La federación de municipios paga 200.000 euros por una sede inútil

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha pagado 204.904 euros por una subsede en Castellón que carece de utilidad para este organismo. Estos locales se terminaron de acondicionar en abril de 2010, pero su existencia ni siquiera figura en la información que facilita el organismo que aglutina a los municipios valencianos y que controla el Partido Popular. Este periódico llamó a la sede de la FVMP en Valencia y los empleados que atienden al público no supieron dar cuenta de la existencia de estas oficinas que llevan más de un año abiertas en la avenida de Vall d'Uixó número 25 de Castellón. Es más, los locales cuya reforma y acondicionamiento ha pagado la federación de municipios son utilizados por la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra.

La decisión de montar una sede en la capital de La Plana parte del secretario de la Federación de Municipios y Provincias, el también ex edil de Urbanismo de Benicarló José Antonio Redorat, y el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Ambos firmaron en julio de 2008 un convenio por el que la Corporación provincial cedía un local de casi 200 metros cuadrados a la FVMP a cambio de que este organismo lo acondicionase. El acuerdo estipulaba que la Diputación podría recuperar el local un año después sin contraprestación económica alguna a la federación de municipios.

Redorat fraccionó el proyecto de adecuación de los locales de la FVMP en tres partes, que se abonaron a lo largo de 2009. Los pagos fueron de 69.854 euros, 68.349 y 49.996, a los que se añadió una partida adicional de 16.704 euros para mobiliario.

El despropósito del convenio, dada la cuantía de la inversión, obligó a Redorat y Martínez a firmar una adenda al convenio en abril de 2009, con las obras ya en marcha. En este nuevo escrito se añadió que la Diputación se compromete a "facilitar otro local idóneo o, en su defecto, compensar económicamente a la FVMP por los gastos efectuados pendientes de amortización".

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, aseguró ayer desconocer la situación de la subsede de Castellón. Bastidas, que no ha visitado nunca los locales mencionados, recordó que en su día se firmó un convenio con la Diputación de Castellón pero remitió a Redorat, que lleva el día a día de la federación de municipios, para que aclarase las gestiones realizadas en Castellón.

Redorat, que en un primer momento no supo precisar la dirección de la subsede de la FVMP en Castellón, admitió que los locales llevan más de un año abiertos, pero no se han inaugurado porque estaban a la espera de que hiciese los honores el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Redorat explicó que las instalaciones -que incluyen una recepción, una sala de reuniones y cuatro despachos- son utilizados por una decena de funcionarios que desarrollan un plan de apoyo al sector cerámico y que cerca de "1.200 trabajadores desempleados" de las azulejeras han pasado por estas instalaciones de la federación de municipios para ser entrevistados. "Las facturas de luz y agua las paga la Diputación de Castellón", reconoció Redorat, que según fuentes del PP es una persona que tiene relación fluida con Carlos Fabra y el ex secretario regional del partido Ricardo Costa.

Las obras de reforma y acondicionamiento de la subsede de la federación de municipios fueron adjudicadas a la empresa Piaf, una de las firmas que aparece en el sumario del caso Gürtel relacionada con la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana.

La empresa castellonense, presidida por Antonio Pons Dols, figura en los informes policiales como una de las que pagaron a Orange Market, la ventanilla valenciana de la trama Gürtel, por trabajos supuestamente ficticios. Según los informes policiales del sumario del caso Gürtel las cantidades abonadas por Piaf habrían servido realmente para abonar gastos de las campañas electorales del PP.

La empresa Piaf, que también es la adjudicataria del mantenimiento de los edificios públicos y colegios de la capital de La Plana, facturó, al margen de lo pactado en los contratos con el Ayuntamiento, alrededor de 19 millones de euros entre 2003 y 2009, según la comisión de investigación local que el PP aceptó abrir para analizar el papel de estas sociedades salpicadas por el escándalo del caso Gürtel. Una comisión que concluyó, gracias a la mayoría del PP, que no se habían constatado irregularidades.

La llamativa decisión de Redorat de abrir una subsede de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en Castellón contrasta con la situación en la ciudad de Alicante, cuya subsede se cerró hace más de dos años.

El secretario general de la FVMP se justificó en que hubo problemas hace dos años con la Diputación de Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, y tuvieron que desalojar el local que les cedía la Corporación provincial. Desde entonces, la federación valenciana de municipios no tiene locales en Alicante. "Estamos pendientes de la firma de alquiler de un local más pequeño [que el de Castellón]", se justificó el secretario de la FVMP.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias -como la Federación Española de Municipios y Provincias que en su día presidió Rita Barberá- es un organismo que, en teoría, debería defender los intereses de los ayuntamientos frente a las Administraciones autonómica y estatal. En la práctica, la FVMP es un órgano de carácter simbólico que sirve para que los partidos políticos puedan liberar personal a través de los cargos de asesores.