El juez interna seis meses a una niña mientras decide su custodia
Los padres se denunciaron mutuamente en varias ocasiones
Una niña de nueve años lleva seis meses en un centro de menores esperando que la justicia decida sobre quién se encargará de su custodia. Los padres declararon ayer en los juzgados de Vigo, donde el caso quedó visto para sentencia. La niña ingresó en julio en el centro de Mensajeros de la Paz, en principio, como medida cautelar, por un periodo de 21 días que se han alargado hasta hoy. La decisión la motivó el incumplimiento del régimen de visitas por parte de la familia materna, según explicó la progenitora, Pilar Quinteiro, a la agencia EFE.
En la puerta de los juzgados denunció que su hija no quiere estar con el padre porque éste abusó sexualmente de ella. Quinteiro presentó entre 2004 y 2007 cinco denuncias fundamentadas en esos supuestos abusos, todas acompañadas por informes médicos. Pero todas fueron desestimadas. El hombre denunció a su ex pareja por la vía penal, por supuestas falsas acusaciones contra él y por el incumplimiento del régimen de visitas.
Denuncias de la madre por abusos contra su ex pareja fueron archivadas
Ni el padre ni su representación legal quisieron hacer declaraciones ayer en los juzgados de Familia de Vigo.
Para Pilar Quinteiro, quien sale perdiendo con esta situación es la menor, que lleva seis meses interna. Cree que la medida adoptada por el juez -el ingreso provisional en un centro- iba destinada a castigarla, porque solo le permiten una visita de una hora a la semana, "pero a quien están castigando realmente es a la niña", denunció.
Recordó que en 2004, cuando la niña tenía tres años, empezó a sospechar de abusos sexuales del padre por "comentarios y comportamientos raros" que hacía la menor. Fue al año siguiente cuando detectaron lesiones en genitales y el ano que fueron recogidas en diversos informes médicos. La madre responsabiliza a una forense del Juzgado de Primera Instancia de Vigo de "coaccionar", a sus compañeros para que "hicieran la vista gorda" sobre su caso, ya que las denuncias fueron siempre archivadas.
El Instituto Campus Stellae, una organización formativa con un área dedicada a la violencia de género que sigue el caso, cree que se han cometido una serie de "errores procedimentales" y lo ha puesto en conocimiento del Valedor do Pobo y del Consejo General del Poder Judicial. La organización reclama que sean profesionales especializados los que sigan estos casos.
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