Tres consejeros para una ley atascada

La consejera Angélica Such es la tercera responsable de Bienestar Social encargada de aplicar la Ley de la Dependencia, una norma que no funciona -como apuntan diversos estudios- y que se ha convertido en un problema para el Consell.

Such acaba de aterrizar en un departamento que figura a la cola de las clasificaciones que periódicamente publica el Ministerio de Sanidad y Política Social sobre el desarrollo de la ley. En la última tabla, a fecha 1 de septiembre, sólo Madrid estaba por debajo en número de solicitudes presentadas (el 0,87% de la población en la Comunidad Valenciana frente al 0,69 de Madrid y el 3,67% de Andalucía, en el otro extremo).

Pero además de tener que darle la vuelta a este escenario, la ex responsable de Turismo llega con la paciencia de las asociaciones de dependientes y de familiares bajo mínimos después de tantos cambios. "Difícilmente podrá contar con 100 días de confianza, es mucho tiempo y hay muchas cuestiones pendientes", comenta Carlos Laguna, de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana. "Toda esta sucesión de consejeros nos perjudica", señala con relación al desfile de políticos. "En cuanto comienzan a comprender este mundo los cambian", indica Laguna.

Las bases de la aplicación de la norma, que comenzó a andar en 2007, las puso la ex consejera Alicia de Miguel. De ella fue la idea de crear una empresa pública, la Agencia de Prestaciones Sociales (Avapsa) para asumir el grueso de la tramitación de la ley y todo el andamiaje administrativo que conlleva.

Ese mismo año hubo elecciones y en el nuevo Consell Juan Cotino se hizo con la cartera de Bienestar Social. Su llegada se tradujo en una remodelación total de las personas elegidas por su antecesora para impulsar la norma. "No quedó títere con cabeza, se cambiaron de puesto hasta funcionarios", recuerda Laguna.

Todo ello provocó una parálisis en la tramitación de ayudas y un retraso que aún no se ha podido recuperar. Además, no fue hasta un año y tres meses más tarde, en septiembre del año pasado, cuando Cotino perfiló la estructura administrativa definitiva para gestionar la Ley de la Dependencia. Entonces, el ahora ex responsable de Bienestar Social reformó su departamento y creó una secretaría autonómica de Autonomía Personal y Dependencia para abordar los retos que planteaba la norma.

Esta reorganización tampoco ha arrojado los resultados esperados, como han denunciado en la calle las asociaciones de dependientes y como demuestran los más de 4.600 fallecidos que esperaban las ayudas. O los millones de euros que la Generalitat ha dejado de percibir de parte del Gobierno debido al retraso en el reconocimiento de beneficiarios, ya que parte de la financiación de las ayudas está vinculada al número de personas a las que se ha reconocido su dependencia por parte de las administraciones autonómicas.

Such sabe a qué se enfrenta, señalan desde su departamento: "La consejera considera una prioridad el desarrollo de la ley, es consciente de que es una demanda social de primer nivel". De hecho, las mismas fuentes indican que ya se ha reunido con responsables del sector en su primera semana como responsable de Bienestar Social. Palmira Castellano, de la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència, no lo tiene tan claro: "Yo creo que no va a cambiar nada, porque la falta de actividad responde más a la actitud de un partido político que a la de los consejeros".