El modelo de Madrid de ceder suelo para conciertos genera desigualdades

"La educación no se puede dejar en manos de la patronal o del sector católico", advirtió ayer María José Navarro, la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya. La representante de la organización mayoritaria de Ampas de la Comunidad Valenciana -con 854 asociaciones de padres censadas- afirma que la cesión de suelo público para construir centros concertados es "un ataque frontal al modelo de escuela pública y los valores universales, pluralistas y laicos" que ésta representa.

El pliego de cesión de suelo para construir colegios "únicamente concertados" -que el consejero Alejandro Font de Mora confirmó ayer que ya está "en fase de borrador"- inicia, según Navarro, "un proceso imparable de desmantelamiento de la red de centros públicos". "El modelo de Madrid [que la Generalitat ha calcado] ha provocado mayores desequilibrios sociales y está repercutiendo nefastamente en la enseñanza pública", censuró.

"La selección del alumnado que obtiene plaza en los centros concertados y el cobro de cuotas, supuestamente voluntarias, son el detonante de que no todos los escolares madrileños tengan igualdad de oportunidades", añadió Navarro. Un extremo que, según José Luis Pazos, presidente de la Confederación Madrileña de Padres Fernando Giner de los Ríos, se "confirma" desde 2003, cuando se estrenó el modelo de cesión de suelo en Madrid.

Desde entonces, explica Pazos, el "intrusismo" por parte de grandes grupos inmobiliarios o de servicios y de restauración en la gestión directa de proyectos educativos concertados ha dejado fuera del mapa de la red privada subvencionada al 80% de la población con necesidades educativas especiales. "La educación se ha convertido en un negocio montado sobre otros negocios, como es el caso de la empresa de multiservicios Eulen; Clece, dedicada a residuos urbanos; o Gedesa, del sector inmobiliario", especifica Pazos.

Estas empresas, según Pazos, se han posicionado solo en los grandes núcleos urbanos y residenciales como Sanchinarro o Rivas Vaciamadrid con cuotas mensuales por encima de los 350 euros. "Solo las cooperativas sin ánimo de lucro y los centros diocesanos de la Federación de Centros Religiosos mantienen precios muy económicos". Además, de que tanto la presidenta Esperanza Aguirre, como su consejera Lucía Figar, han "aplaudido" la entrada en este sistema de grupos laicos "fundamentalistas, sobre todo del Opus Dei, Comunión y Liberación y los Legionarios de Cristo Rey", advierte Pazos.

El consejero, que ayer presento una encuesta sobre el uso de móviles entre jóvenes, confirmó que "la Generalitat ha venido trabajando desde hace varios meses" en el asunto siguiendo "básicamente el modelo de Madrid". Font de Mora "confía" en tener lista la redacción del pliego de condiciones definitivo para que "a partir del próximo curso se pueda poner en marcha todo".