El gobierno de Vigo reconoce ahora que no sellará los vertidos al Lagares

El pasado 6 de octubre, el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciaban que clausurarían entre 15 y 22 desagües al río Lagares en una política "estricta" contra las empresas contaminantes. El plazo que se dieron para hacerlo fue de 15 días. Ahora, los técnicos se han dado cuenta de que los colectores sirven para evacuar aguas pluviales y no se sellarán, a menos que se detecten vertidos contaminantes. Es más, de la "tolerancia cero" se ha pasado a un mensaje mucho más suave, para tratar de encontrar soluciones "amistosas" con las empresas en un marco "no sancionador".

El portavoz municipal, el socialista Carlos López Font, explicó ayer que esta labor la está llevando a cabo una "patrulla medioambiental" formada por una docena de policías municipales y dos técnicos de Aguas de Galicia, que lleva un mes recorriendo el cauce del río para elaborar un censo. El ayuntamiento reconoce que, hasta que no tuvo en sus manos esa relación de industrias, su desconocimiento sobre el número de fábricas instaladas en la zona era "total y absoluto", y culpa a gobiernos anteriores, en especial al del Partido Popular, de no haber hecho los deberes.

La administración local no sabe aún cuántas empresas hay junto al río

La "patrulla" ha visitado 114 empresas y ha recogido muestras que se analizarán en el laboratorio municipal. De paso ha recomendado a cada pyme que "se ponga al día" en sus obligaciones medioambientales. Muchas de esas empresas se han dirigido a gestorías para regular su situación. Y eso es todo.

La negativa del ayuntamiento vigués a sancionar las irregularidades se basa, según el equipo de gobierno, en que, hasta el próximo mes de noviembre, no se actualizará el importe de las multas reguladas en la ordenanza municipal de Medio Ambiente, de 1994. Esa disposición "recoge sanciones máximas de 90 euros", cantidad poco disuasoria para los infractores. Con la nueva redacción, las multas podrían llegar a los 3.000 euros e incluso se contempla el cese de actividad. Para López Font, "ha sido un primer aviso" ante el "desconocimiento generalizado" que la patrulla, dirigida por el oficial Julio Casal, ha detectado.

La abundante legislación medioambiental a la que las empresas están sometidas dificulta, según reconocen las propias organizaciones empresariales, la adaptación de las pymes. De manera simplificada, cada industria tiene que catalogar sus propios residuos y encargarse de su adecuado tratamiento a través de un gestor autorizado, normalmente, una empresa externa. "Una bombilla o la tinta de la impresora, por poner dos ejemplos, son desperdicios que no se pueden depositar en un contenedor", señalan desde el departamento de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio de Vigo.

Pero el problema de vertidos al río Lagares también se extiende a muchas viviendas. El concejal López Font reconoce que en la propia desembocadura, cerca de la playa de Samil -un arenal en el que cada año ondea la bandera azul-, un importante bloque de apartamentos construidos en 1967 sigue sin estar conectado a la red municipal de saneamiento.