"Lo que pasa con Educación para la Ciudadanía no es ni cívico ni educativo"

Llegó con la intención de practicar un cambio tranquilo. Ocho meses después, sus planes se han ido concretando. La fiscalía provincial de Valencia tiene una delegada de Víctimas y firmará en breve un protocolo sobre la materia con la consejería de Justicia. Se han creado las secciones del Jurado, porque quiere eliminar que "se utilicen las puertas traseras que tiene la ley para evitarlo", y de Delitos Informáticos. Y pelea para que el mayor número de recursos posibles entre a disposición de Violencia sobre la Mujer. Lograr la máxima eficacia es su objetivo. Por eso es crítica con los que la entorpecen y agradece la colaboración, más allá de siglas. La militancia en valores que exhibió en Menores Teresa Gisbert (Valencia, 1957) la aplica ahora como jefa provincial. No desaprovecha oportunidad en contribuir a una justicia más social y a una sociedad más justa.

"Lo que hay que hacer es prevenir los embarazos no deseados"

"No estoy segura de que alargar las penas sea una buena solución"

"Decir que la Ley de Violencia no funciona es obviar todo lo demás"

"Las teles deberían pensar seriamente sobre su deficiente programación"

Pregunta. ¿Eran necesarias todas esas reformas?

Respuesta. Esas y otras muchas. A mí me interesa que las víctimas sepan que tienen un lugar pensado para ayudarlas, que el jurado funcione y dé la respuesta adecuada, que los fiscales tengan un grupo especializado para abordarlo, que en materia de delitos informáticos los compañeros tengan una jurisprudencia disponible y especialistas para afrontar ese tipo de delitos. Me preocupa luchar contra la vulneración de derechos en Internet, especialmente de los menores. Es demasiado fácil y sale muy barato.

P. ¿Cómo va a resolver el atasco en ejecución de sentencias?

R. De nada sirve que haya una sentencia por un delito si la condena no se cumple y no se ejecuta. Se han doblado los juzgados de ejecutorias en jueces y secretarios y se dotó por parte de la Consejería de más funcionarios. En Fiscalía, eso ha supuesto que entren muchas más ejecutorias. Tenemos un problema de coordinación de sistemas informáticos. Para ilustrarlo: un funcionario tiene que abrir diez pantallas por cada registro. Me dirigí a la Inspección fiscal para que me nombraran un fiscal sustituto de refuerzo. Me lo han concedido y voy a pedir funcionarios de refuerzo a la consejería.

P. ¿Existe riesgo real aún ahora de otro caso Mari Luz?

R. El riesgo real de que pueda producirse otro caso Mari Luz existe. En este momento, no tenemos a nuestra disposición la técnica suficiente. Todo funciona, muchas veces, por la voluntariedad de las personas que intervienen. Un tema tan grave no puede depender de la voluntariedad.

P. Ahora que ya domina todas las secciones, ¿cuánta corrupción urbanística hay?

R. Hay un nivel alto de corrupción urbanística y también lo hay de investigación.

P. Hay sectores que dudan de que los políticos que puedan estar implicados paguen por ello.

R. Tengo la certeza de que sea quien sea, del color que sea, si hay una investigación en la que se puede probar prevaricación, cohecho, en delitos urbanísticos, sobres por el medio, lo que sea, los fiscales lo van a llevar hasta el final.

P. ¿Cómo valora la Ley de Violencia sobre la Mujer?

R. Es evidente que la situación no es la que debiera porque siguen muriendo muchas, demasiadas mujeres. Una es demasiado. Decir que la ley de violencia no funciona es obviar el resto de los campos que hay alrededor. La ley no puede solucionar todos los problemas, y menos aquí. Cuando actúa la ley es porque ya ha habido una lesión o una muerte. Muchas veces, las leyes no van acompañadas de la memoria económica necesaria para ponerlas en marcha absolutamente. Hace falta mayor coordinación y creo que la fiscalía tiene ahí una labor fundamental dado que está en medio.

P. ¿Qué hace falta?

R. Para que la ley funcione también es importante que las penas se cumplan. Por ejemplo, en lo que a cursos de formación y rehabilitación se refiere. No hay plazas suficientes. Y, por supuesto, los trabajos en beneficio de la comunidad, para lo que hay muy pocas plazas. La ley falla en la prevención. Y la prevención es educación, es formación, es detección. Tendremos que esperar una generación, educada en valores y en la no violencia, en la solidaridad.

P. ¿Educación para la ciudadanía, por ejemplo?

R. No entiendo qué pasa. El frenazo a la educación para la ciudadanía tiene mucho que ver con la eficacia o no en la lucha contra la violencia de género, contra la violencia entre menores, en favor de la convivencia. Me parece absurdo lo que está ocurriendo. Son temas éticos, de un estado de derecho, que no deberían plantear mayores problemas. No se puede entrar en una especie de obstaculización a una ley mediante argucias como el hecho de que se dé en un idioma determinado. Si hay una ley que han aprobado las cortes españolas, hay que cumplirla. Una situación como la que se observa no es ni educativa ni cívica.

P. ¿Qué importancia tiene la televisión en esa educación?

R. Las televisiones deberían pensar seriamente sobre su deficiente programación. Escenas de Matrimonio, por ejemplo, que reproduce unos desvalores manifiestos, debería desaparecer. Da una imagen de las relaciones sociales, personales y sexuales con estereotipos de los que hay que huir, que hay que eliminar. Pero también algunos dibujos. A Belén Esteban le prohibiría que saliera en televisión, no sale más que para hablar de los problemas con su hija. La menor no es un personaje público. Pero claro, como eso vende. La siguiente pregunta es qué clase de sociedad tenemos. Determinados anuncios, como el de unos niños que secuestran un perro y chantajean al dueño de un coche, lo cual es un delito, son inaceptables.

P. ¿Qué opina de las políticas en favor de la adopción en casos de embarazo no deseado?

R. De lo que se habla ahora es de lo que recoge la Ley de la Infancia y la Juventud, que dice que se garantiza la vida de los menores que se hallan en la Comunidad Valenciana, y se garantiza el derecho a la vida en formación. Se supone que eso es a los embarazos. Pero, ¿cuáles? ¿De una semana? ¿De quince días? Cualquier ayuda que se dé a las mujeres embarazadas que están en una situación de exclusión social por problemas económicos, por problemas de inmigración, por cualquier situación, bienvenida sea. Eso tendría que ir unido a medidas para embarazos no deseados. No pongamos el parche al final, pongámoslo al principio, garanticemos el adecuado acceso a los anticonceptivos para los menores, garanticemos el adecuado acceso en la sanidad pública a la píldora del día siguiente cuando haya una indicación médica. Siempre se olvida que la píldora del día siguiente no es un método abortivo, es un servicio de la sanidad pública y depende de una indicación médica. Y que no resulte que haya tantas objeciones de conciencia que nadie la dé. Aplaudo cualquier ayuda a una mujer embarazada pero lo primero que hay que hacer es evitar los embarazos no deseados. Y hay que tener presente que una mujer no puede decidir si da o no a su hijo en adopción hasta pasados 30 días del alumbramiento, y me parece un plazo corto. Espero que no estemos hablando de pactos previos. Puede ser peligroso que llegado el momento la mujer no se sienta con libertad suficiente para tomar la decisión que desea por su situación económica, por obligación o agradecimiento.

P. ¿Son razonables los miedos a la instrucción del fiscal?

R. El fiscal a la hora de tomar sus decisiones es independiente porque está sujeto al principio de legalidad. Decir que los fiscales están sujetos a los vaivenes políticos es, aparte de una falacia, desconocer la carrera fiscal. Soy una defensora de la instrucción por el fiscal. En materia de menores, ha quedado demostrado que lo lógico es que el fiscal haga la instrucción y el juez cumpla con las dos importantes misiones que le confiere la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y ser juez de garantías. Pero si se da la instrucción al fiscal, sobran jueces. Es una decisión política muy costosa.

P. ¿Aumentaría las penas a los agresores sexuales?

R. Esa revisión de penas tiene un peligro, si empezamos por ese camino acabaremos en la cadena perpetua. El camino natural es pensar que como no se sabe si va a repetir o no un delito, que no salga. Las ciencias jurídicas demandan más equipos técnicos que nos hablen de la personalidad. No para llegar a un derecho penal de autor, pero no podemos castigar el hecho sin tener en cuenta la personalidad. No creo que la solución esté sólo en alargar las penas. Ese es un camino que lo empiezas y acabas en la cadena perpetua. No es fácil de resolver, y entiendo a los padres de las víctimas.