Empleo investiga irregularidades en siete ERE que subvencionó

La Consejería de Empleo investiga siete Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) cuyas empresas recibieron ayudas públicas autorizadas desde la Dirección General de Trabajo. Empleo sospecha que los ERE incluyeron a personas prejubiladas que nunca trabajaron en dichas empresas, como los casos destapados en la empresa pública Mercasevilla, que supusieron beneficios ilícitos para una trama de al menos 470.000 euros. En paralelo a la instrucción que dirige la juez Mercedes Alaya, la Junta pretende adelantarse y cazar a los intrusos de otros ERE que figuraban como prejubilados gracias a una supuesta red de intermediarios y brokers, según ha destapado la policía. Cuatro funcionarios escudriñan los expedientes sospechosos.

Ahora Empleo presta ayudas a entre 40 y 45 ERE repartidos por la comunidad, de los cuales se benefician unas 3.200 personas, la mayoría por prejubilaciones, según fuentes de la Consejería. Los expedientes que subvencionó Empleo entre 2001 y 2009 no están informatizados y recientemente ha comenzado el recuento de ERE y personas beneficiadas para intentar aclarar los puntos oscuros. Las ayudas fueron autorizadas por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, al que la policía sitúa como cerebro de un sistema fraudulento que él mismo definió como "un fondo de reptiles" para empresas en crisis.

La trama surgida en torno a Guerrero y su amigo y conseguidor Juan Lanzas obtuvo al menos 470.000 euros gracias a los "hombres de paja" e informes de asesoría fantasmas, según destaca la policía. La investigación desvela una tupida red de beneficios millonarios de la que de momento solo asoma la punta del iceberg. El PSOE incoó ayer un expediente de expulsión de Guerrero, informa Europa Press.

A través de la jubilada Carmen Fontela, utilizada por Lanzas y el comercial Francisco González, estos obtuvieron 140.000 euros desde 2005. Mientras, González y Francisco Limón, ambos detenidos en diciembre y luego puestos en libertad, facturaron 63.800 euros por un informe inexistente elaborado para Mercasevilla. Lanzas fue incluido en el ERE de Hitemasa, pese a que nunca trabajó en dicha empresa, y percibió 47.320 euros solo entre octubre de 2009 y noviembre de 2010.

En paralelo, Lanzas percibió 123.000 euros por confeccionar un informe para Mercasevilla. Además, la policía subraya que "de momento" no ha podido precisar la cantidad que cobró el ex sindicalista del Banco Vitalicio. La respuesta de Lanzas a la mayoría de las preguntas policiales fue lacónica: "Lo desconozco". El ex dirigente socialista Antonio Garrido y amigo de Lanzas cobró supuestamente 110.000 euros del ERE de Mercasevilla que le atribuía la póliza, ya que Vitalicio ha acreditado que la cantidad fue abonada.

Existen indicios de que los beneficios ilícitos pueden ser mayores. Entre ellos hay uno llamativo: María José R. A. fue contratada solo dos meses antes de cumplir 65 años y al ser incluida en la póliza con Vitalicio Seguros, pagada por la Junta, percibió 150.000 euros.El sistema de la trama desarticulada por la policía, que incluía una red de mediadores y brokers, era muy versátil en sus formas de pago. "Lanzas cobra sus servicios de mediación de varios modos: emisión de informes, comisiones, cobro de pólizas de seguro cuya prima ha sido abonada por Vitalia, auto-prejubilarse en empresa, etc", destaca la policía judicial en su extenso informe.

Por esta variedad de pagos y ramificaciones de la trama, los investigadores solicitan intervenir toda la documentación de Vitalia Vida y Uniter (las dos corredurías de seguros presuntamente implicadas) para comprobar "en cuántos de estos ERE (...) se han introducido personas ajenas a las empresas para lucrarse, defraudando de este modo a la Administración Pública, que corre con la mayor parte del coste de estas pólizas".

El informe apunta a la ulterior y previsible imputación en el caso de Jesús Bordallo y Antonio José Albarracín, responsables de Vitalia.

El sistema tenía agujeros "difíciles de entender" según los investigadores. Tanto Guerrero como Lanzas mencionaron la conveniencia de recurrir a un mediador para obtener el pago aplazado de las primas a las compañías aseguradoras. "No tiene sentido decir que lo que no puede conseguir la Junta sí lo conseguiría un mero intermediario privado", resalta el informe policial.

Comisión de investigación

El presidente del PP, Javier Arenas, acusó al jefe del Ejecutivo autonómico, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves, de haber permitido la distribución de fondos públicos para el empleo "sin ningún procedimiento administrativo que garantice su legalidad". Arenas dudó del consejero de Empleo, Manuel Recio, quien calificó de falsa la denuncia. "Me cuesta trabajo pensar que no haya enrojecido cuando estaba diciendo esas palabras", afirmó el dirigente del PP, quien volvió a reclamar una comisión de investigación.

A esta petición se sumó el coordinador general de IU, Diego Valderas, para el "esclarecimiento y determinación", en su caso, de responsabilidades políticas.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, negó todos los términos de las acusaciones e insistió en que "si alguien se ha aprovechado de cualquier situación", el Gobierno autonómico es el primer interesado en que se aclare y sea perseguido por la justicia. Sobre la petición de Arenas para crear una comisión de investigación, Moreno dijo que "el PP, una vez más, no persigue la verdad", sino "al Gobierno de la Junta de Andalucía".