Las propiedades de la Iglesia
La Iglesia antepone sus reclamaciones inmobiliarias a sus obligaciones evangélicas
Puede parecer una cuestión menor. Incluso, una simple anécdota. Pero no lo es. La Iglesia Católica probablemente sea el más importante propietario inmobiliario del país, más incluso que algunas de las empresas del sector de la construcción, que en los últimos años adquirieron considerables cantidades de suelo para ubicar sus promociones urbanísticas.
En Galicia hay unas 3.800 parroquias y en todas, aunque ahora puedan estar fuera de uso, existe una edificación o al menos un terreno sobre el que otrora se erguía una sede parroquial o casa rectoral. Todo ello, dejando aparte los templos u otros lugares de uso exclusivo para los oficios religiosos. Contaremos sólo las edificaciones habilitadas para vivienda del clero y los terrenos, normalmente anejos, en los que pueden haberse construido locales para el desarrollo de diversas actividades (los antiguos teleclubs, sedes para las asociaciones de vecinos o servicios sociales diversos), o "campos" en los que se celebran ferias o romerías. En algunos casos también el cementerio ocupa un terreno que es propiedad de la Iglesia, pero tampoco lo contaremos. Con todo lo demás, y aunque sea no difícil pero si complejo hacer el cálculo, estamos hablando de varios millones de metros cuadrados. Quizá unos seis o siete millones en total.
Es cierto que no todos esos terrenos son edificables ni, por lo tanto, todos ellos tienen el mismo valor mercantil. Pero en muchos de los casos sí que, por su ubicación siempre central en la aldea, son de importancia relevante para la "calidad residencial" de ésta. Frecuentemente, esas ubicaciones son el único o principal espacio común para la realización de actividades sociales, y el carácter de las edificaciones que existen en su entorno, entre las que ahora sí que debemos incluir los templos, ermitas y cementerios, marca la identidad arquitéctónica y cultural del núcelo poblacional. Son el santo y seña del pueblo. Su huella histórica más perenne.
Pero suelen ser propiedad particular de la Iglesia Católica. Aunque no siempre tengamos constancia de los medios de que ésta se haya valido para hacerse con ella, sí que consta su asignación a la misma. Siempre. Y hemos conocido, además, repetidas veces, cómo los obispos se afanan en no dejar cabos sueltos en esta cuestión. Del último caso que se dio noticia en las páginas de este periódico el pasado 17 de octubre, sonde se contaba el litigio que existe entre los vecinos de la parroquia de Rivadulla, en Santiso, y el obispo de Lugo, por dilucidar qui?wen es el verdadero propietario de un terreno anejo a la iglesia parroquial.
Y vean ustedes cuánta importancia da el antedicho Obispado a cosas mundanas como ésta que no duda, en castigo de la terquedad de que dan muestra los vecinos reafirmando sus derechos - jurídicamente poco discutibles, por cierto- que no duda en suspender las actividades religiosas en el templo parroquial, e incluso retirar de él los elementos más simbólicos de su condición sagrada. ¡O me dais las tierras u os quedais sin Dios!
No sólo me parece un despropósito que la Iglesia Católica anteponga sus reclamaciones inmobiliarias a sus obligaciones evangélicas -como aquellos fariseos a los que Jesús expulsó del templo a latigazos-, sino que he de decir que también lo es que casi todo ese inmenso patrimonio se halle en un estado de aprovechamiento calamitoso. En el mejor de los casos, entregado en arrendamientos ínfimos; más frecuentemente aún, comido por la maleza y en avanzada ruina.
Y me sorprende la ruda contestación del Obispado lucense a los vecinos de esa parroquia, como antes se ha dado a otras, sabiendo que ese patrimonio descuidado fue levantado y sólo es atendido, cuando su deterioro es extremo, por los propios vecinos o los poderes públicos, que ellos sostienen con sus impuestos. Aunque también es cierto que me seguiría sosprendiendo la actitud de la Iglesia Católica aunque todo esto no fuese cierto, como lo es, por el mero hecho de que ella se haya dado a sí misma una personalidad jurídica -a la que asigna incluso derechos de propiedad- en la que no están incluidos sus fieles, como parte principal de la propia Iglesia.
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