Un empresario pagó un crédito de 390.000 euros de Fabra

El informe pericial encargado para investigar el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre 1999 y 2004, desvela que el ex presidente del CD Castellón Antonio Bonet se hizo cargo de un préstamo de 390.000 euros concedido al político, del que era avalista. Bonet fue llamado a declarar ante el juzgado número 1 de Nules, que investiga a Fabra por varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Allí, Bonet admitió que, en su condición de avalista, satisfizo los importes del préstamo: entre 1999 y 2004 aportó algo más de 280.000 euros para hacer frente a los vencimientos, según el informe pericial.

La investigación de los peritos sobre las cuentas de Carlos Fabra y su familia entre 1999 y 2004 desvela la posible comisión de nueve presuntos delitos fiscales en los que el presidente de la Diputación y su esposa, María Amparo Fernández, habrían dejado de pagar 1,7 millones de euros al fisco.

El informe destaca que Fabra ingresó 8 millones de euros en cinco años

El crédito con la Caja Rural Credicoop fue suscrito, con un plazo de diez años, en 1996, apenas un año después de que Fabra accediera a la presidencia de la Diputación. El acuerdo tuvo como avalistas a la esposa de Fabra, a Bonet y a Fernando Roig, empresario y presidente del Villarreal CF. Ambos clubes reciben subvenciones y patrocinios de la Diputación y de la empresa pública Aeropuerto de Castellón, que preside el propio Fabra.

Según la documentación, Bonet se hizo cargo, al menos, durante los seis años que abarcan el período investigado, del principal, los intereses y las demoras que se sumaban cuando Carlos Fabra no pagaba las cuotas.El período investigado por los peritos, que han analizado las cuentas de la familia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre 1999 y 2004, incluye el pago de algunas facturas domésticas: mobiliario de cocina, electrodomésticos, carpintería, obras de reforma... La mayoría de estos pagos se hacía en efectivo, según relatan los peritos, que son inspectores de Hacienda, en el informe encargado por el juzgado número 1 de Nules que investiga a Fabra ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

Sin embargo, tal como expresan en su referencia a cada uno de estos pagos, contra los que se emitieron facturas, "no se justificó el origen de los fondos con los que se realizaron los pagos, sin que tampoco hayan podido localizarse en fechas próximas a las facturas cheques o reintegros que hubieren podido ser aplicados al pago de las mismas", ya que los peritos han buscado no sólo fechas coincidentes sino también cantidades aproximadas a lo que posteriormente se pagaba. En estos casos se encuentran pagos que van desde los 1.200 euros hasta los 12.000 euros.

Los peritos destacan en el informe la ingente cantidad de movimientos bancarios en las cuentas de Fabra y su esposa y, tras analizar los más de 8 millones de euros ingresados (en efectivo, con cheques o transferencias), sostienen que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones de euros. Del análisis se han suprimido, tal como indica el informe, las cuentas que corresponden a Fabra como representante público en instituciones.

El informe detalla "otros pagos" y, entre éstos, figura la adquisición de participaciones de Explotación Minera Vanessa, la sociedad que pasó a estar formada por la esposa y el chófer de Fabra, José del Campo, en 1999. Según los peritos, la escritura de adquisición de las 360 acciones estipulaba un precio de compraventa de 21.636 euros. El documento indica que "la parte vendedora confiesa haber recibido 7.212", mientras que el resto del pago debía materializarse durante 2000 y 2001. "No se ha justificado el origen de los fondos" y tampoco se han "localizado en las cuentas bancarias disposiciones de fondos que pudieran haberse aplicado al pago de las citadas cantidades en las fechas indicadas". En cualquier caso, la esposa de Fabra (titular de las acciones) decidió desprenderse de ellas en 2001 y venderlas a Tierra Atomizada, empresa con la que firmó un contrato de promesa de venta por un total de 150.253 euros. "De esta forma, la cantidad ahora percibida casi septuplica la satisfecha menos de dos años antes", inciden los peritos.

Tierra Atomizada fue protagonista de un litigio, que comenzó en 1996, cuando la empresa amplió sus instalaciones sobre un suelo de protección agrícola, que no permite el desarrollo de actividad industrial. Sin embargo, la empresa logró, con el Ayuntamiento de L'Alcora como valedor, que el Gobierno valenciano, presidido entonces por Eduardo Zaplana, aprobara una Declaración de Interés Comunitario, que legalizaba la obra hasta que el TSJ declaró la decisión del Consell "contraria a derecho" en julio de 2001.

Entre los otros pagos también se encuentra el de la adquisición de una parcela rústica, comprada por la esposa de Fabra en 2002. El precio confesado de la compraventa fue de 12.020 euros, cantidad por la que se emitió un cheque. Según los peritos, en la misma fecha en la que se adeuda éste (son movimientos consecutivos) se produce un reintegro de 48.080 euros. La suma de ambos asciende a 60.101 euros, exactamente 10 millones de pesetas, por lo "parece deducirse que el precio realmente satisfecho fue este último y no el confesado en la escritura", según los inspectores.