La Junta pagó los salarios atrasados de una sociedad de Pimentel

La Consejería de Empleo pagó en 2009 los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidió Manuel Pimentel, ex ministro con el PP entre 1999 y 2000, gracias a una ayuda de 300.000 euros procedente del fondo de ayudas a empresas en crisis, tildado como "fondo de reptiles" por el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, aunque luego se desdijo. La subvención se concedió como ayuda directa a los trabajadores, pese a que Taller de Libros ya estaba en concurso de acreedores y comenzó a liquidarse a finales de ese mismo año por los administradores concursales. Empleo incluso sugirió a los trabajadores que se asociaran para recibir el abono al margen de los administradores.

Empleo mantuvo una década este fondo de ayudas, que se concedía sin estudios de viabilidad y sin controles a posteriori. Taller de Libros es un ejemplo de este fondo, que al margen de los ERE, utilizó más de 60 millones para ayudas directas a empresas en crisis, pero también para Ayuntamientos, fundaciones y empresarios autónomos.

"Los ERE no me preocupan tanto. El problema vendrá cuando investiguen las ayudas directas a empresas". La frase de un ex alto cargo de Empleo que pide el anonimato subraya el temor a que la transparencia afecte a estas ayudas procedentes del mismo fondo dotado con 647 millones y utilizado para subvencionar los expedientes de regulación de empleo (ERE). La diferencia es que mientras sobre los ERE se fijaban controles como la Inspección de Trabajo, que en ocasiones fallaron de manera estrepitosa al no detectar los intrusos ajenos a las empresas, estas ayudas directas a sociedades carecían de ojos que vigilaran el dinero, que se concentró en la provincia de Sevilla, especialmente en la Sierra Norte. Guerrero fue cuatro años alcalde de El Pedroso, municipio ubicado en esta zona.

Sin embargo, tras la marcha de Guerrero, el procedimiento apenas se modificó con su sucesor, el ex director general Juan Márquez. Este concedió los 300.000 euros como "ayuda sociolaboral a los trabajadores" de Taller de Libros, empresa de la que su exministro Pimentel poseía un 6,2%. Al estar en concurso de acreedores, si la sociedad hubiera recibido el dinero se habría entregado a los acreedores.

"Fuimos a Sevilla y no nos trajimos el dinero en mano porque no lo había en ese momento. Para solventar el problema del concurso de acreedores, Empleo nos sugirió que el comité de empresa abriera una cuenta como asociación para que el dinero fuera a los trabajadores", explica José Luis Nieto, secretario del comité de empresa. Los trabajadores acumularon retrasos en sus nóminas durante seis meses. "El delegado de Trabajo en Córdoba nos sugirió que la presencia de Pimentel sería importante para concedernos la ayuda". De este modo, el ex ministro acudió a una reunión con Empleo y esta dio sus frutos. "El comité nos pidió que solicitáramos la ayuda, aunque ya estábamos por recortar personal. En teoría el dinero era para la empresa, pero fue directamente a una cuenta de los trabajadores para ayudar en las nóminas atrasadas", subraya Pimentel, ex ministro de Trabajo del PP (1999-2000).

Cuando la administración concursal comenzó a liquidar la empresa, los trabajadores cobraron sus salarios atrasados, menos los 300.000 euros de la subvención. Por tanto, Taller de Libros fue beneficiario indirecto de las ayudas. "Nunca se planteó la legalidad de la ayuda pública porque hasta el juez mercantil Fernando Caballero nos dijo que se podía recibir el dinero, siempre que la Junta estuviera de acuerdo", recuerda Nieto. Cuando Empleo realizó el segundo pago en septiembre, la junta de accionistas ya había decidido liquidar la empresa por la deuda de 3,5 millones. "Los trabajadores se buscaron la forma de que alguien les pagara, pero por nosotros no pasó esa ayuda porque no debía de pasar", alega el administrador José Manuel Luque.

Taller de Libros, que aún está en proceso de liquidación, se creó en 2005 en Córdoba por los antiguos responsables de Graficromo, en cuyo ERE de 2004 la Junta ha identificado tres intrusos. El comercial de la consultora Vitalia que negoció el expediente fue Francisco González, detenido por la policía por cohecho.