La valenciana es la autonomía que peor ejecuta las ayudas al desarrollo

Los datos desmienten el discurso oficial. La Generalitat es la que más dinero deja de gastar en relación con el que presupuesta en cooperación internacional al desarrollo de todas las comunidades autónomas de España. Así lo revela el documento de seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) de 2009, al que ha tenido acceso este diario, que se envía al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, en París, organismo encargado de publicar los datos mundiales.

Según el seguimiento del PACI, la cooperación valenciana no solo no está entre las primeras, como argumenta el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, al defenderse de las acusaciones que pesan sobre su gestión, sino que destaca por su pobre ejecución. Así, la Generalitat, que tenía una previsión de ayuda oficial al desarrollo de 98,6 millones de euros en 2009, solo desembolsó 39,1 millones, lo que representa una ejecución del 39,7%, muy lejos de la media del 79,5% del conjunto de las 17 comunidades autónomas y del 97,6% de la Administración General del Estado. Además, la cifra real de gasto de la Comunidad Valenciana en ayuda oficial al desarrollo en 2009 fue del 0,27% en relación al presupuesto consolidado, muy lejos del 0,7% que proponen las ONG internacionalmente. Aunque el porcentaje está por encima del 0,25% de media de las comunidades, la Ley de Cooperación exige el 0,7%.En relación con 2008, año en que la Generalitat ejecutó 64,81 millones, la realización de las previsiones en 2009 bajo un 39,6%. El perfil de la cooperación valenciana se situó este último año por debajo de la media en euros por habitante destinados a ayudas al desarrollo (7,68 frente a 9,54), destinó prácticamente lo mismo que la media de las comunidades españolas a los denominados países menos adelantados (los más pobres del mundo), con un 20,16% frente al 19,92% de media, y dedicó más ayuda a los servicios sociales básicos (un 28,3% frente al 23,45% de la media de las comunidades autónomas), según el documento de seguimiento del PACI.

La política de cooperación volvió a centrar ayer la atención del pleno de las Cortes Valencianas con un acalorado debate sobre las irregularidades en las subvenciones denunciadas por los socialistas y por el grupo Compromís al fiscal anticorrupción. A iniciativa del consejero Rafael Blasco, que también es portavoz parlamentario del PP, los populares propusieron que la Sindicatura de Comptes audite los expedientes de las ayudas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para dos proyectos en Nicaragua con las que adquirió dos entresuelos con garaje en Valencia.

El diputado del PP César Augusto Asencio, que defendió la proposición no de ley, rechazó una enmienda de la diputada de Compromís Mireia Mollà, que proponía ampliar la fiscalización a las entidades implicadas en la trama de captación de fondos de cooperación alrededor de la denominada Fundación Solidaria Entre Pueblos, y aseguró que "una mano negra" ha estado pasando una información que calificó de "mercancía adulterada" sobre las irregularidades en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.

Asencio se atuvo a la versión sostenida por Blasco en el sentido de que, aunque la Fundación Cyes incluyera la compra de los inmuebles en el proyecto, la consejería le comunicó que no era un gasto aceptable y acabó aportando otras facturas para justificar 1,3 millones de euros de dos proyectos para hacer unos pozos y ayudar a unos cultivos en Nicaragua. "No hay tacha alguna" en el comportamiento del consejero, dijo Asencio, que añadió: "Busca la máxima transparencia".

La diputada socialista Clara Tirado, responsable de haber llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción, en un discurso muy duro que mantuvo en silencio a la Cámara y a los diputados del PP tensos en sus asientos, acusó a Blasco de haber "fabricado" los documentos que pretende entregar a la Sindicatura de Comptes (mostró para ello dos certificados de trabajos de nivelación de terrenos por el mismo importe y por los mismos metros cuadrados imputados a dos proyectos distintos) y de llevar "semanas sumido en un delirio de conspiración y de persecución, buscando topos en su consejería" y presionando "a todas aquellas voces críticas que le piden explicaciones y le exigen responsabilidades políticas".

Tirado recordó que los apuntes bancarios de la compra de los entresuelos por la Fundación Cyes revelan que se pagaron con el dinero de las subvenciones y advirtió de que la Sindicatura tiene límites a su intervención cuando un asunto está siendo investigado por la justicia. Con todo, los socialistas aportarán a la Sindicatura los expedientes de que disponen. Tras citar la frase de Ortega y Gasset de que "la moneda falsa circula sostenida por la moneda verdadera", la diputada dijo que lo verdadero es que Blasco concedió las subvenciones sabiendo que la compra de inmuebles estaba incluida en el proyecto y lo falso, que el dinero haya llegado íntegramente a Nicaragua.

Asencio, que insistió en que no es verdad que se utilizaran fondos públicos para comprar inmuebles ni que se manipularan archivos en el departamento que dirige Blasco, acusó a los socialistas de ser "profesionales de la injuria, la calumnia y el envilecimiento".

En su réplica, la diputada Tirado se dirigió en valenciano (que es la lengua, dijo, que usa con su familia) a los bancos del PP y apeló a que no se dejen arrastrar por la "huida hacia ninguna parte" de Blasco, porque "nunca un fraude ha estado tanto y tan bien documentado como este". La diputada socialista invitó a los populares a solidarizarse con Carmen Dolz y Pilar Collado, "que dimitieron [de directoras generales] para no ser corresponsables de tanta sinvergüencería" y con el "rosario de funcionarios, cargos de confianza y trabajadores de la consejería que dimitieron o perdieron su trabajo para no ser corresponsables de este fraude". "No permitan que la amenaza de un aprendiz de mafioso se imponga a su compromiso", añadió Tirado, que terminó su intervención invitando a los diputados del PP: "Si han de escoger, escojan a los mejores de entre ustedes y no a Rafa Blasco".

La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, a su vez, dijo que la Sindicatura de Comptes "no está para salvar la cara a nadie" y Mireia Mollà, de Compromís, habló de un "entramado corrupto amparado por el consejero Blasco". La proposición no de ley salió adelante con el apoyo del PP y los votos en contra de la oposición.