La valenciana es la segunda autonomía en oficinas en el extranjero

La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con más oficinas en el extranjero, cuyos funcionarios podrían integrarse en las embajadas españolas si la Generalitat acepta la propuesta lanzada el lunes por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

Esta autonomía cuenta, según datos de 2010, con 23 delegaciones en el exterior, cifra solo superada por las 48 de Cataluña, una de las comunidades que ya ha dado la espalda a esta medida. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, valoró el lunes la propuesta de García-Margallo de concentrar en la estructura del ministerio a los funcionarios de las autonomías en el exterior, ya que es "bienvenido" todo lo que sea "austeridad, optimización de recursos y eficacia", según dijo.

Sin embargo, la mayoría de las comunidades, consultadas por Efe, todavía no se ha querido pronunciar sobre esta propuesta para evitar duplicidades y que las comunidades ahorren gastos de representación en el exterior. Según los últimos datos ofrecidos por el anterior Gobierno central, las comunidades contaban el pasado año con cerca de 200 oficinas en el extranjero, principalmente de promoción económica y turística.

Apoyos

Las autonomías con más oficinas en el extranjero, de las 192 existentes, son, además de Cataluña y la Comunidad Valenciana, Andalucía (22), Asturias (17), Galicia (12) y Murcia (12), con datos todos ellos correspondientes a 2010. Ahora la cifra es inferior puesto que algunas comunidades, como Castilla-La Mancha y Asturias, han eliminado su oficina en Bruselas después de que tomaran las riendas de sus ejecutivos María Dolores de Cospedal (PP) y Francisco Álvarez-Cascos (Foro de Asturias).

Los primeros Gobiernos autonómicos que han mostrado su apoyo a la iniciativa de García-Margallo han sido los de Cantabria y La Rioja. El Ejecutivo riojano, presidido por Pedro Sanz, ya le ha transmitido al ministro, tanto en una conversación telefónica como por carta, que está de acuerdo con integrar a la funcionaria que trabaja en la oficina de Bruselas en la embajada española.

Con esta medida se ahorrarían 60.000 euros anuales para el Gobierno autonómico, que considera que el trabajo que realiza esta persona se mantendría con las mismas características, aunque dentro de la embajada. Cantabria apoya también esta iniciativa.