La Xunta descarta otro gran concurso eólico tras anular el del bipartito

Borrón y cuenta nueva. El gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha echado por tierra cuatro años de gestión de la Xunta bipartita en la energía del viento. Y, lo más curioso, ninguno de los grupos empresariales cuyos proyectos ya se habían admitido a trámite ha levantado la voz para hacer la más mínima queja al anuncio de anulación del concurso eólico. En el camino quedarán los 25 proyectos para instalar 2.235 megavatios de potencia, un millar de aerogeneradores, inversiones de 5.000 millones de euros y la promesa de 3.000 puestos de trabajo.

El proceso volverá a comenzar, porque además de suspender el decreto eólico, plan estrella del ex conselleiro del BNG Fernando Blanco, el departamento de Economía e Industria presentará un anteproyecto de Ley que dará paso a nuevas concesiones administrativas, pero no a través de un gran concurso, sino parque por parque. Con esta fórmula, la Xunta quiere asegurarse de que un recurso no pueda paralizar de golpe todas las adjudicaciones.

Economía espera recaudar 600 millones con un nuevo impuesto

"De haber seguido adelante, la penalización que hubiera pesado sobre Galicia nos hubiera hipotecado de una forma muy grave en el futuro, por eso queremos dotarnos de las herramientas jurídicas", señaló el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra. Sus argumentos se sustentan en la supuesta inconstitucionalidad del decreto de Blanco a raíz de un informe jurídico que encuentra dos puntos negros en la norma anterior: la participación pública en el capital de las empresas eólicas, que "atenta contra la libertad de empresa recogida en la Constitución" y el hecho de que no garantice que las adjudicatarias cumplan sus planes industriales.La anterior consellería del BNG había establecido en el baremo del concurso una prima para las empresas dispuestas a ceder una participación a la Xunta. De este modo, la Administración se había garantizado el 14% de los dividendos que generarían los nuevos parques. El PP entiende que ese requisito es ilegal por vulverar el principio de libertad de empresa. El conselleiro Guerra aseguró, sin embargo, que la Administración saldrá beneficiada ya que se implantará un canon por el que espera recaudar 600 millones de euros en un año y además se creará un fondo de compensación para los municipios que acojan molinos.

Al rechazo a que la Xunta participe en el capital de las empresas eólicas, Economía añade que en el anterior concurso los parques se decidieron sin que las conexiones a la red eléctrica estuviesen garantizadas. Además alega que el decreto del BNG vulnera una directiva comunitaria que exige que éstas se otorguen a través de autorizaciones administrativas y no como concesiones.

El director de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, negó que la anulación vaya a suponer un freno a la carrera por las primas a la producción de energía limpia que otorga el Gobierno central, el verdadero incentivo del concurso. Muy al contrario, afirmó que "en estos momentos el marco retributivo es incierto y no se ha perdido nada". Tampoco reconoce que un nuevo proceso haga perder tiempo: "La Ley se tramitará con urgencia y podría aprobarse en el Parlamento en diciembre de este año". Con este calendario, Economía prevé que las nuevas autorizaciones administrativas se concedan en la segunda mitad de 2010.

Las grandes eléctricas, muy críticas con el concurso eólico y apartadas del reparto anterior, pueden ser las grandes beneficiadas con esta revisión. De hecho, las declaraciones de Tahoces, en las que expresaba su confianza de que las nuevas medidas vayan a "pacificar el sector", pueden leerse como un guiño a las firmas que siempre defendieron que la eólica era cosa de grandes grupos energéticos, y no de consorcios ajenos a su explotación. Ayer Feijóo reforzó lo que desde la oposición fue su principal caballo de batalla al asegurar a la Cadena SER que no quiere "especulaciones en el sector", sino que pretende blindar las concesiones "para que las empresas no vengan a especular a Galicia, sino que se queden". En estos momentos el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene sobre la mesa tres recursos que quedarán sin efecto. Lo mismo ocurrirá con las 55 reclamaciones administrativas. Aunque está por ver si este giro no provoca una ola de recursos de los grupos cuyos planes fueron admitidos a trámite en diciembre. "Toda actividad administrativa está abierta a que se pida una responsabilidad patrimonial si causa prejuicios injustificados a los administrados. En este caso los administrados no tienen concedido ningún derecho; han pasado una selección, para caminar hacia un nuevo proceso que sí les reconocerá un derecho", dijo Tahoces. "La única compensación [que podrían reclamar] serían los gastos incurridos por parte de los promotores en elaborar los proyectos. Pero también esto es matizable, porque los proyectos que ya están hechos, con muy pocas rectificaciones, podrán aprovecharse para presentarse a nuevos concursos".

Sobre los nuevos parques, el PP pretende hacer importantes modificaciones, como que la titularidad se pueda transmitir cuando entren en funcionamiento, y no a los cinco años, como exigía el bipartito. La patronal del sector eludió ayer pronunciarse sobre la reforma, pero fuentes empresariales creen que el nuevo impuesto es una contradicción si se tiene en cuenta que la energía eólica recibe subvenciones públicas.