El juez frenó el intento de Fabra de evitar el cierre de la investigación

El caso Fabra ha llegado, después de más de seis años, a la conclusión de la fase de instrucción, decretada el martes por el titular del juzgado número 1 de Nules. Sin embargo, el principal imputado en la causa, el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, trató que las diligencias previas, el tiempo de investigación, se prolongara durante un tiempo impredecible. Pero el juez lo ha frenado y ha dado por concluida ya la instrucción al encontrar indicios de la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. Fue entonces cuando el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, que no debía conocer el intento de Fabra de dilatar el procedimiento, se alegró de que "por fin", con la celebración del juicio, el presidente del PP de Castellón pudiera demostrar su inocencia.

"Han esperado a que estuviese acabado para proponer otro igual", dice el juez

El juzgado esperaba, desde hace más de cuatro años, un informe pericial que "determinara la naturaleza y el origen del incremento patrimonial experimentado" por Fabra, su esposa, María Amparo Fernández, y sus hijos. El presidente de la Diputación recurrió la decisión judicial de realizar el informe y la habilitación general otorgada a los peritos, que son inspectores de Hacienda. Recurrió porque consideró que el acceso a la información de sus cuentas podía lesionar su intimidad. Pero, una vez desestimados todos estos recursos, no consideró la necesidad de realizar otro informe. Han "esperado a que el informe estuviese acabado para proponer otra pericial exactamente igual y con el mismo objeto", es parte de la respuesta otorgada por el juez de Nules, Jacobo Pin, en un auto en el que reprocha a Fabra la solicitud de prueba cuando "han transcurrido más de cuatro años" desde que la Audiencia Provincial ordenó el informe pericial, que finalmente ha destapado nueve presuntos delitos fiscales cometidos por el matrimonio Fabra que, según los peritos, defraudó 1,7 millones de euros a Hacienda.

"No se puede pretender que se practiquen diligencias de prueba indefinidas", responde el juez a la petición de que un experto, propuesto por los imputados, elabore un nuevo informe patrimonial. En cualquier caso, deja la puerta abierta a que encargue otro análisis de sus cuentas y lo aporte como prueba en el juicio.El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra, había evitado pronunciarse sobre la decisión judicial de concluir la investigación del caso y confirmar las imputaciones por tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública de las que se acusa al propio Fabra. Sin embargo, ayer, reaccionó después de que el secretario de organización del PSPV-PSOE de Castellón y diputado provincial, Francisco Valverde, replicara al alarde de los resultados electorales obtenidos por el PP pese a las imputaciones. "A Al Capone también le iba muy bien", dijo Valverde, quien se preguntó "si el resultado electoral justifica que una persona pueda defraudar más de un millón de euros a Hacienda o delitos como el tráfico de influencias o el cohecho".

La defensa a Fabra llegó en boca de uno de los vicepresidentes de la Diputación de Castellón y vicesecretario de Organización del PP, Vicent Aparici, quien dijo que "la única referencia" que existe en España con "algún parecido a actuaciones realizadas por Al Capone es la que se llevó a cabo el Gobierno socialista con la creación del GAL".

Guerra abierta

Aparici quiso mostrar su "indignación" con el PSPV: "En este país, en esta Comunidad y en esta provincia, todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario". Y añadió: "No se puede injuriar, calumniar y faltar al respeto al líder provincial, en tanto en cuanto es un ciudadano contra el que no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria". Aparici está imputado por un presunto delito ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel como responsable de permitir el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en La Vall d'Uixó, de donde era alcalde.

La guerra abierta entre populares y socialistas no se queda en la oratoria y llega a los juzgados. Fabra ha presentado una querella criminal contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, al que acusa de un supuesto delito de calumnias e injurias por unas declaraciones efectuadas en un pleno. Ese día Calles dijo que el Ayuntamiento de Castellón "está bajo la sospecha indigna de la actuación de un concejal que ha defraudado a la Hacienda pública y del que penden graves imputaciones judiciales". Fabra ya presentó una demanda contra Calles, que archivó la Audiencia, por una campaña publicitaria sobre sus ingresos millonarios y sobre las donaciones de fincas al vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez.