"Para el circuito de Fórmula 1 hay dinero, ¿y nosotros?"

Alicia Bertó es técnica del departamento de Dependencia en la Oficina de Discapacidad y Ley de Dependencia que el Ayuntamiento de Gandia inauguró el pasado octubre. El servicio atiende a 13 pueblos de La Safor y la Vall d'Albaida, con una población aproximada de 90.000 habitantes. La oficina, explica Bertó, nació con vocación de hacer de "puente" entre la ley de Dependencia y la ciudadanía y centraliza las solicitudes de afectados o familiares que piden acogerse a las ayudas. Los trabajadores de la oficina viven de primera mano los problemas a los que hacen frente las personas dependientes. El más denunciado, las peticiones reiteradas de documentación, continuas incidencias que alargan los trámites y contribuyen a aumentar el malestar y, en los casos más críticos, la desesperación de los enfermos y sus familiares.

"¿Qué nos queda, acudir a la vía judicial?", se pregunta Mercedes

A primeros de mayo la oficina de Gandia había tramitado 1.318 solicitudes. De todos los expedientes presentados, la Generalitat solo había aprobado un caso, y 34 de los solicitantes fallecieron sin que sus peticiones fueran atendidas. El Gobierno valenciano culpa al central de falta de financiación y de un desarrollo incompleto de la ley. El PSPV responde y acusa a la Generalitat de "boicotear" la ley, ya que las valoraciones no se realizan al ritmo esperado y la resolución de los expedientes se retrasa. En medio del cruce de acusaciones, el desamparo de los afectados.

Irene Parreño y su marido, Pepe Castelló, de 32 y 31 años respectivamente, iniciaron hace un año los trámites para acogerse a la ley de Dependencia. Pepe, su primer y único hijo, nació hace dos años y medio afectado por una parálisis cerebral. "No respondía a estímulos, nos dijeron que no veía, y solo se tranquilizaba estando conmigo", recuerda Irene de los difíciles primeros meses. Dejó su trabajo en una tienda para atender a su hijo. Con las prestaciones de paro y el sueldo de su marido, podían arreglárselas. Pero llegaron gastos inesperados. En Gandia el único centro de estimulación especializado en menores de tres años solo ofrece servicio de dos horas a la semana. El centro más cercano, con atención diaria, está en Valencia, y allí acudieron. El servicio estaba subvencionado, pero el gasto diario del desplazamiento, más de 500 euros al mes en carburante, lo sufraga el matrimonio. Irene había acudido a los servicios sociales de Gandia para pedir ayuda. A su hijo le habían valorado su minusvalía en un 47%. Esto les daba derecho a percibir una ayuda de 224 euros cada seis meses. Hace un año, con el anuncio de la entrada en vigor de la ley de Dependencia, el matrimonio inició los trámites para acogerse a una prestación que permitiera a Irene una ayuda económica para continuar cuidando a su hijo en casa.

Hasta ahora han recibido la visita de un valorador de la Generalitat. "Nos dijo que nos darían el máximo por nuestra situación". Pero el expediente está pendiente de resolución. Este mes Irene dejará de percibir el paro y no podrá "hacer frente a los gastos". "Para la construcción del circuito de Fórmula 1 hay dinero y se dan prisa, pero para casos como el nuestro, nada", lamenta el matrimonio. "Y el dinero que cotizo a la Seguridad Social, ¿adónde va?", pregunta el marido.

Mercedes Martínez solicitó en septiembre a la Generalitat una plaza en una residencia, pública o concertada, para su madre afectada por Alzheimer. En octubre recibió la contestación de la Consejería de Bienestar Social informándole de que había finalizado su expediente quedando a la espera de que se produjera una vacante en alguno de los dos centros demandados. Mercedes se dirigió a la residencia concertada y, para su sorpresa, había vacantes. "Me sentí engañada", recuerda. "Me dirigí a la asistenta social del Ayuntamiento de Gandia para que me dijera qué hacer. 'Ahí lo tienes, no hay partidas presupuestarias para sufragar los bonos-residencia', me respondió". A pesar de ello, y por necesidad, ingresó a su madre en uno de los centros. Los 1.500 euros que cuesta la estancia y atención los sufraga con la pensión de la madre y aportación propia. Aprobada la ley de Dependencia, Mercedes pidió acogerse a esta prestación. "Nos dijeron que teníamos que volver a empezar de cero". Otra vez los trámites y el papeleo. "Nos hemos quedado entrampados entre la ley de Dependencia y la Generalitat". "¿A qué esperan, a dilatar el tiempo y que mi madre fallezca?", pregunta. La mujer cuenta que su caso no es de los peores. "Ha habido familias que han tenido que sacar de las residencias a sus mayores porque no las podían pagar, o vender propiedades para sufragar el gasto porque las ayudas no llegan". "¿Qué nos queda, acudir a la vía judicial?", se pregunta Mercedes ante esta situación de desamparo, "no hay eficacia, ni voluntad, solo trabas y falta de sensibilidad para las personas que tenemos este problema", reprocha.

A fecha del pasado 5 de mayo, 374.000 personas en toda España habían solicitado acogerse a la ley de Dependencia. La Comunidad Valenciana registró 10.163 solicitudes, frente a otras autonomías, como la andaluza, con 133.105 peticiones tramitadas. De todos los casos registrados, la Generalitat ha valorado 7.036, y ha realizado 6.998 dictámenes: 6.415 para atenciones residenciales, 546 centros de día; 35 cuidadores familiares; una solicitud de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, y ningún caso de atención a domicilio.