Con la justicia, palo y zanahoria

El elevado número de cargos imputados en el Partido Popular en los últimos años, la mayoría de ellos con los casos archivados, ha condicionado la política del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hacia la judicatura. Una política caracterizada por críticas durísimas hacia los fiscales que investigan presuntos casos de corrupción relacionados con el PP. La misma política que no ha dudado en colmar de elogios y gestos amables a los magistrados más influyentes de la judicatura.

El ejemplo más reciente son las críticas públicas de la cúpula de los populares valencianos hacia el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuya investigación implica, supuestamente, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama de empresas que dirigía Francisco Correa. "El Estado de derecho se está pudriendo", asegura la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en referencia a la instrucción del sumario de la operación Gürtel. La dirección nacional del PP, bajo la batuta del diputado por Alicante Federico Trillo, ya tiene "redactada" una querella por prevaricación si el juez Garzón no se inhibe en las próximas horas en favor de tribunales superiores. El Gobierno valenciano, por su parte, ha decidido congelar su decisión de personarse como acusación en el sumario que instruye Garzón tras el escándalo generado a raíz de las declaraciones del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex consejero de Justicia de la Generalitat, Fernando de Rosa. Unas declaraciones en las que De Rosa advirtió a Garzón de que podía incurrir en prevaricación y que ayer analizó el propio CGPJ.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no ha sido el único blanco de los populares valencianos. Ya en octubre de 2006, la dirección regional del PP llegó a anunciar la creación de una comisión para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, ante la investigación de casos que afectaban al presidente de la Diputación de Castellón, los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela y a Terra Mítica, el parque de atracciones impulsado por la Generalitat.

De Rosa intervino en una maniobra para controlar al fiscal jefe del TSJ

Los populares llegaron a incluir en esta comisión política, entre otros, al ex fiscal jefe del TSJ Enrique Beltrán, quien se desvinculó a las pocas horas de la maniobra, y al ex presidente de la Audiencia de Castellón Fernando Tintoré. Sin embargo, el escándalo montado puso de manifiesto que Fernando de Rosa, entonces secretario autonómico de la Consejería de Justicia, había hecho gestiones para constituir la comisión política encargada de fiscalizar las actuaciones de Cabedo.

La polémica -de la que el presidente de la Generalitat y del PP regional, Francisco Camps, se negó a dar explicaciones- no impidió que Fernando de Rosa accediese al puesto de consejero en esta legislatura y, posteriormente, fuese catapultado al puesto de vicepresidente primero del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.

La carrera de De Rosa no ha evitado que periódicamente se le recuerde a Cabedo desde las filas populares que está casado con una diputada socialista. Relación con la que se sugiere poca parcialidad en sus actuaciones.

Al titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, tampoco le han ahorrado críticas en el PP. "Usted y yo nos ponemos de acuerdo mañana y hablamos con un fiscal de confianza e imputamos a quien nos da la gana", afirmó este fin de semana el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado en dos causas archivadas por el TSJ.

Tan llamativa ha sido la presión de los afines del presidente de la Generalitat sobre los fiscales que el propio Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, alertó en marzo de 2007 en el Palau de la Generalitat del riesgo de desprestigio que corren las instituciones a causa de "las conductas antijurídicas" impulsadas por unos pocos.

Pero si a los fiscales que han investigado casos relacionados con cargos del PP les han llovido críticas, a numerosos magistrados les han caído elogios.

En las Fallas de 2007, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando fue -junto con otros miembros del órgano de gobierno de los jueces- invitado de honor de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia.

Elogios recibió también en septiembre del año pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa. Y quien no se los escatimó fue el propio Francisco Camps: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat".

Esa muestra de afecto es una de las razones por las cuales el grupo de Compromís preguntó sin éxito a Camps la semana pasada. El portavoz adjunto, Enric Morera, pidió a Camps que diga si pedirá a De la Rúa que se inhiba en el caso de que Garzón remita la supuesta implicación del presidente de la Generalitat en la operación Gürtel al TSJ de la Comunidad Valenciana.

La relación entre el poder político y el judicial en Castellón también ha sido objeto de debate. El enorme retraso en la tramitación del caso Fabra ha enfrentado no solo a partidos políticos y Administraciones, sino a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que ha llegado a discutir sobre la conveniencia de que el presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, repitiera en el cargo, dada su relación manifiesta con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en varios delitos.