegación en el curso de la visita, sin embargo, se negó a reconocer cualquier riesgo o problema particular. Y, aunque nosotros no tenemos la posibilidad de cuantificar con precisión la importancia de los riesgos, es evidente que existen", zanja el documento. Gruny recomienda, por último, que tanto ésta como las demás factorías sean objeto de visitas complementarias "imprevistas". El Parlamento Europeo debatirá el próximo 15 de julio las conclusiones finales.
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