Orden de busca y captura judicial contra el capo fugado Pelopincho
La Audiencia y los fiscales quieren celebrar el juicio por blanqueo en junio
La Audiencia de Pontevedra cursará orden de busca y captura contra el narcotraficante gallego José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, de 51 años, después de dos meses de infructuosa búsqueda por parte de la Policía Judicial como principal imputado en el proceso por blanqueo de al menos 15 millones de euros, según confirmaron fuentes judiciales. La requisitoria de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se produce semanas antes de que este tribunal fije la fecha de la vista oral en el que iba a ser juzgado Pouso Rivas, por delito continuado de blanqueo y tenencia ilícita de armas, y para el que los fiscales de Delitos Económicos y Antidroga de Pontevedra habían solicitado una condena de más de seis años de cárcel y multas superiores a los 46 millones de euros.
El 'narco' desapareció en noviembre y su familia denunció su posible secuestro
Esta es la segunda orden internacional de búsqueda que se cursa contra Pelopincho, un camarero de Ribeira, detenido en 1993 como tripulante del mercante nodriza Oakleigh. El rastro de Pelopincho se esfumó en noviembre del pasado año, a raíz de quedar en libertad en aplicación de la polémica doctrina del Tribunal Constitucional del doble cómputo de la prisión preventiva que quedó sin efecto con la reciente reforma del Código Penal. Su ingreso en prisión se produjo en 2004 en el contexto del primer proceso contra el blanqueo que se instruyó en Galicia, cuando Pelopincho llevaba casi seis años en busca y captura, con dos condenas por narcotráfico a sus espaldas. Tras cumplir la tercera parte de una de ocho años, fue excarcelado y sin fianza.
La familia del capo llegó a denunciar su posible secuestro, incluso su muerte probable, víctima de un ajuste de cuentas, pero los investigadores no le han dado credibilidad. Dados sus antecedentes, tanto la Policía Judicial, como magistrados y fiscales, se inclinan más por la hipótesis de que se trate de una argucia para zafarse del proceso sin que la Policía le siga los talones sine die.
Con el principal cerebro de esta trama económica declarado en rebeldía, ahora ya son dos los fugados en este proceso. Cinco años antes hizo lo mismo el abogado de Pontevedra y asesor en las operaciones de blanqueo, Manuel Blanco Argibay, tras quedar en libertad condicional y después de retirar de un banco portugués 1,2 millones que estaban a nombre de sus hijos menores de edad. El letrado se enfrentaba a la misma condena que Pouso Rivas aunque pagó una fianza de dos millones de euros.
La desaparición del narcotraficante abre un paréntesis en su largo e insólito historial en el tráfico de drogas y supone un nuevo traspiés en este complejo proceso que se instruyó en el juzgado número 2 de Caldas, tras una paciente investigación de la Guardia Civil. De hecho, a la incomparecencia de los dos principales acusados se sumó recientemente el fallecimiento de la madre de Pelopincho, también imputada como presunta testaferro de parte de sus bienes.
En el banquillo se sentarán ahora 31 personas, la mayoría familiares, compañeras sentimentales y allegados del narcotraficante que figuraban como propietarios del enorme patrimonio que fue intervenido. Los dos fiscales encargados del caso han tratado, sin éxito, de alcanzar acuerdos de conformidad con todos los abogados antes de la celebración del juicio. Fuentes del Ministerio Fiscal adelantaron que las negociaciones se están retrasando porque varios de los acusados aún no han sido localizados por sus abogados y porque algunos han rechazado el acuerdo que supone el reconocimiento previo del delito a cambio de una rebaja penitenciaria, según contempla el nuevo Código Penal. Aunque aún no hay fecha de juicio, tanto la sala como los fiscales pretenden que se celebre en junio con o sin acuerdos. Si se esperaba que fuera rápida, ante el elevado número de imputados, este contratiempo podría convertir la vista en larga y tediosa, e incluso requerirá habilitar una sala especial.
La mayoría se enfrentan a penas de cuatro a seis años por delito continuado de blanqueo de capitales y multas que suman 144 millones. También serán juzgados dos directivos de la entidad de inversión Arte y Naturaleza.
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