La fiscal pide 7 años al 'número dos' de Fabra por permitir vertidos

La Fiscalía de Castellón ha pedido siete años de cárcel para Vicent Aparici, número dos de Carlos Fabra en la Diputación, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y por prevaricación medioambiental. Según el escrito de la fiscal, Aparici, en su etapa de alcalde de La Vall d'Uixó, no solo autorizó el vertedero y los vertidos de residuos tóxicos y peligrosos, sino que, "conocedor de las diversas ilicitudes por carecer de todo tipo de licencia, no inició ningún tipo de actividad sancionadora". Por ello, le pide siete años de cárcel y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público y que se le inhabilite para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la gestión de vertederos cuando, precisamente, en la Diputación tiene asignadas las competencias de Medio Ambiente.

El asunto implica también a dos concejales y a un empresario

La solicitud de apertura de juicio oral remitida a la Audiencia señala también a los responsables del urbanismo local entre 1995 y 2003, los concejales populares Alfonso López y Enrique Segarra, como presuntos autores del mismo delito de prevaricación ambiental al considerar que conocían la situación y "teniendo competencias para iniciar las oportunas actuaciones administrativas, no lo hicieron, permitiendo de esa manera que el vertedero continuara su actividad". Para ellos, el fiscal pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación. En la causa también figura como acusado el empresario que en aquel momento realizaba la recogida y tratamiento de residuos para La Vall d'Uixó.

Ni Fabra, ni Aparici quisieron comentar ayer el asunto. La secretaria provincial del PP, Marisol Linares, aseguró que Aparici y el partido lo desconocían.Los hechos por los que la Fiscalía pide 7 años de cárcel para Vicent Aparici se remontan a 1998. Desde aquella fecha y hasta 2002, según recoge el escrito de conclusiones provisionales, se depositaron en un vertedero no autorizado de La Vall d'Uixó residuos procedentes de actividades domésticas e industriales, "pese a no tener ningún tipo de autorización municipal, ni licencia, ni estudio de impacto". Aparici, entonces alcalde, autorizó al empresario que realizaba la recogida y tratamiento de los residuos en el municipio para que "de manera periódica, se efectuaran vertidos y depósitos de todo tipo de residuos industriales y domésticos". En unos casos, la empresa realizaba directamente el vertido y, en otros, actuaba "controlando los de muy diversa procedencia que, con su consentimiento y control, se efectuaban cobrando incluso diversas cantidades por ello", según la fiscal.

Durante la instrucción de la causa, abierta hace 10 años, han realizado informes periciales el ecotoxicólogo forense y el Instituto Nacional de Toxicología y se han tomado muestras en el barranco Del Garrut. De su estudio, la fiscal considera que los vertidos "contenían sustancias catalogadas como tóxicas y peligrosas" que en algunos casos fueron depositadas directamente, como los metales pesados, y, en otros, de manera indirecta "al mezclarse entre las mismas". Los continuos vertidos han producido lixiviados que han ido a parar al cauce del barranco Del Garrut, afluente del río Belcaire, y han provocado filtraciones que han afectado "de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas". Además, la fiscal detalla los resultados de los análisis de muestras tomadas en 1999 y en 2002. En el primer caso, se detectó la presencia de cromo y boro y, en el segundo, de cromo, boro y cloruros en cantidades que "excedían, con mucho, los parámetros permitidos como valores máximos", indica la fiscal. En pequeñas dosis, tanto el boro como el cromo pueden provocar irritaciones en la nariz, garganta y ojos, pero pueden llegar a afectar gravemente al estómago, los riñones o el hígado.

El vertedero en el que se hicieron los vertidos "no reunía las condiciones para limitar los efectos nocivos para el ecosistema o la salud de las personas". Tampoco se adoptó ninguna medida paliativa como impermeabilización, separación de pluviales, recogida de lixiviados o selección de residuos. Lo único que hizo el Ayuntamiento, en noviembre de 1999, fueron unas obras de emergencia para "adecentar exteriormente la imagen del vertedero".

Según la fiscal, el entonces alcalde no era el único que conocía el problema. Los concejales de Urbanismo en el periodo en el que se realizaron los vertidos, Alfonso López y Enrique Segarra, tenían competencias para actuar y no lo hicieron "permitiendo que el vertedero continuara su actividad".

"Los efectos del vertedero, aunque actualmente en desuso, siguen produciéndose", tal como relata la fiscal. Pese a ello, el Ayuntamiento no ha extraído los materiales y sustancias depositadas para su tratamiento. Por todo ello, la fiscal no solo acusa a Vicent Aparici y a sus dos concejales, sino también al empresario, a la vez que declara al Ayuntamiento de La Vall d'Uixó como responsable civil subsidiario.