La Xunta "abdicó de su responsabilidad de gestión prudente" en la Cidade da Cultura

El Consello de Contas, en un informe remitido al Parlamento de Galicia, detecta "importantes deficiencias" de planificación y programación en el proyecto de la Cidade da Cultura. El órgano fiscalizador denuncia la indefinición arquitectónica, la "subestimación de la complejidad y dimensión económica de las obras" y la indefinición de los contenidos del complejo, cuyo coste estimado ya supera los 373 millones, el triple de lo previsto. El Consello afirma que la Xunta "abdicó de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos" en favor del arquitecto que ganó el concurso.

Contas sostiene que la Administración, en vez de velar por los intereses de los ciudadanos, dio preferencia a "asegurar las condiciones materiales precisas para el desarrollo de un proceso creativo de una arquitectura singular cuyo coste final sería determinado en última instancia por el arquitecto ganador del concurso", el norteamericano Peter Eisenman.

La Xunta de Fraga le permitió desvincularse de las bases del concurso "para acabar los proyectos de su obra con total libertad presupuestaria", un hecho que "podría suponer una alteración de las condiciones de igualdad en las que concurrían todos los participantes en el concurso de ideas".

El informe del Consello de Contas da cuenta de numerosas "deficiencias" que afectan tanto a los antecedentes del proyecto como a su planificación, programación, financiación y fiscalización. Por esa razón, el organismo encargado de auditar la contabilidad pública de Galicia recomienda a la Fundación de la que depende la Cidade da Cultura la "implantación de una planificación y programación" que fije "objetivos temporales y económicos concretos" en relación con la conclusión de las obras y la puesta en funcionamiento de la oferta cultural del complejo.

Contas propone también la realización de estudios para evaluar por anticipado los costes de mantenimiento de la Cidade da Cultura, así como de la puesta en funcionamiento y explotación de los servicios culturales que ser vayan a ofrecer.

Esos estudios, señala el informe, son necesarios para programar el impacto que el complejo tendrá sobre los Presupuestos de la Xunta y asegurar su viabilidad económico financiera.

Contas asegura también que la Fundación debería incrementar su control sobre el conjunto, porque la externalización de la ejecución del proyecto ha dado lugar a "severas desviaciones presupuestarias" en la fase de proyecto y en la de ejecución de las obras. También, subraya Contas, debería elaborarse "un modelo de gestión", así como hacer una "rigurosa evaluación de los contenidos y servicios en relación con su demanda real, costes de funcionamiento y su utilidad social y cultural con el fin de justificar el empleo de fondos públicos de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y economía".

Entre otras muchas recomendaciones, el Consello aconseja "una diversificación de fuentes de ingresos alternativas", así como redactar planes de viabilidad para cada unidad de actividad diferenciada, haciendo costas estimaciones de ingresos, gastos y resultados.

Problemas desde el inicio

Los problemas detectados por el Consello de Contas empiezan en el fallo del jurado del concurso internacional de ideas, cuya motivación, en opinión del organismo fiscalizador, "resulta excesivamente concisa" como para "asegurar los principios de objetividad y transparencia".

El informe también dedica varios apartados a dar cuenta del incumplimiento de la planificación temporal para redactar el proyecto y a la ampliación generalizada de los plazos de ejecución (en algunos casos hasta 40 meses) sin que exista ninguna justificación más allá de la "falta de rigor en la planificación inicial del proyecto básico", que pudo subestimar el grado complejidad técnica de las obras, así como la aparición de "serias restricciones presupuestarias".

La indefinición general del proyecto de la Cidade da Cultura no sólo dificulta evaluar tanto los costes de construcción como de puesta en funcionamiento y mantenimiento del complejo, sino que constituye "un impedimento objetivo para la gestión y obtención de posibles fuentes de financiación externas alternativas de fondos comunitarios y del sector privado".