Medio Ambiente acepta una mina a 50 metros del parque natural del Eume

La Consellería de Medio Ambiente acaba de darle un gran empujón a un viejo proyecto para extraer andalucita del monte Fontardión, en la parroquia pontesa de Goente, a 50 metros del parque natural de las Fragas del Eume. La andalucita es un mineral muy codiciado por sus propiedades refractarias que se emplea para fabricar ladrillos y cerámicas muy resistentes. Detrás del yacimiento pontés está Picobello Andalucita, SL, una compañía de capital inglés y surafricano que acaba de recibir el espaldarazo de la Xunta con una declaración de impacto ambiental favorable que ha puesto a los ecologistas en pie de guerra.

La futura explotación a cielo abierto ocuparía 277.016 metros cuadrados en las lindes de las fragas del Eume, el parque natural más singular de la Europa atlántica. Según Adega, afectaría "gravemente" al parque y de forma irreversible a las fuentes del río Belelle, que desemboca en la ría ferrolana.

Los ecologistas denuncian que dañará "gravemente al entorno"

El visto bueno de Conservación de la Naturaleza revivió el proyecto en 2009

La mina y el parque estarían separados por una estrecha franja de terreno de apenas 50 metros de ancho que, en opinión de los ecologistas, es insuficiente para preservar a la flora y fauna autóctona del trasiego diario de maquinaria y camiones removiendo la tierra para extraer el mineral. El proyecto empezó a rodar hace una década y lleva más de un lustro bailando en los despachos de San Caetano.

Picobello Andalucita, SL, se constituyó en 2000 y obtuvo la aprobación inicial del último gobierno de Manuel Fraga. Los comicios autonómicos de 2005 dejaron en el aire los planes de Picobello, que promete crear medio centenar de empleos durante 12 años de explotación para extraer 375.000 toneladas anuales del mineral con dos millones y medio de inversión. Su proyecto fue rechazado por el bipartito en septiembre de 2006, tras comprobar que la mina invadiría espacios protegidos por su riqueza ambiental. Tres meses después, la compañía remitió una nueva propuesta que reducía las dimensiones de la explotación y se quedaba a las puertas del parque natural eumés. El proyecto quedó atascado con otro cambio de gobierno. En marzo de 2009, la representante de la firma, Gwendoline Holliday, manifestaba a EL PAÍS su confianza en el "el nuevo presidente de la Xunta" -en alusión al popular Alberto Núñez Feijóo- les otorgase los permisos de explotación ya que "los inversores se estaban cansando" después de una década a la espera.

El proyecto revivió en octubre de 2009 con un informe positivo de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza que determinaba que la mina "no afectaría" a los espacios protegidos y establecía "una franja de amortecimiento" de 50 metros entre la mina y el parque natural.

En febrero, la propuesta salvó otro escollo administrativo con un informe favorable de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental -publicado en el DOGA el pasado 11 de marzo- que a juicio de los ecologistas está plagado de "errores e incongruencias". Argumentan que el departamento de Agustín Hernández da por buena una propuesta prácticamente idéntica a la que rechazó la anterior Conselleria, sin que se plantearan "modificaciones significativas". "Parece que la Xunta está más preocupada por garantizar los intereses económicos de los promotores que de atender a sus obligaciones para la protección del medioambiente" critican los ecologistas.

Diez colectivos, entre los que se cuentan Adega, Verdegaia, SGHN, Fusquenlla, Lapis Verde o Guerrilheiros das Fragas, se han aliado para evidenciar su "absoluto rechazo" a una mina que "arrasaría" una fraga autóctona de 25 hectáreas que se levanta sobre el yacimiento. Allí también nacen dos arroyos de la cuenta del río Eume, el Cernada y el Gallel, y otros tres regatos que podrían verse afectados por la explotación.

Sólo hay cuatro minas de andalucita en el mundo y España importa el 100% del producto. El descubrimiento de un yacimiento, al parecer de gran calidad en la villa de As Pontes, también ha levantado las suspicacias de los vecinos de las fincas próximas, que serán expropiados, y de algún alcalde, como el de A Capela, Anxo Sueiro, del PSOE, que se opone "totalmente". En el lado opuesto está el alcalde pontés, Valentín Formoso, también socialista, que aspirar a crear nuevos empleos que compensen el cierre de la mina de lignito en 2007.