Amiguetes y amiguitos

Esteban González Pons afirma que el presidente Griñán se ha gastado "el dinero de los parados en pagar las jubilaciones de lujo de los amiguetes del PSOE".

Nada menos que 700 millones de euros habrían sido desviados hacia los bolsillos de miles de andaluces convirtiendo el llamado caso Mercasevilla en "la mayor trama de podredumbre de la España contemporánea". Es decir, el mayor escándalo de corrupción desde la Revolución Francesa (1789) a hoy. Nada menos que 222 años.

Es lógico que esa "trama de los ERE podridos, nos haga estremecer de asco", concluye ese prodigio de la oratoria que es el vicesecretario de Comunicación del PP.

Mariano Rajoy lo califica de "drama de proporciones monumentales", mientras Javier Arenas, para no quedarse atrás, dice que es "el mayor escándalo de la democracia".

¿Es eso lo que dicen los datos?

El caso arranca en febrero de 2009 cuando dos directivos de Mercasevilla pidieron una comisión a unos empresarios de hostelería a cambio de una subvención de la Consejería de Empleo. Cuando los responsables de la consejería conocieron los hechos, lo denunciaron en el juzgado.

De ese primer caso, surgieron otros tres. El último, la inclusión en algunos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de personas que nunca han trabajado en esas empresas en crisis. Tras detectarse dos falsos prejubilados, la Junta analizó los ERE vigentes. En los 30 supervisados (de los 45 existentes), han descubierto 37 irregularidades.

Nueve personas han sido detenidas hasta ahora por la policía, que les tomó declaración y las dejó en libertad. No han pasado a manos del juez. No hay pues ninguna imputación. Hasta el momento.

Sobre estos hechos, el PP ha montado una serie de burdas mentiras. Algunas son:

Primera mentira: La Junta oculta información. Falso: fue precisamente la Junta la que denunció el intento de soborno y la que ha enviado a la juez Mercedes Alaya los nuevos casos irregulares detectados.

Segunda mentira: Se han repartido 700 millones entre los amiguetes. Falso. Primero: no son 700, sino 647.869.157,45 euros. El dinero, en su práctica totalidad, ha sido recibido por más de 25.000 andaluces prejubilados. Por ahora, solo hay cuatro militantes socialistas implicados. Los falsos prejubilados representan el 0,6% del total.

Tercera mentira: Era un fondo de reptiles sin control. Falso. Los fondos destinados a la ayuda a empresas y trabajadores en crisis son aprobados en el Parlamento y auditados anualmente.

Cuarta mentira: La Consejería de Hacienda actuó ilegalmente. Falso. La Intervención General mostró su desacuerdo con el modelo elegido por la Dirección General de Trabajo para distribuir los fondos. Hay tres maneras de hacerlo, todas legales.

Conclusión: la Junta de Andalucía se enfrenta a un serio problema. Cierto. Tiene que detectar y denunciar ante el juzgado, como ha hecho hasta ahora, todas las irregularidades que descubra. Debió modificar el sistema de gestión de los fondos cuando así lo recomendó la Intervención General en 2005. Lo hizo en 2008.

Pero, ¿es este el mayor escándalo de corrupción de la democracia?

Solo en la Comunidad Valenciana, gobernada por Francisco Camps, a quien tantas veces Arenas señala como ejemplo de buen gobierno, hay implicados (y varios imputados) en casos de corrupción los siguientes dirigentes populares: el presidente Camps, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, quien se autoproclama "el candidato mejor valorado de todas las democracias occidentales"; un ex vicepresidente; dos presidentes de diputación; seis consejeros, una decena de alcaldes, otros tantos concejales...

¿Corruptos estos populares? ¡Que va! Solo son "amiguitos del alma" de un personaje apodado El Bigotes que se ocupaba de su fondo armario.