Vía libre a las 3.000 viviendas ilegales construidas en la costa de Barreiros

En la rueda de prensa del último Consello de la Xunta, Feijóo tuvo tiempo para detallar hasta un informe de actividades de la Fundación Illa de San Simón. Se le quedó en el tintero una de las decisiones más importantes que acababa de adoptar su Gobierno: la retirada de 21 recursos judiciales presentados por el anterior Ejecutivo gallego contra otras tantas promociones ilegales en el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el PP, lo que supone el desbloqueo definitivo de 3.174 viviendas levantadas en zonas que carecían del menor servicio. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, completa así el tenaz camino emprendido para la legalización de unas viviendas de las que cientos de ellas ya han sido declaradas ilegales.

La legalización afecta a 3.174 casas en un municipio de 3.200 habitantes

La retirada de los 21 recursos, que se corresponden con otras tantas promociones inmobiliarias, confirma la existencia de un acuerdo de Agustín Hernández con la asociación de promotores de la localidad lucense, cuyo presidente aseguró contar con el compromiso del conselleiro para la retirada del recurso antes de agosto. Los responsables de las promociones tenían prisa para intentar vender los pisos en agosto, un mes clave en el negocio por la visita de turistas a A Mariña de Lugo.

La retirada de los recursos no fue mencionada en la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo ni apareció en la reseña de los acuerdos que la Xunta cuelga después de cada Consello en Internet. Fuentes de la Consellería de Territorio negaron que esa omisión tuviese voluntad de silenciar la retirada de los recursos. "Son actos jurídicos rutinarios de los que no se acostumbra a informar", afirmó un portavoz del departamento.

Con intención o sin ella, lo cierto es que la retirada de los recursos culmina dos años de esfuerzos de la Xunta para desandar el camino que emprendió el Gobierno bipartito en 2006, cuando suspendió las normas urbanísticas de Barreiros ante la autorización municipal en menos de un año de 5.800 viviendas en un ayuntamiento de apenas 3.200 habitantes. Después de tomar esa decisión, la Xunta de Emilio Pérez Touriño emprendió a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) un contencioso contra la autorización de licencias en zonas sin servicios básicos, como abastecimiento y saneamiento de agua o infraestructuras viarias.

La Consellería de Territorio considera la retirada de los recursos parte del "proceso lógico" después de que se aprobara la memoria ambiental del proyecto sectorial urbanístico de la zona. Este documento se desarrolló después de que Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Barreiros firmaran un convenio por 14 millones de euros para dotar a las zonas afectadas de los servicios que impiden su consideración de solar, por lo que los juzgados las consideran en sus primeras sentencias suelo no urbanizable. De acuerdo con la ley, esas obras deberían correr a cargo de los promotores inmobiliarios.

Dicha memoria ambiental da por buena la previsión, incluida en el plan sectorial, de que en plena crisis demográfica y del sector inmobiliario, el Ayuntamiento de Barreiros multiplique su población por siete, para pasar de sus 3.200 habitantes a 23.500. Para hacer ese cálculo, el plan tiene en cuenta las propias viviendas objeto de la polémica.

La actuación del conselleiro Agustín Hernández en el caso de Barreiros provocó su denuncia ante el fiscal por parte de la asociación Adega, que le acusa de prevaricación y de delito contra la hacienda pública. Con el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración renuncia a la cesión obligatoria del 10% y asume costes de urbanización que deberían ser asumidos por los promotores. Adega calificó el plan de "recalificación encubierta" del suelo, lo que implicaría "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a los que se les permite triplicar la edificabilidad de sus terrenos.