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El juez desestima las acusaciones de la querella del PP contra Luna

No halla indicios de delito y falla que han prescrito los hechos

No hay indicios de delito y, además, los hechos han prescrito. El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Juan Climent archivó ayer la querella del PP contra el portavoz socialista en las Cortes autonómicas, Ángel Luna. Una querella que ha propiciado una dura campaña contra el diputado, cabeza visible en la denuncia de la corrupción que afecta a Francisco Camps y su Gobierno.

Era previsible que el magistrado archivara el caso, y el PP así lo había llegado a reconocer. Pero el magistrado ha ido más allá de la prescripción y deja claro en su argumentación que no existen indicios de delito de cohecho. Más aún, desestima una a una las acusaciones contenidas en la querella del PP, encabezada por el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, que califica en varias ocasiones de "inexactas". El PP acusó a Luna de un presunto delito de cohecho (también de prevaricación, aunque no fue admitido) porque en 1997 supuestamente el empresario Enrique Ortiz, implicado en los casos Brugal y Gürtel, pagó unas obras en un domicilio particular de Luna. También porque el ahora diputado, entonces fuera de la política, trabajó para él como abogado y porque además le regaló un coche en 2002. Todo ello, según el PP, a cambio de contratos que habría conseguido mientras Luna fue alcalde de Alicante, responsabilidad que había abandonado en 1995.

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Luna declaró que las obras las pagó su mujer, que entonces aún no lo era, dueña de la vivienda, y presentó una factura de la compra del coche que había venido utilizando como vehículo de empresa. Además, contra lo que aseguraba el PP, no entró a trabajar para Ortiz al dejar la alcaldía sino varios años después. El juez lo aclara en su auto de archivo definitivo, que el PP recurrirá.

"Pretendían callar la voz, o una de las voces, de los socialistas y no lo han conseguido", dijo Luna, que compareció junto al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, quien hizo responsable "a Rajoy, por consentimiento, y a Camps, por acción" de lo que calificó como un "ataque antidemocrático" a Luna y su tarea.El auto del juez Climent, que incluye la argumentación aportada por la fiscalía, no solo examina la declaración de Luna, en la que aportó documentación, sino que cruza su testimonio con las aseveraciones del PP en la querella. Y queda claro que el PP faltó a la verdad.

Los populares aseguraron en su querella que Luna trabajó para Ortiz desde que en 1996 abandonó el Ayuntamiento de Alicante, del que fue alcalde. Y que durante su mandato fueron innumerables los contratos que adjudicó a empresas de Ortiz. El magistrado destaca que nada más acceder a la alcaldía, "delegó en la Comisión de Gobierno todas las facultades de contratación". Su vinculación laboral con Ortiz duró del 15 de enero de 1999 (se desvinculó del Ayuntamiento en junio de 1996) al 15 de julio de 2002. Después de esa fecha, se dio de alta como autónomo hasta que entró en las Cortes Valencianas en 2007. La casa que la querella del PP señalaba como propiedad de Luna, no lo era. Era de su entonces compañera sentimental. Pero incluso, ahora, que son matrimonio, es ella la propietaria. Y el coche bajo sospecha, fue un vehículo de empresa que Luna usó mientras trabajó para Ortiz y que cuando cesó la relación laboral compró por 6.010 euros.

No pudo entonces existir el cohecho que el PP imputó a Luna. De la existencia de dádivas dice el juez que "indiciariamente, a tenor de lo dicho y en especial de la secuencia temporal de los hechos que se concretan, no parece ocurrir". Para acabar de completar ese criterio, el juez explica en el auto que hay una corriente jurisprudencial que considera que no es necesario entrar en el fondo del asunto en cuanto se comprueba que los hechos han prescrito. Pero que existe otra que entiende que la prescripción no anula la investigación porque "el delito prescrito sigue siendo delito, pero ya no puede ser perseguido". Y concluye que procede el sobreseimiento libre "se siga una u otra de las posiciones doctrinales".

"Alguien tiene que hacerse responsable de estas tres semanas de persecución al portavoz de la oposición", clamó el líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, al comentar la sentencia, en alusión al PP. "Espero que dediquen el mismo espacio a contar la verdad", añadió en referencia a las informaciones publicadas. Luna, por su parte, aludió a la "máquina del fango", término que el escritor Roberto Saviano usa para referirse a las campañas de desprestigio del poder hacia quienes denuncian sus abusos. Y añadió: "Vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación".

Mientras, los populares anunciaron que recurrirán el archivo. El diputado del PP y abogado del Estado José Marí Olano mostró su sorpresa por "la prisa del fiscal y el magistrado para archivar la causa contra Luna sin conocer lo que piensan los querellantes". Marí anunció que el PP se acogerá a una figura del cohecho "que no exige que el acto por el que se recibe el regalo o la promesa sea delictivo, sino simplemente injusto".

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