Hacienda destapa un fraude de comercio ficticio con Portugal

En los cinco últimos años las denuncias por fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se han disparado en la provincia de Pontevedra. La Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Pontevedra y la Agencia Tributaria han incoado más de 20 procedimientos, la mayoría de ellos con incidencia en el área metropolitana de Vigo, que han puesto al descubierto más de 15 millones de euros en estafas a la hacienda pública.

El caballo de batalla para los investigadores es el fraude del IVA tipo carrusel, denominado así por los expertos porque se produce en cadena y con efectos que van más allá del país de origen. La memoria de la Fiscalía apunta que en 2005 se descubrió el primer caso de una serie que ha crecido exponencialmente en la provincia de Pontevedra.

La Agencia Tributaria ha incoado más de 20 procedimientos Estos delitos son una grave amenaza para el mercado común europeo

Según la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, esta figura delictiva tipo carrusel sigue siempre un mismo esquema: en él operan varias empresas a la vez. Está empezando a ser visto como uno de los mayores desafíos del mercado común europeo. Siguiendo el rastro del fraude, los investigadores tienen que localizar a la empresa matriz que vende mercancías, muchas veces ficticias, al resto que colaboran.

Es cuando una de las firmas solicita la devolución del IVA en concepto de "entrega intracomunitaria" y el resto de las empresas repercuten, a su vez, el impuesto, pero no lo declaran ni lo ingresan. "Es la principal fuente de fraude y uno de los más complejos de detectar", explica Augusto Santaló, responsable de la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Pontevedra. Hace dos semanas, la justicia dio un paso adelante al dictar la primera sentencia que impone el cumplimiento de la condena íntegra contra una trama de IVA comunitaria, siempre que la Audiencia Provincial la ratifique si ésta fuera recurrida. El fiscal del caso, Augusto Santaló, no ocultó su satisfacción por el fallo judicial "ante un delito con graves repercusiones para los Estados comunitarios y difícil de probar por la cantidad de empresas que aparecen encadenadas", señala.

El acusado, de nacionalidad portuguesa pero afincado en Tui, llegó a implicar a un centenar de empresas españolas, incluso a la gestoría de la ciudad fronteriza con la que trabajó hasta 2004, Gestión Tui, cuyo nombre y teléfonos utilizó para cometer el fraude, aunque en realidad nada tenía nada que ver con esta asesoría.

Esta semana también se han sentado en el banquillo Olga Peroganych, responsable de la sociedad Montaxes Gayomar, SL, con sede en Cangas do Morrazo, y el administrador único de esa empresa, Manuel Gayo da Concepción, cuyo objeto social declarado es el suministro y montaje de estructuras y componentes para la industria naval y portuaria así como la promoción y construcción de edificaciones.

Parte de los datos que declararon no obedecieron a operaciones económicas reales y se comunicaron con la única intención de cobrar la devolución de los gastos y cuotas de IVA, según la acusación, que solicita dos años de prisión para el administrador y uno para su socia, así como 350.000 euros de multas que conllevan 150 días de privación de libertad en caso de impago.