Una gran injusticia

La RAE define expoliar como la acción de despojar con violencia o con iniquidad, es decir, con una gran injusticia. Justicia que es administrada en torno a unas leyes que realizan aquellos que gobiernan en cada región. Una de ellas es la ley 16/2005, Ley Urbanística Valenciana (LUV), esa ley que tanto se comenta en el Parlamento Europeo y que propicia la espiral de urbanismo especulativo que nos ha llevado a la situación actual, ley que en su artículo nº 6.6 dispone: "Los Ayuntamientos deben establecer cauces de participación de los ciudadanos, además de los trámites de información pública, en las decisiones que afecten a la ordenación y ejecución de los planes y proyectos con incidencia en el territorio, cuya promoción les corresponda..." Ciudadanos como los que forman parte de las 1.650 familias que el plan de El Cabanyal pretende llevarse por delante.

Atendiendo a criterios arquitectónicos El Cabanyal es un grupo de viviendas que se organizan en dirección longitudinal paralela al mar a lo largo de 1.300 metros, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat valenciana en 1993. El Cabanyal solo se entiende unido, un conjunto que partido por la mitad pierde cualquier sentido, algo equivalente a separar las Torres de Serranos..., pueden seguir siendo lo mismo, pero ya no es igual.

Desde SOSTRE apostamos por un urbanismo participativo en el que los habitantes influyan en la solución final de este (su) barrio, pensamos una ciudad como suma de barrios, una ciudad que no sólo la configuran los edificios que en ellas existen, ni tan siquiera el espacio intermedio que estos generan. La ciudad (y El Cabanyal) la hacen las gentes que la habitan día a día, con los chascarrillos de los vecinos sentados a la puerta de sus casas, el xaloc que nos trae el olor a salitre, los niños correteando entre sus calles. El Cabanyal no es un barrio más, es un estilo de vida. Durante décadas los valencianos hemos llegado al mar atravesándolo, a través de la avenida del Mediterráneo, la calle del Pintor Ferrandis o la avenida del Puerto, es por ello que parece de poco sentido común obligar a más de 1.650 familias a abandonar sus casas, sus raíces, con la excusa del mal llamado progreso.

Es por ello que pensamos que es intolerable que se realice una intervención de semejantes características sin haber realizado una consulta sobre lo que realmente quieren las personas que viven en el barrio, aunque también pueden suprimir el Art. 6.6 de la LUV o realizar algún otro malabarismo burocrático a los que estamos acostumbrados.

Y aunque no sabemos si el Tribunal Supremo (o quien corresponda) declarará el plan de El Cabanyal como expolio, lo que no dudamos es que se trata de una gran injusticia para las familias que habitan en él y que han sufrido una expropiación forzosa, para los vecinos que ven cómo se degrada poco a poco por la falta de inversión en una rehabilitación necesaria, pero que no implique destrucción, y para todos los ciudadanos que en la arquitectura no sólo ven una inversión sino un pedazo de historia, de identidad y, por supuesto, de humanidad.

Daniel Atiénzar es miembro de Agrupación SOSTRE, arquitectos por la habitabilidad básica, la cooperación y el desarrollo sostenible.