Más de 300 dependientes se quedan sin atención por un conflicto laboral

La huelga de las trabajadoras que prestan la ayudan a domicilio en Almería ha dejado a más de 300 de personas sin la atención que necesitan desde que el pasado lunes comenzara la protesta laboral. Los servicios mínimos previstos para la huelga tan sólo cubren a 90, las de mayor grado de dependencia, de los 400 usuarios de este servicio del Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP.

"No podemos pagar más de lo que nos ingresa la Junta", dice el gobierno local

"El Ayuntamiento persigue dar salarios mínimos", replica Comisiones Obreras

Las 88 trabajadoras de la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS) exigen que sea esta misma empresa la que proporcione los servicios contemplados en la Ley de Dependencia o bien que la plantilla de trabajadoras sea reabsorbida por la que resulte elegida "respetando la antigüedad y condiciones laborales de la plantilla".

Las trabajadoras temen quedarse sin trabajo a partir del próximo junio, cuando el Consistorio tiene previsto sacar a concurso el servicio previsto en la citada ley y cuya aplicación le corresponde a la Junta de Andalucía. "La intención es sacar a concurso otra empresa y el 60% de nuestros usuarios pasaría a obtener ese servicio. Es decir, el primer año pasarían los grandes dependientes, el segundo año los grandes dependientes de segundo grado y así sucesivamente. Los técnicos de la Concejalía de Asuntos Sociales nos han confirmado que en año y medio sólo quedaríamos el 20% de la plantilla hasta su extinción en el momento en que la ley se aplique a todo el mundo", aseguró la presidenta del comité de empresa, María José Rodríguez.

Pero los motivos esgrimidos por las trabajadoras de FEPAS para convocar el paro van más allá aún. Estas profesionales cobran en la actualidad 16 euros por hora mientras que la Junta ha establecido en 13 euros la retribución por el citado trabajo, por lo que tanto si su empresa fuera la elegida por la Junta el mes próximo o la plantilla fuera absorbida en su integridad por la adjudicataria, dejarían de percibir una buena parte de sus ingresos.

"Todo esto es por el dinero y no por otra cosa. Pedimos que el Ayuntamiento ponga el dinero que falta y no quiere poner la diferencia", explicó Rodríguez.El Ayuntamiento no tiene intención de abonar la diferencia de salario pese a haberlo hecho con la empresa FEPAS, al demostrar ésta que la concesión administrativa no le era rentable. "El Ayuntamiento entiende las reivindicaciones de estas mujeres y que 13 euros la hora es poco dinero. Pero nosotros somos un mero instrumento de la Junta de Andalucía para aplicar la Ley de Dependencia. Ellos estipulan 13 euros la hora y nosotros ejecutamos. No podemos pagar más de lo que nos ingresa la Junta para las horas de la Ley de Dependencia", indicó el edil de Alcaldía.

Los conflictos laborales de estas 88 trabajadoras parecen tener un origen claro en el hecho que la empresa no considera rentable sus actividades. Así, el el pasado mes de marzo el Ayuntamiento aceptó sufragar íntegramente un incremento salarial para la plantilla de FEPAS después de que la empresa adujera que empresa no podía afrontarla.

No obstante, el sindicato de actividades diversas de Comisiones Obreras (CC OO) considera que el "único culpable" de que se haya llegado a esta medida de presión extrema es el Ayuntamiento, al que acusan de incumplir "todas" sus promesas. Para la secretaria regional de este departamento de CC OO, Juana Mansilla, se trata de un asunto que cuenta con dos vertientes, de un lado, el "no cumplimento del convenio colectivo por parte de la empresa" que están sufriendo las trabajadoras y, de otro lado, la aplicación de la Ley de Dependencia que puede poner "en peligro" el puesto de trabajo de toda la plantilla de la empresa FEPAS.

"Sabemos que en junio el Ayuntamiento va a sacar a concurso esta actividad, para que sea una nueva empresa la que lleve la cobertura de la Ley de Dependencia, no sólo está retrasando la aplicación de la ley, sino que además no está teniendo en cuenta lo que ya había".

El sindicato exige que se respeten los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras. "Se basan, sin ningún fundamento, en que no pueden asumir los costes, cuando lo que en realidad persiguen es dar salarios mínimos y que la Junta sea la que asuma todo el coste", remachó Mansilla.

Por su parte, el delegado de Igualdad y Bienestar Social en Almería, Luis López, indicó que la Junta no está obligando al Ayuntamiento a "asumir" el convenio y que no existe implicación de la Consejería en el tema. "Es un conflicto entre unas trabajadoras con las que yo no tengo nada que ver ni ellas tienen nada que ver conmigo. No soy responsable de aceptar un convenio. Tampoco soy responsable de sacar a concurso una nueva concesión para un mismo servicio. La ayuda a domicilio no se crea ahora y no estamos suprimiendo la financiación anterior para poner otra. Yo no sé qué quieren de mí ni qué puedo yo hacer", concluyó.