Detenido por presunto fraude el jefe del instituto de crédito de la Xunta

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron ayer por la mañana en Santiago al director general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia Cominges, y al subdirector de Información Especializada de este organismo, Carlos Silva Liste. Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación relacionada con un fraude en subvenciones públicas, que dirige la juez Estela Sanjosé, titular del Juzgado número 3 de Lugo. Este instituto de crédito, dependiente de la Consellería de Industria que dirige Javier Guerra, se encarga de repartir ayudas públicas y avales a empresas.

El Servicio de Vigilancia Aduanera registró también las sedes de dos empresas en el polígono lucense de O Ceao, la farmacéutica Nupel y la consultora fiscal Proitec, encargada de tramitar las ayudas públicas al laboratorio. El dispositivo policial, denominado Operación Campeón, concluyó con la detención de 15 personas con imputaciones por fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal, según informó la Agencia Tributaria a Europa Press. Entre los arrestados se encuentra el propietario del laboratorio Nupel, Jorge Dorribo, y una médico a la que se le imputa un delito de alzamiento de bienes.

Once agentes de Aduanas registraron la sede del instituto de crédito

Según la Agencia Tributaria, a los cargos del Igape se les acusa de asesorar presuntamente a las compañías para lograr de forma fraudulenta subvenciones para el fomento de nuevas empresas. Fuentes próximas al caso explicaron que la juez Sanjosé descubrió esta presunta trama mientras investigaba otros delitos. Según las mismas fuentes, el dispositivo estaba preparado desde hace días pero la juez ordenó esperar a que pasasen las municipales.

Los agentes de Aduanas, en total 11, se presentaron en la sede compostelana del Igape a primera hora de la mañana y aguardaron la llegada del director y el subdirector. El primero en acudir a su puesto de trabajo fue Joaquín Varela de Limia, y los agentes se encerraron con él en su despacho. Uno de ellos, sin embargo, quedó fuera a la espera del otro responsable del organismo, Carlos Silva, que fue llevado a otro despacho. El objetivo era que no se pudiesen comunicar en ningún momento los dos jefes del Igape. Después de una larga mañana en la que los vigilantes de Aduanas requirieron numerosa información y realizaron abundantes fotocopias, Varela y Silva abandonaron con los agentes en torno a las dos de la tarde el edificio del Igape, situado entre las instalaciones que ocupa la Xunta en el barrio de San Lázaro, y se dirigieron a Lugo.

La Consellería de Economía e Industria confirmó la noticia ayer por la tarde a través de un comunicado en el que informaba que los agentes de Aduanas solicitaron datos sobre "una veintena de empresas", aunque "sólo había expedientes de tres de ellas". La Xunta se ofreció, según la nota de prensa, a colaborar con la Agencia Tributaria, de la que depende Vigilancia Aduanera, para que "se investigue sin límites". Además, la Consellería "defiende la presunción de inocencia" del director y el subdirector puestos a disposición judicial.

Al tiempo que se desarrollaban los registros en Santiago, agentes de la Agencia Tributaria -que contaron con el apoyo de la Guardia Civil- entraban también en las empresas de Lugo, Nupel y Proitec, y en otra en Outeiro de Rei, además de varios inmuebles, uno en la casa del propietario de la famarcéutica en Santa Marina y otra en la calle Conde. Los detenidos permanecían anoche en la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo.

El director del Igape, Joaquín Varela de Limia, no tenía experiencia en el sector público hasta que llegó a este organismo de la mano del conselleiro Javier Guerra. Licenciado en Económicas y máster por la Escuela de Negocios Caixanova, el vigués desarrolló su carrera en la consultora PriceWaterhouse Cooper. Jorge Dorribo, propietario de Nupel, es uno de los empresarios más influyentes de Lugo, hecho a sí mismo desde la nada, que llegó a exportar sus medicamentos en una treintena de países, a inaugurar un centro de distribución en Abu Dabi y a patrocinar su propio equipo de ralis. Fue además vicepresidente del club de baloncesto Breogán. La empresa, que recibió varias ayudas de la Xunta, la última para una planta de envasado unidosis en Rábade, atravesaba una situación económica difícil. Dorribo también extendió sus negocios a África y a Cuba. En el país caribeño ya tuvo problemas con una empresa de importación de muebles.

La juez Estela Sanjosé es responsable de varias investigaciones de gran calado, como una que relacionó a varios políticos con un caso de tráfico de influencias y otra sobre la retirada masiva de multas en la ciudad a cargo de los agentes.