Tres colegios de abogados firman créditos para pagar el turno de oficio

Los abogados vuelven a manejar posiciones de fuerza ante la imposibilidad, al menos hasta el próximo marzo, de cobrar la deuda del turno de oficio que tiene ya acumulada la Generalitat en este ejercicio: una parte importante del segundo trimestre y el tercero completo. El Consell ya les ha dicho que no tiene dinero para pagar. Algunos colegios de abogados han escogido endeudarse. Otros, esperar a ver qué pasa en los próximos meses. Y algunos empiezan a plantear la protesta.

Para salir al paso de esta situación, el de Valencia ha planteado una posibilidad, aprobada en el Consejo Valenciano de la Abogacía, para que los colegios profesionales territoriales firmen un préstamo con el Banco de Sabadell, con un interés del Euríbor más un punto.

La deuda con el colegio de Castellón supera los 635.000 euros

Así lo han hecho ya los colegios de Valencia, Alicante y Elche.

Los letrados han sido informados por el Consejo Valenciano de la Abogacía de que la Consejería de Justicia asume que de no hacer frente en la fecha prevista de 2011 a la deuda (que alcanzará seguro al cuarto trimestre del año), se hará cargo de los intereses devengados por los préstamos con los bancos. Sin embargo, no lo ha puesto por escrito. Así lo reconoce, por ejemplo, Francisco Real, decano saliente del Colegio de Abogados de Valencia. Pero no todos los colegios han aceptado el préstamo como alternativa al cobro diferido.

El acuerdo para el préstamo es una medida excepcional y se limita a la deuda del segundo y tercer trimestre de 2010, por lo que en el caso de que el próximo año se diera la misma situación con la Generalitat, los colegios habrían de afrontar el problema de nuevo.

Algunos letrados consideran que, "dados los hábitos presupuestarios de la consejería", el problema se repetirá en 2011, sobre todo porque el presupuesto para el próximo ejercicio se mantiene en los 16,5 millones de euros de este año, una cantidad que ha resulta "del todo insuficiente".

La deuda de la Generalitat con los colegios de abogados por el pago del turno de oficio ya llevó a los letrados, por primera vez en su historia, a salir a calle a manifestar su protesta en 2009. Se concentraron, por ejemplo, ante la Ciudad de la Justicia de Valencia. Y solo la amenaza de salir con toga y expresar su protesta ante el Palau de la Generalitat hizo reaccionar al Consell. Pero solo sirvió para calmar los ánimos provisionalmente.

En el mismo acto en el que en diciembre pasado el Consell reconoció deudas pretéritas, cuestionó las certificaciones que se daban y advirtió que las examinaría. Y, por supuesto, no modificó un presupuesto que se había demostrado escaso y se preveía, para 2010, más exiguo aún por la situación de crisis y el inevitable incremento de situaciones personales que darían derecho al turno de oficio.

El conflicto ha vuelto a estallar. Algunos letrados afectados han llegado a esgrimir la posibilidad de hacer una huelga, otros arguyen que el Gobierno valenciano está obstaculizando un derecho constitucional como es el de la justicia gratuita. El caso es que aunque la deuda es millonaria y pese a las advertencias de los abogados, la Generalitat ha anunciado que no puede pagar.

El Colegio de Abogados de Castellón ha convocado, para el próximo día 14, una junta general extraordinaria con el objeto de debatir si firma el préstamo para pagar la deuda de la Consejería de Justicia con los abogados del turno de oficio. El colegio ha remitido un escrito a los letrados en el que les informa de que la deuda de la Administración autonómica asciende a 161.017,29 euros por el segundo trimestre y a 474.541,63 euros por el tercero. Es decir, una factura total pendiente de 635.558,92 euros.

La entidad advierte a sus abogados de que la firma del préstamo no es la única fórmula de pago, ya que el colegio de Castellón tiene vigente un Convenio con Caixa Catalunya, por el que los letrados del turno de oficio pueden solicitar un anticipo, a modo de préstamo individual, de los importes certificados por el colegio, sin coste alguno si son clientes y con un coste de 30 euros si no lo son. Este convenio no tiene intereses durante el plazo de seis meses. En la misiva, el colegio señala que la diferencia entre el préstamo y el acceso al convenio con Caixa de Catalunya es que, en el primero, el prestatario y obligado al pago es el colegio, mientras que en el segundo, lo es el colegiado.

Ante los presupuestos presentados por la Generalitat, el presidente del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Badenes, consideró insuficientes las previsiones, puesto que este año, la misma cantidad "no ha servido ni para cubrir el segundo trimestre".

Badenes adelantó que la situación volverá a ser "difícil" para los colegios de abogados el año que viene, aunque apuntó: "No creo que el servicio gratuito del turno de oficio corra peligro".

Todos los colegios profesionales tienen conciencia de la dificultad para cobrar el turno de oficio. Y también de las intenciones de la Generalitat, que es revisarlo a la baja. Prueba de ello es que a pesar de que en los últimos ejercicios la cifra de gasto ha superado los 22 millones de euros, su presupuesto ni siquiera se acerca a esa cantidad, sino que es al menos seis millones inferior.

Las recientes elecciones a decano en el Colegio de Abogados de Valencia demostraron que la preocupación por el funcionamiento del servicio de justicia gratuita y su supervivencia económica es importante. Todos los candidatos orientaron sus propuestas más destacadas a dar respuesta a la situación que sufren. Y varios de ellos aseguraron tener casi cerrados acuerdos con entidades bancarias para ofrecer las mejores respuestas a los letrados que ejercen en el turno de oficio, con tarifas realmente muy alejadas de cualquier despacho profesional.

Los discursos a propósito de ese servicio dejaron también ver hasta dónde llega la preocupación. No todos se mostraron tan complacientes como la actual junta de gobierno del Colegio de Valencia. Los hubo que propusieron, y tuvieron eco, una posición más firme con la Generalitat ante el sucesivo impago de su trabajo.