La explosión de la burbuja

El jueves 18 de abril de 2007, Astroc, la inmobiliaria que convirtió a Enrique Bañuelos en uno de los 100 hombres más ricos del mundo, perdió un 43% de su valor en Bolsa. El lunes 23, las acciones perdieron otro 37%. La firma estrella de la era del ladrillo había crecido de forma sostenida y había multiplicado su valor por 10 en menos de un año. Hasta que se desplomó. Muchos ahorradores perdieron mucho dinero. Pero Francisco Camps todavía se permitía prometer el pleno empleo durante la campaña electoral que le llevaría a su segundo mandato como presidente de la Generalitat.

Los promotores inmobiliarios ya alertaban sobre ciertos excesos en la producción. Los precios de la vivienda se habían disparado y los inversores internacionales empezaban a mirar hacia otros mercados.

La Generalitat asistió al huracán sin capacidad de reacción

Ya había algunos nubarrones, pero eran tiempos felices en los que fluía el crédito a bajo interés. La construcción y el negocio inmobiliario se tragaban las dos terceras partes del dinero fresco que ponían en circulación las entidades financieras. Y la Comunidad Valenciana, la California de Europa, concentraba su iniciativa en la promoción y los servicios personales.

El naufragio de Astroc fue todo un síntoma. Bañuelos encarnaba el modelo de empresario que surgió al calor de la falta de control público sobre el negocio inmobiliario. Un promotor recuerda la consigna de un consejero del ramo: "¡Cread riqueza, cread riqueza!". Y empleo. Mucho empleo. Pero de poca calidad.

Gerardo Camps, consejero de Economía y Hacienda, reiteraba que la Comunidad Valenciana estaba llamada a ser una comunidad de servicios. El impulso de grandes eventos como la Copa del América o el Gran Premio de Fórmula 1 acentuaban la apuesta del Consell por el turismo y la inversión residencial. Un modelo que se quebró definitivamente en septiembre de 2007 cuando varios bancos estadounidenses que habían concedido generosas hipotecas a demasiados clientes sin recursos se arruinaron.

En septiembre de 2008 quebró Lehmann Brothers, modelo de un agresivo banco estadounidense de inversión. Y vino la cascada. El crédito se frenó en seco. Lo mismo que la construcción, el motor que debía producir el pleno empleo.

La debacle económica barrió la Comunidad Valenciana en todas direcciones e hizo temblar a todos los sectores. Una parte de la industria manufacturera que competía porque producía a costes más bajos que los fabricantes italianos había sido barrida por la liberalización comercial y el acceso global a mercados con costes laborales irrisorios.

Las actividades que arrastraba la construcción sufrieron el mayor golpe. Desde el textil para el hogar hasta el mueble pasando por el azulejo, tres industrias con gran implantación en territorio valenciano.

A lo largo de la legislatura, la destrucción de tejido empresarial ha sido elevada. Entre 2007 y 2010 la cifra de empresas activas cayó un 4,4%, porcentaje muy superior al 1,36% que arrojó en el periodo la media española, según el INE. A finales de este año había 352.366 empresas en la Comunidad Valenciana.

El desglose por sectores indica cómo en la industria el número de empresas activas ha caído un 8,27%. El segundo descenso más abrupto lo sufrió el comercio, un 6,6%. Los servicios, con un 3,57%, y la construcción, con un 1,17% menos de empresas activas, tampoco han vivido buenos tiempos.

Pero el impacto más dramático tiene rostro humano. El boyante mercado laboral registraba en 2007 una tasa de paro del 8,55%, ligeramente por encima del 8,47% que era la media española. Pero en Castellón bajaba hasta el 6,41%, muy cerca del pleno empleo técnico que los expertos cifran en un paro del 5%.

La Comunidad Valenciana tiene ahora menos ocupados que en 2007 pese a que la cifra de trabajadores en activo no ha dejado de crecer. Y el paro se ha triplicado en estos años.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2007 mostraba que en la Comunidad había 2,18 millones de ocupados, cifra que ha caído y no llega a 1,9 millones en el primer trimestre de 2011. Por el contrario, el número de parados ha pasado de 200.000 a rozar los 600.000. Y la tasa de paro se ha disparado hasta el 24,12%.

Especialmente dramático ha sido el aumento del desempleo entre los inmigrantes. Entre los extranjeros que acudieron a trabajar a la Comunidad Valenciana cuando la burbuja todavía se hinchaba, el número de parados se ha multiplicado por cuatro desde 2007. En abril de 2007 había 20.008 inmigrantes parados, según datos del Ministerio de Trabajo. En el mismo mes de 2011 eran casi 90.000.

La Generalitat asistió al huracán sin capacidad de reacción. Durante los años de bonanza se sumó a la fiesta del crédito fácil y la deuda pública nunca dejó de crecer. Francisco Camps cerró su primer ejercicio como presidente de la Generalitat con una deuda cercana a los 8.000 millones. A finales de 2010, la deuda alcanzó los 17.600 millones de euros.

La hipoteca de las empresas públicas creció en paralelo desde 1.500 millones de euros a finales de 2003 hasta 3.000 millones de euros a finales de 2010.

Los presupuestos de la Generalitat no permiten alegrías. La nómina de los empleados públicos y los gastos fijos asociados a los servicios de Sanidad, Educación y Bienestar Social consumen la inmensa mayoría del dinero formalmente disponible. Y cuando los ingresos quedan por debajo de lo previsto, no se puede pagar. Así de simple.

Gerardo Camps, actual vicepresidente económico del Consell, anunció en enero de 2009 el denominado Plan Confianza encaminado a paliar la virulenta destrucción de empleo en la Comunidad Valenciana que se financiaría con un crédito específico.

Francisco Camps ha reiterado que la Generalitat supo reaccionar a tiempo, siempre a diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero, al inyectar 1.700 millones de euros para mover la economía. Pero la Sindicatura de Cuentas cifró en 343 millones el gasto asociado al Plan Confianza en 2009. Y el propio Gerardo Camps asumía en febrero pasado que apenas había pagado 138 millones de euros de una partida de 1.020 millones destinada a financiar inversiones productivas en los municipios valencianos.

La crisis financiera internacional no ha hecho sino complicar la situación de la Generalitat. A lo largo de casi todo el año 2010, el Instituto Valenciano de Finanzas no ha podido vender deuda en los mercados institucionales. En octubre pasado forzó a Bancaja y a la CAM a comprar una emisión de 1.000 millones de euros. En diciembre recurrió a una emisión de bonos patrióticos dirigidos a particulares que debía cubrir las deudas acumuladas con diversos proveedores de la Administración autonómica. Pero esas deudas nunca llegaron a saldarse, como prueba la proliferación de asociaciones y federaciones patronales que reclaman el pago de facturas pendientes desde hace años.

La impotencia, sin embargo, ha sido maquillada con victimismo. Y con un chivo expiatorio: José Luis Rodríguez Zapatero es el origen de todos los males que afectan a los valencianos.