El favorito para Obras Públicas fue fichado por la firma a la que adjudicó

El diputado popular Agustín Hernández, uno de los dos representantes del futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión que negocia el traspaso de poderes, y principal candidato a conselleiro de Obras Públicas en la nueva Xunta, fue fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas. Sólo un año antes, Hernández había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros, desde la Dirección Xeral de Obras Públicas, en el último Gobierno de Manuel Fraga.

Según consta en el Registro Mercantil, Hernández fue fichado por el grupo constructor Puentes y Calzadas en septiembre de 2006, 13 meses después de que el bipartito lo removiese de su cargo el 18 de agosto de 2005. Ese mismo año, el departamento de Obras Públicas que dirigía Hernández había otorgado al menos dos contratos a Puentes y Calzadas. Tal y como figura en el informe de licitación pública, la Consellería de Política Territorial que entonces presidía Feijóo, también vicepresidente primero de aquel Gobierno, adjudicó al grupo constructor una infraestructura por 19,6 millones de euros.

La autovía del Salnés se adjudicó a cinco días de las elecciones de 2005

Un decreto prohíbe ahora a los altos cargos trabajar en el mismo sector

Además, cinco días antes de que se celebraran las elecciones que desalojaron al PP del poder, el 14 de junio de 2005, Política Territorial falló el concurso por el que encomendaba a Puentes y Calzadas, en UTE (unión temporal de empresas) junto a Copasa y Caixanova, el desdoblamiento de la polémica vía rápida del Salnés, a cambio de 40,2 millones de euros. La ejecución de la obra correspondió ya al bipartito, que la inauguró en julio del año pasado. Durante las próximas tres décadas, la Xunta deberá abonar a la unión temporal de empresas -en la que Puentes tiene un 30%- un canon proporcional al tráfico de la vía, siguiendo la fórmula de peaje en la sombra, para financiar la infraestructura.

Ya fuera del Gobierno gallego, a finales de 2005, Agustín Hernández pasó primero por la constructora de Pontevedra Sercoysa, en la que ejerció durante algunos meses como "director de construcción", según él mismo confirmó ayer a este periódico. Un año después de abandonar la Xunta, se incorporó como consejero a Inversiones Prethor SL, una filial recién constituida de Puentes y Calzadas [propietaria del 75% de las acciones y con el mismo domicilio social] dedicada a la "fabricación, distribución y venta de elementos prefabricados, vigas, bancadas, utillajes, así como a la financiación de empresas".

De acuerdo con la documentación que figura en el Registro Mercantil, el ex director general de Obras Públicas en el Gobierno de Fraga permaneció como cargo directivo en el grupo constructor desde el 12 de septiembre de 2006 hasta el 28 de marzo de 2008. En esa fecha regresó a la vida pública de la mano del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, quien lo rescató como director de infraestructuras en el departamento de vías y obras de la institución provincial.

Hernández seguía en ese cometido hasta que, en enero de este año, Feijóo se volvió a acordar de él y lo incorporó a la candidatura por Pontevedra en el puesto número 11. Durante la campaña electoral, Hernández representó al PP en los debates sobre infraestructuras programados por distintos medios de comunicación.

Tras la victoria el 1 de marzo, se ha convertido en látigo del ejecutivo saliente sometiendo a un riguroso marcaje a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, a quien acusó en múltiples ocasiones, la última ayer, de "vaciar las arcas de la Xunta para atar de pies y manos" al futuro gobierno de Feijóo.

Al contrario de lo que sucede en la actualidad, la ley autonómica de incompatibilidades no establecía en 2006 -cuando Hernández dio el salto al sector privado y fichó por el grupo Puentes- ninguna limitación para que los altos cargos de la Administración se incorporasen a las empresas con las que habían tenido tratos en el Gobierno. La normativa estatal sí prohíbe expresamente desde 1995 a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, delegados del Gobierno y a otros cargos institucionales realizar, "durante los dos años siguientes a su cese, actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo". El texto legal no establece restricciones a los responsables de las administraciones autonómicas. El vacío vino a cubrirlo el bipartito con un decreto aprobado el 4 de septiembre de 2008, que prácticamente calca la ley estatal y obliga a los altos cargos de la Xunta a esperar al menos 24 meses para incorporarse a empresas del mismo sector en el que trabajaron desde las instituciones. El decreto no tiene efectos retroactivos, pero sí impide a los altos cargos que están a punto de abandonar la Administración tomar el camino de vuelta al sector privado que siguió Hernández hace tres años.