La mafia de la basura pasa factura al PP

El negocio no admite discusión alguna: unos ingresos de 19 millones de euros anuales para una contrata garantizada durante dos décadas. La adjudicación del tratamiento de la basura de la comarca de La Vega Baja supone un suculento bocado de 380 millones de euros, más de 63.000 millones de las antiguas pesetas. En enero de 2008, el Consorcio del Plan de Residuos de la Zona XVII, que preside el jefe de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, adjudicó la contrata a Cespa-Ortiz, del empresario alicantino Enrique Ortiz. Tanto Ripoll como Ortiz fueron detenidos ayer en el marco de una investigación judicial contra la corrupción política relacionada con esa contrata. También fue detenido Ángel Fenoll, que había presentado una de las seis ofertas rechazadas.

Las instalaciones de Ortiz en Orihuela deberían construirse en terrenos de Fenoll

Fenoll, un viejo conocido del PP de La Vega Baja (fue condenado por comprar votos para el partido y también por intentar encubrir con facturas falsas al ex alcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena, condenado por apropiarse de una donación de 49.000 euros de unas monjas, hecho que le llevó a la cárcel), tampoco conseguiría unos meses después, en octubre de 2008, el contrato de la recogida de la basura de Orihuela, que alcanza los 190 millones de euros en un plazo de 20 años.

Caído en desgracia por la presión del sector campista del PP, que lo consideraba un hombre demasiado próximo a la gente de Eduardo Zaplana, Fenoll rompió la baraja dos años antes, en marzo de 2006, al difundir una grabación con un concejal en la que se hablaba de un intento de soborno al alcalde, José Manuel Medina, y otros regidores de Orihuela por parte de la empresa Urbaser, que competía con él en la adjudicación. Tras el escándalo, el concurso quedó en suspenso hasta que en 2008, ya con Mónica Lorente de alcaldesa, se otorgó la contrata a la tercera empresa en concurso, una UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. Urbaser y Fenoll quedaron descartados.

El escándalo que levantó Fenoll, un hombre que ha construido su fortuna sobre el negocio de la basura, llevó a su detención en junio de 2007, junto a su hijo y otros empleados, a instancias del fiscal anticorrupción, en una operación en la que se le requisaron documentos y grabaciones. Todo indica que las consecuencias de aquel escándalo han llevado a los registros y detenciones de ayer en Alicante.

La caída en desgracia de Fenoll, un hombre sin pelos en la lengua, que presumía de haber grabado muchas conversaciones comprometedoras con políticos y empresarios, le ha acabado pasando factura al PP de Alicante. Lo que queda por aclarar es por qué razones lo ha hecho y con qué alcance.

Fenoll pasó de hacer negocio con los residuos a esgrimir públicamente la basura de la corrupción política contra sus antiguos compadres, que consumaron su "traición" al dejarle, no sólo sin el contrato de recogida en Orihuela, sino también sin la concesión de la gestión de la Zona XVII. El basurero de Fenoll, que tiene un zoológico en su recinto, ubicado en el límite de las comunidades valenciana y murciana, entre la pedanía oriolona de La Murada y el municipio de Abanilla, y cuya legalidad es un puro enredo, porque siempre alega su propietario ante las autoridades valencianas que tiene la licencia en Murcia, quedó al margen de la nueva política de gestión de residuos.

Sin embargo, el oscuro funcionamiento de los negocios de la basura permitió algo realmente curioso. Ripoll, al otorgar, desde el Consorcio del Plan Zonal la gestión de residuos de La Vega Baja, con el apoyo de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, también del PP, a una oferta que preveía tratar 300.000 toneladas de basura al año (con una compensación para el municipio de 0,6 euros por tonelada tratada en la planta de valorización, más 1,2 euros por tonelada destruida en la instalación de eliminación), aprobó la construcción de un nuevo vertedero y planta de tratamiento de residuos en la pedanía oriolana de Torremendo. Los terrenos sobre los que debía construirse la instalación, todavía pendiente, son propiedad, ni más ni menos, que del mismísimo Ángel Fenoll.

Por otra parte, la adjudicataria de esa zona XVII, colocada en el centro del terremoto de registros, detenciones y declaraciones que se desencadenó ayer en Alicante y Orihuela, pertenece a Enrique Ortiz, un empresario muy conocido, constructor y contratista de las Administraciones públicas. Ortiz es uno de los seis empresarios valencianos implicados en el sumario del caso Gürtel por participar supuestamente en la financiación ilegal del PP que preside Francisco Camps.