El fiscal pide 13 años para un funcionario por narcotráfico

Daniel Meaño Cores, funcionario de la Diputación de Pontevedra, Javier Fernández, guardia civil destinado en Galdakao (País Vasco) y Javier González, cabo de la Armada en Ferrol, integraban presuntamente una red dedicada a la venta y distribución de cocaína hasta que fueron detenidos en abril del pasado año en una operación que dirigieron las unidades policiales de Udyco y Greco de Galicia.

El primero, vecino de Ribadumia, se enfrenta a una condena de hasta 13 años y medio de prisión y los otros dos a 11 por un delito contra la salud pública, penas que solicitará en su informe de acusación el fiscal del caso, Marcelo Azcárraga, que ha pedido la transformación de la causa en sumario. La investigación ha podido constatar que Meaño Cores, de 28 años, operaba como presunto distribuidor en el tráfico de cocaína hace al menos 5 años. Era operario de fontanería del organismo provincial y del complejo hospitalario Principe Felipe desde 2005, contratado por el propio presidente Rafael Louzán y primo de su mujer.

El cabo de la Armada, vecino de Vilanova de Arousa, hacía de intermediario y vendía sustancias estupefacientes a toxicómanos. El guardia civil fue contratado por una red de vendedores radicada en el norte de la Península para recoger y pagar la mercancía y se cree que era la primera vez que operaba para ellos.

Redada

Las actividades continuadas de los detenidos en el narcotráfico fueron descubiertas a raíz de una redada policial en la que fueron arrestadas otras 6 personas, compradores habituales de ambos.

En los registros que realizó la Policía en el domicilio de Daniel Meaño se intervinieron 175.000 euros, una máquina de contar dinero así como agendas de contactos. En total se incautaron 18 teléfonos móviles y 4 vehículos que utilizaban para el transporte y distribución de droga.

La jueza de Vilagarcía acordó la libertad bajo fianza para los tres detenidos. El primero en salir fue Meaño, tras depositar 90.000 euros, mientras que el cabo y el guardia estuvieron más de ocho meses en prisión preventiva hasta que pudieron hacer frente a los 45.000 euros como garantía de su excarcelación. Los tres fueron suspendidos de sus respectivos empleos, si bien el expediente disciplinario incoado al guardia civil y al cabo está paralizado a la espera de una sentencia judicial que confirme su implicación en los hechos.