Sin fondos para los más pobres

La norma que debería ser el principal instrumento de la Generalitat para atender las necesidades de las personas sin recursos, la ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, no funciona. Y está mostrando sus profundas carencias mientras la crisis no da tregua, hay cada vez más desempleados que han agotado sus prestaciones y el paro en la Comunidad Valenciana alcanza el 23,8% de la población, casi cuatro puntos más que la media española.

Las personas sin recursos que han solicitado acogerse a estas ayudas desde el mes de febrero aún no las han cobrado debido a las dificultades financieras del Consell. Solo se pagan las concedidas el año pasado. Pero, además, esta iniciativa destinada a combatir la exclusión social adolece de graves problemas. Un informe elaborado por profesionales de servicios sociales de la Comunidad Valenciana detalla el "errático" camino que ha acabado con la puesta en marcha de esta medida, su carácter "restrictivo" y la "irrisoria" cuantía económica de la ayuda, de uno a 12 meses de duración y renovables hasta tres años.

La medida no funciona a pesar de que el Estatut la recoge

La renta es "restrictiva en los requisitos y el procedimiento"

"Los inmigrantes en situación irregular se ven excluidos", según un informe

La aprobación de la ley en 2007 supuso un hito en la protección social de los valencianos en situación de riesgo. La medida, además, se vio refrendada por el nuevo Estatut d'Autonomia. En su artículo 15, la Generalitat asume la defensa del "derecho de los ciudadanos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta ciudadana" como herramienta para "combatir la pobreza y facilitar la inserción social".

Este compromiso, sin embargo, no se cumple. Según datos de Bienestar Social, el año pasado, en el que se produjo el gran estallido de la crisis, 4.001 valencianos se beneficiaron de esta medida, el 0,07% de la población. Son pocos en términos relativos teniendo en cuenta que a mitad de año, un 12,5% de las familias valencianas tenían a todos sus miembros en el paro. Pero aún así, son más de los que han accedido a las ayudas este año. Las personas que han presentado solicitudes para acogerse a estas ayudas a lo largo de este año no las han cobrado. Esto supone un retraso de nueve meses en unas ayudas teóricamente de urgencia, si se descuenta un mes para tramitar la autorización. Y provoca una cadena de efectos perversos contrarios al espíritu de la ley.

Hay Ayuntamientos que han conveniado la tramitación de las ayudas con la Generalitat. En este caso, tienen en sus manos la aprobación de las ayudas, pero no el dinero para pagarlas, porque Bienestar Social no les inyecta fondos. Como las ayudas implican el compromiso de los beneficiarios de acudir a programas de formación laboral, se da la paradoja de que deben acudir a estas actividades a pesar de que la Administración no cumple su obligación de pagarles. Pero, además, los Ayuntamientos no les pagan ayudas de subsistencia, que reservan a gente sin derecho a acceder a la renta de ciudadanía, por lo que se encuentran desamparados.

Otros Ayuntamientos que no han concertado el servicio, como el de Valencia, sí conceden ayudas de subsistencia (unos 250 euros al mes) hasta que la Generalitat pague. Pero entonces se da otro efecto pernicioso. "Cuando esta gente reciba el dinero de la renta, habrá cobrado dos veces, lo que supone toda una contradicción", apunta un trabajador social conocedor de estas ayudas.

Además, el dinero retrasado se cobra de golpe, lo que tampoco es nada beneficioso en gente acostumbrada a vivir al día y a quienes se trata de transmitir cómo organizarse con el dinero.

En todo caso, las ayudas mensuales son "irrisorias", como sostiene el documento elaborado por trabajadores sociales. En el caso de que la ayuda se conceda a una persona, será de 373,84 euros, "por lo tanto, seguirá estando en situación de pobreza alta". La suma crece si la unidad familiar es mayor, pero levemente, de forma que si tiene cinco miembros no pasará de 472 euros.

Comparado con una de las autonomías que más destinan a la renta mínima, la inversión de la Generalitat valenciana es de 2 euros frente a los 45, 96 por persona que aporta el Gobierno navarro. "Y la diferencia aún sería mayor si se reflejara la inversión en equipos de inserción o acompañamiento, inexistentes en la Comunidad Valenciana".

Además, el informe critica la lectura restrictiva que hace la ley valenciana de esta modalidad de ayuda social, "tanto por los requisitos, como por el procedimiento y la sumisión absoluta de la prestación económica a la inserción laboral, que no social". Salvo excepciones, solo se otorga a personas de entre 25 y 65 años, "es decir, no incluye a menores de 25 años y en vías de emancipación, que se enfrentan a tasas de paro del 40%". También exige residencia en el territorio valenciano durante 24 meses antes de la solicitud, "por lo que expulsa del sistema a las personas que hayan cambiado de autonomía o a los inmigrantes en situación irregular".

A ello añade que la totalidad de la familia ha de firmar un plan familiar de inserción. Así, "se obvian las situaciones conflictivas en una familia, donde todos menos un miembro pueden cumplir lo acordado". Si sucediera, todos se quedarían sin ayudas. Ello implica que no es una renta de ciudadanía, sino un apoyo familiar vinculado a la formación laboral.

Bienestar Social admite la demora en los pagos, una cuestión "en la que se trabaja". Sostiene que han recibido un elevado número de solicitudes, "que hay que estudiar y comprobar para ver cuáles son susceptibles de acogerse a esta medida".