Granada choca con las reglas de la calle

Nada ha cambiado en las calles de Granada. Un mes después de que entrase en vigor la polémica ordenanza de la convivencia, que regula y castiga decenas de actos -por ejemplo, gritar a la hora de la siesta-, el gobierno municipal del PP se ha dado de bruces con la realidad. La aplicación de la norma que pretende acabar con la mendicidad, los gorrillas o la prostitución en la calle está siendo mucho más complicada de lo previsto.

Y no porque todas las víctimas de la norma se hayan ocultado. Los alrededores de la Catedral siguen repletos de claveleras, las mujeres que ofrecen romero y adivinan el futuro leyendo las manos de los turistas a cambio de dinero. "Nos dicen que nos van a multar, pero si no tenemos trabajo ¿qué vamos a hacer?", afirma una de ellas.

Las 'claveleras' se van a otra zona cuando llega la Policía Local

Son fenómenos "difíciles de combatir", reconoce el gobierno local

En el último mes, ha habido varias protestas contra la normativa

Todas estas actividades, y muchas más, están prohibidas en la ordenanza, que tiene hasta 200 artículos. ¿Qué ocurre para que después de un mes la incidencia haya sido mínima? Son fenómenos "difíciles de combatir", reconoce el concejal de Participación Ciudadana, Eduardo Moral. "Muchas de las personas que viven en la calle no quieren asistencia social y no se les puede detener, sólo identificar", añade el edil.

Las claveleras doblan la esquina cuando se percatan de la presencia policial y continúan su actividad en otra zona. Igual que hacen los dueños de los puestos ambulantes.

"Ordenanza de la intransigencia", la llaman los ediles de Izquierda Unida, que es el único grupo municipal que votó en contra de su aprobación. Para la portavoz municipal de IU, Lola Ruiz, la norma es "insegura jurídicamente" ya que deja a la interpretación de la Policía Local o la Corporación aspectos clave.

A lo largo de este mes, el Ayuntamiento se ha dado cuenta de la complejidad de aplicar una norma, que nació ambiciosa y que tuvo una gran repercusión informativa por su minuciosidad. El gobierno municipal se da ahora un plazo de dos meses más para ver los efectos de la normativa. En la actualidad, el trabajo es sobre todo "informativo", afirma Moral.

De momento, las sanciones vinculadas a la ordenanza son escasas (12): Cuatro a aparcacoches ilegales; dos por beber en la calle fuera del botellódromo; otras dos por orinar en la vía pública y cuatro por ocupar la calle sin permiso (mimos, músicos callejeros o venta ambulante).

A lo largo de este mes, la ordenanza ha generado numerosas protestas. Varias veces se han concentrado ante el Ayuntamiento colectivos que rechazan la norma y que reclaman que "la calle es para quien la pisa". La ciudad donde está "prohibido todo", como rezaba en algunas de las pancartas, no puede aplicar fácilmente una norma que regula por dónde hay que transitar con patinete, a qué hora se pueden mover los muebles en casa, saltar o gritar o cómo llevar a cabo el reparto de octavillas publicitarias.

El Ayuntamiento es consciente de que es necesario incrementar el número de agentes en la calle, pero eso no ocurrirá hasta finales de enero o principios de febrero, fecha en la que culminará el proceso de reestructuración de la Policía Local. El plan es aumentar el número de patrullas, sobre todo en fines de semana y festivos.

El pasado mes, el Ayuntamiento registró 90 peticiones para desarrollar alguna actividad en la calle. 70 de esas solicitudes corresponden a artistas callejeros y 20 para venta ambulante. Los actores, músicos y mimos son algunos de los que están más molestos con la norma, de ahí que hayan escenificado varias veces "la muerte de la cultura". Cualquier transeúnte puede haberse cruzado en las últimas semanas con varios actores que empujan un ataúd por las calles del centro de la capital.

Dicen que esa protesta ya les ha valido una sanción. "Los permisos habitualmente se conceden sin problema pero no se autoriza si hay saturación en alguna calle determinada, nos constan quejas de algún establecimiento o comenten algún abuso", explica Moral.

Consciente de la dificultad que entraña aplicar la minuciosa ordenanza, el Consistorio pide tiempo para que se adapten tanto los agentes como los ciudadanos. Mientras tanto, casi todo sigue igual.