Málaga combate el acoso inmobiliario con expropiaciones

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido emprender actuaciones contundentes contra el acoso inmobiliario y expropiará edificios en situación de abandono por incumplimiento de la función social de la propiedad. El consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene previsto aprobar mañana la puesta en venta forzosa de dos bloques contiguos en la céntrica calle Mariscal, después de que el propietario no haya atendido los sucesivos requerimientos que durante años le ha hecho el consistorio para la realización de obras que permitieran mantener unas adecuadas condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad.

En los inmuebles números 3 y 5 de la calle Mariscal residen 14 familias que pagan rentas antiguas, en su mayoría personas mayores, con pocos recursos económicos, en unas condiciones de total abandono, con acumulación de basuras, cucarachas, y con frecuentes cortes de suministros de luz y de agua. Hace una semana, la oficina del defensor del ciudadano de la provincia solicitó una nueva inspección sanitaria de uno de los edificios.

El Ayuntamiento de Málaga ha optado ahora por una de las medidas más severas que contempla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) contra los propietarios que no mantienen adecuadamente sus edificios. El método elegido ha sido el de la venta forzosa por concurso, de forma que lo que el Ayuntamiento no se queda con los edificios, sino que los pone en subasta pública. Quien lo compre tiene la obligación de rehabilitar los inmuebles, podrá vender o alquilar las casas resultantes, pero tiene que garantizar el realojo de los inquilinos con contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora, además de proporcionarles albergue mientras se realizan las obras. El precio de partida de la subasta es de 2,4 millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, destacó ayer que se trata de una medida pionera. "Queremos dar un golpe de efecto en el sentido de que la administración no está impasible y es activa y contundente contra un problema social importante, utilizando todos los medios que la ley otorga para garantizar el derecho a una vivienda digna".

El defensor del ciudadano, Francisco Gutiérrez, reclamaba desde hace tiempo al Ayuntamiento el uso de esta vía. Además, por una denuncia suya en Fiscalía existe un procedimiento judicial contra el propietario de los inmuebles, Jesús Jiménez Astorga, por coacciones y amenazas.

En 1997 en un caso y en 2001 en otro, el Ayuntamiento ya ordenó actuaciones de reparación en ambos edificios. En 2006, los técnicos municipales emitieron informe en el que constataban que además de no cumplir, la propiedad obstruía la labor inspectora y las actuaciones que el consistorio ha realizado de forma subsidiaria, en las que lleva gastados más de 50.000 euros.