El cobrador del frac persigue al Consell

La Generalitat paga tarde y mal. Y eso lastra a diversos colectivos de ámbitos diferentes que están en pie de guerra, hartos de vivir en números rojos o tener que ingeniar fórmulas para sobrevivir. Los últimos que han levantado la voz han sido los abogados del turno de oficio, pero también sufren las consecuencias de esa mala gestión financiera: los bomberos, los rectores, los directores de los institutos, las madres y padres de las guarderías, los proveedores de productos farmacéuticos o los constructores de obra pública. El impago del Consell a miles de valencianos contrasta con la política de grandes fastos del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que se fotografía conduciendo un Ferrari con Alonso.

Las empresas sanitarias cobran con un retraso de entre 4 y 7 años

GUARDERÍAS

"El recorte se ha hecho con mala leche"

El recorte del 25% del precio del bono infantil operado por la Consejería de Educación el mismo día del inicio del curso -sin informar a las patronales del sector ni a los Ayuntamientos que gestionan 127 escuelas infantiles- supuso un varapalo en toda regla al presupuesto familiar y municipal. Para las familias, porque los padres que llevan a sus hijos a una guardería privada tendrán que poner de su bolsillo "entre 420 y 730 euros" más al año, según las propias estimaciones publicadas por las patronales Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) y la unión valenciana de cooperativas Fevecta, que gestionan entre ambas las 339 guarderías subvencionadas por la consejería. Y, en el caso del centenar de alcaldes de todos los signos políticos afectados porque, la mayoría, financiará el recorte presupuestario de la Generalitat para evitar que un padre que firmó en junio la matrícula del puesto escolar de infantil de 0 a 3 años por un importe de 57 euros (en el caso por ejemplo de la escuela de Polinyà del Xùquer) tendrían que pagar unos 400 euros más al año.

Este bocado operado por Educación en septiembre al precio inicial pactado en abril con las patronales puso en pie de guerra a Ayuntamientos y patronales. "El recorte se ha hecho con bastante mala leche. Nos sentimos engañados". En la práctica esta rebaja de bono infantil ha agravado aún más las finanzas de los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños como Polinyà, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que destina el 3% de su presupuesto a cubrir el déficit de su escuela infantil. O en Elche, que gestiona el funcionamiento y mantenimiento de 5 escuelas infantiles y ahora tiene que pagar los 40 euros por cada plaza que la consejería ha recortado.

PROFESORES "La hipoteca o el coche no esperan a Font de Mora"

Los profesores interinos son otra de las batallas inconclusas de la Consejería de Educación. Los múltiples retrasos en el pago de los salarios y de los trienios de los últimos cuatro años han provocado concentraciones semanales ante la puerta de la Generalitat, la última el jueves pasado. En esta ocasión llevan dos nóminas sin cobrar. "Pero la hipoteca, la comida, el coche y todos los gastos del mes no esperan a Font de Mora", denuncia un afectado. Los directores de Instituto también se quejan del retraso en los ingresos para los gastos de funcionamiento, aunque durante los últimos meses "al menos están llegando", admite un portavoz del colectivo. La intensidad del malestar en el sector de la enseñanza se pulsará el próximo 1 de diciembre cuando está previsto manifestaciones en las tres capitales de provincia, convocadas por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública

RECTORES "Buscamos fórmulas para pagar nóminas"

Los rectores de las universidades públicas valencianas se encuentran en una situación "límite" porque la Generalitat no les libra desde el mes de agosto los fondos con los que pagan a su personal y a los proveedores. "Estamos muy preocupados", admite un rector. "Buscamos fórmulas para pagar nóminas", agrega otro. Los equipos financieros tienen un "considerable problema de tesorería" que les ha obligado a suscribir préstamos a corto plazo para hacer frente a los pagos. En la Universidad de Alicante algunos complementos que perciben profesores y personal de servicios se pagarán en febrero próximo. Si en diciembre los rectores no perciben el dinero comprometido la situación sería muy complicada. La Generalitat durante todo el ejercicio de 2009 se comprometió a ingresar 815 millones de euros a las cinco universidades en doce mensualidades, pero desde septiembre se ha dejado de pagar. El último trimestre está pendiente. Primero hubo un compromiso de pagar en noviembre, luego se habló de final de año, y ahora no hay respuesta ni plazos.

CONSTRUCCIÓN

"La obra pública no se paraliza, sino desaparece"

Los contratistas de obra pública llevan buena parte de este año intentando recibir sin éxito una solución por parte del Consell para agilizar los pagos de la deuda que la administración valenciana tiene contraída con ellos. La deuda rondaría los mil millones de euros (aunque varía porque, además de ser de distintos tipos, alguna se va pagando y otra se añade). En marzo se anunció una comisión mixta entre la Consejería de Economía y los contratistas, y en los meses que siguieron hubo presiones de la patronal y se produjeron reuniones. El Consell incluso anunció al sector fórmulas como líneas de avales a algunas empresas públicas para cobrar obras ejecutadas que no se han materializado. Y desde el verano no ha habido nuevas reuniones. El tiempo pasa y en el sector hay "frustración" y se recuerda que de ellos también dependen muchas empresas subcontratistas. A este problema, además, se suma que los presupuestos de la Generalitat para el año próximo reflejan una caída de la inversión (capítulo VI) del 25,97% en dos años, según datos facilitados por fuentes del sector. En el caso de la Consejería de Infraestructuras, el capítulo inversor ha caído un 57,7% en dos años. Y de los 175,5 millones de inversiones previstas por el departamento que dirige Mario Flores, el 81% se dedicará a pagar obras terminadas, en curso, expedientes, asistencias técnicas o estudios, mientras que un 18% irá dirigido a nuevas licitaciones para 2010. Un porcentaje similar a los de Medio Ambiente, Sanidad o Educación, inciden estas fuentes. "Con esta caída de licitación para 2010, el sector de la obra pública en la Comunidad Valenciana no se paraliza...sino desaparece", concluyen.

SANIDAD

"Retrasos de cuatro a siete años en el cobro"

La Consejería de Sanidad es una de las grandes deudoras de la Generalitat y entre sus principales acreedores se encuentran los proveedores de productos farmacéuticos y de tecnología sanitaria. Entre estos últimos, la asociación que agrupa a las principales empresas, Fenin (Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnología Sanitaria) destaca que la Comunidad Valenciana es "uno de los grandes morosos" de las administraciones sanitarias. Después de que en mayo de 2008 se saldara la deuda entre 2001 y 2004 (unos 225 millones de euros) aún faltan facturas por pagar de unos 160 millones de euros entre 2006 y 2008. El periodo medio del pago a estas empresas por parte de Sanidad era a 30 de septiembre de 342 días, una cifra que supera en más de 100 días la media estatal que se sitúa en 236 días. Además de esta situación, Fenin denuncia que se da la particularidad de que "las empresas deben de reclamar en vía judicial no sólo el pago de los intereses de demora, sino además el del principal de la deuda", lo que puede suponer que "las empresas cobren con un retraso entre cuatro y siete años y con apreciables costes de gestión".

Otra de las afectadas de los problemas de liquidez de la Generalitat son las empresas productoras de medicamentos. Un portavoz de Farmaindustria, entidad que agrupa a las principales firmas en España, señala que al cierre del tercer trimestre de este año, el tiempo medio de pago de la Administración sanitaria valenciana era de 271 días, frente a una demora media estatal de 243. Farmaindustria no ha precisado a cuánto aumenta la deuda actualmente, aunque a finales del año pasado suponía casi 400 millones de euros.

BOMBEROS DE ALICANTE "Cobramos menos porque la Generalitat no cumple"

La Generalitat debe al Consorcio Provincial de Bomberos en Alicante más de cinco millones de euros, correspondientes a deudas de los últimos dos años. Los acuerdos de plantilla no se han cumplido. Víctor Sendra, delegado de CC OO en el comité de empresa, lamenta que "no haya previsión de pagar los atrasos, ni regularizar los acuerdos". El retraso de pagos de la Generalitat lo notan cada mes en su bolsillo los 530 bomberos de Alicante a los que se les debe 9 pagas de más de 120 euros mensuales, desde principio de año. Y a los bomberos base, es decir los contratados durante los últimos años, cada mes cobran más de 200 euros menos debido a la deuda del Consell. "Efectivamente que se nota, cada mes cobramos menos en la nómina porque la Generalitat no cumple con el consorcio", se lamentan.

Esta información ha sido elaborada por Ezequiel Moltó, Neus Caballer, Jaime Prats y Rosa Biot.