Medio Rural activa la entrada de capital privado en los montes

La ley de montes que prepara la Xunta pretende acabar con la fragmentación de la propiedad en Galicia, a través de una nueva figura societaria que una a los propietarios para explotar sus tierras. El sistema permitirá también la entrada de capital privado en estas tierras, tradicionalmente en manos de pequeños propietarios. Pequeños y numerosos, porque los casi dos millones de hectáreas de suelo de uso forestal en Galicia están repartidas entre 670.000 dueños privados. Menos de un 5% pertenece a administraciones públicas.

La Consellería de Medio Rural parte de que un monte así "no se puede gestionar, es inviable", como explica su titular, Samuel Juárez. En esta idea coinciden las empresas relacionadas con el sector de la madera, que ven cómo el precio del producto se encarece porque los dueños no venden -no es una actividad económica principal para casi ningún propietario-, porque en parcelas tan pequeñas no es posible conseguir un certificado de gestión forestal o porque, simplemente, es más costoso llegar al terreno con la maquinaria que el beneficio que sacan de la madera.

Dos millones de hectáreas forestales se las reparten hasta 670.000 dueños

La idea de Medio Rural es que la figura societaria agrupe a propietarios para que, con ayuda inicial de la Xunta, puedan llevar a cabo una gestión conjunta. El papel de la Administración es fundamental para la investigación de la propiedad de las parcelas, averiguar de quién son, un proceso similar al que se hace en la concentración parcelaria, explica Juárez. En caso de que algún propietario no quisiese integrase en esta agrupación, se "movería" su parcela hacia el exterior del terreno que se va a agrupar, para que los otros propietarios sigan con el proceso. "Hay gente que tiene parcelas que no saben ni dónde están, ¿es mejor eso o tener una participación en una empresa?", se pregunta el conselleiro. El empujón inicial de la Xunta se concretaría en ayudas para arreglar los accesos a la propiedad o crear puntos de agua, así como subvenciones iniciales debido a que los rendimientos de la madera se alcanzan a muy largo plazo.

Las empresas del sector forestal podrán también convertirse en socias y aportar capital. "Conocen el sector y pueden canalizar las zonas más interesantes", defiende Juárez. "Hay grupos de inversión que están dispuestos a participar", confirma el presidente de la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Galicia (Fearmaga), Elier Ojea, que explica que "no hay madera" porque no hay consenso entre los propietarios. Sin embargo, para el BNG esta fórmula supondría en la práctica, "desposeer" a la gente de sus parcelas de monte. "Esa es la filosofía de Medio Rural de crear riqueza, pero no para las personas sino para las grandes empresas", critica la nacionalista Tareixa Paz, portavoz de la materia en el Parlamento. "No lo entiendo", replica Ojea, "parece que estamos hablando de un vergel, pero el monte está abandonado, la inmensa mayoría está llena de maleza y no tiene rendimiento". Con esta figura en la ley, la Xunta pretende que la gestión de los montes gallegos atraiga también a compañías que aseguren el monte y lo conviertan en planes de pensiones que se invierten, a muy largo plazo, en madera.

Con Alfredo Suárez Canal como conselleiro del ramo en el bipartito, el BNG impulsó la creación de Unidades de Xestión Forestal (Uxfor), una figura similar pero "que no era un auténtico proyecto de explotación común", indica Juárez, que sí le ve validez para temas como el cuidado del monte y en la defensa contra el fuego. De otra forma lo plantea Paz, que cree que sí beneficiaba directamente a los pequeños propietarios.

En conversaciones con las cajas gallegas, en su momento, el bipartito planteaba que las entidades adelantaran los beneficios de la madera para motivar a la gente a hacer inversiones y que no tuvieran que esperar muchos años para ver el rendimiento. Ojea considera que las Uxfor pusieron encima de la mesa medidas encaminadas a conseguir que se agruparan los propietarios pero que, en la práctica, "no llegaron a salir adelante por problemas en la titularidad de la propiedad".

En tema de montes, la Xunta también está pendiente del Gobierno central. La ley estatal cuenta con una disposición transitoria que aún no ha desarrollado sobre la fiscalidad que se aplica a las propiedades de montes. Medio Rural, que está a la espera de que se resuelva antes de aprobar su propia normativa, insiste en Madrid para que se ponga en marcha y los propietarios que formen parte de la nueva figura asociativa se puedan beneficiar de una fiscalidad "especial", que "tenga en cuenta las especiales características de la inversión forestal, con plazos de beneficio muy largos".